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Desconcierto, enojo e incertidumbre. Esos fueron algunos de los sentimientos que se apoderaron de los habitantes de los barrios San Luis y vecinos, en el borde oriental de Bogotá (vía a la Calera), al recibir su recibo del impuesto predial. En algunos casos, advierten, el predial se les disparó hasta en un 1.800%: el impuesto por el que antes les cobraron alrededor de $64.000 ahora les llegó por valor de $1.275.000.
El hecho fue denunciado por la concejal Gloria Stella Díaz (Movimiento Mira), quien alertó que se trata de un aumento desmedido contra predios que ni siquiera está legalizados: “Lo más preocupante de este caso, es que la Secretaría de Hacienda los está castigando con la tarifa más alta del impuesto predial para la vigencia del presente año, pasándoles de una tarifa del 4 por mil en 2016, al 33 por mil, por no haber construido sus predios”.
Según reclamó la cabildante, a los propietarios se les está cobrando el impuesto como si fueran barrios legalizados; sin embargo, los predios afectados no tienen la disponibilidad legal de acueducto y alcantarillado. Lo justo –dice– sería que primero se agote el proceso de normalización y se garantice el acceso a una infraestructura de servicios públicos, para que las Curadurías puedan expedir las licencias de construcción para urbanizar sus predios. Cumplido ello, explica Díaz, ahí sí se podría efectuar el cobro del predial.
“Lo sorprendente es que, pese a existir un fallo del Consejo de Estado que ordena al Distrito a proceder de forma inmediata al trámite de normalización de las urbanizaciones –con el fin de garantizar que su población pueda acceder a una infraestructura de servicios públicos que garantice la salubridad pública– esta Administración ha sido más rápida para cobrarles el impuesto predial que para legalizarlos”, manifestó la concejal.
Conocidos los reclamos, la Secretaría de Hacienda Distrital –en cabeza de funcionarios de la Dirección de Impuestos y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital– se desplazó hasta el sector y atendieron a un grupo de 10 ciudadanos, quienes expresaron la queja a nombre de sus vecinos.
La Administración admitió que, con base en la información catastral, es necesario actualizar la clasificación del suelo, teniendo en cuenta que la zona se clasifica como rural, lo que influye en las tarifas con las que se liquida el impuesto.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la condición de informalidad de estos barrios facilita que se generen “desafortunados inconvenientes”, por lo que se comprometió a llevar los nuevos boletines catastrales el próximo 25 de marzo, “para que los contribuyentes puedan solicitar la generación de autodeclaraciones o facturas con la información adecuada, según sea el caso”.
El Distrito señaló que está comprometido con la legalización de estos barrios y con la corrección de los datos que están dando origen a estas incomodidades.
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