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En de Soacha revive la preocupación, por un tema que no es nuevo: el presunto reclutamiento de menores de edad, por grupos armados. La alerta se encendió de nuevo, a raíz de la reciente denuncia por la desaparición de dos menores, lo que obligó a la Defensoría del Pueblo a convocar el pasado viernes una reunión con las autoridades locales, para tomar cartas en el asunto y prevenir el “reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes”.
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Y al parecer, la entidad tiene identificado el principal foco de riesgo. Pidió actuar puntualmente en la comuna 4, donde “se han reportado presuntas acciones de grupos al margen de la ley en contra de los menores, incluyendo a los dos desaparecidos”, situación que, resalta, obedece al “surgimiento de estas organizaciones en Cundinamarca y Soacha”, que estaría llegando a los niños, pese a los esfuerzos de la Policía.
SI bien, ese mismo día se activó el mecanismo de búsqueda urgente para encontrar a un niño, de 12 años, que había desaparecido tres días antes, en el sector de Ciudad Verde, El Espectador confirmó que su familia se puso en contacto con él, después de la alerta de la Defensoría. No obstante, no ha sido posible el reencuentro y las autoridades adelantan operativos para devolverlo a casa e investigaciones para esclarecer qué hay detrás de este caso y lo que ocurre en el municipio.
Lío de años
Lamentablemente el conflicto que vive Colombia, como en otras tantas partes del mundo, no tiene edad. Miles de menores han engrosado las filas de los grupos armados al margen de la ley, las bandas criminales o los grupos de delincuencia, participando en guerras heredados, pero que, por condiciones socioculturales, situaciones de pobreza o marginación, terminan siendo el objetivo de reclutamiento de estas organizaciones.
Solo el año pasado, la Defensoría del Pueblo registró 184 casos de reclutamiento forzado de menores, en el territorio nacional. De estos, 110 fueron niños y 74 niñas, con edades que oscilaban entre los 9 y los 17 años, siendo el rango de edad, entre 14 y 17 años, el que concentró el mayor número de víctimas, con 123. En relación con la pertenencia, reveló que el 68,4% pertenecían a comunidades indígenas, siendo esta la población la más afectada por este flagelo.
En el caso particular de Soacha, en la última década, las alertas por reclutamiento de menores y presencia de grupos criminales han tenido varios capítulos. En 2011, la Defensoría emitió el Informe de Riesgo 004, en el cual advertía la amenaza que crecía sobre los niños del municipio, situación que no varió en los años posteriores, como lo confirma la nota de seguimiento que realizó la entidad cuatro años después.
En 2015, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) advirtió que “el riesgo para los habitantes de las comunas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Soacha persistía, en razón a la presencia e influencia de integrantes de grupos armados posdesmovilización de las Auc, “que amenazaban con expandirse a otras zonas, para ejercer control sobre la población y las actividades económicas, políticas y sociales”. En ese lapso, justo en 2013, se reportó la presencia de células de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que amplió el control territorial en la zona de riesgo, donde se manejan las economías ilegales asociadas el tráfico de estupefacientes.
La impronta de violencia ejercida por este grupo ilegal generó durante 2015 una serie de homicidios contra jóvenes y adolescentes, que se concentraron en sectores como las comunas Uno (en el sector de Compartir), Dos (centro) y Tres (Despensa). De acuerdo con el informe La Niñez Reclutada, del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, entre 2017 y 2020, el único municipio de la región, afectado por casos de reclutamiento forzado de menores fue Soacha.
2020 develó las múltiples caras del conflicto en Soacha
Según Idepaz, en ese año en Soacha se reportaron acciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, de los Rastrojos y de los Paisas, que se sumaron a otros que ya estaban identificados como Los Urabeños y Las Águilas Negras. Además, se reportaron incursiones de grupos armados que se formaron tras la desmovilización de las Farc como el Bloque Suroriental y del Frente 10 Martín Villa. A esto se sumó la presencia de miembros del Eln.
La presencia de tal cantidad de actores armados, así como las evidentes consecuencias sociales de su accionar criminal, derivó en un alza de los índices de reclutamiento forzado. Ese año, según la fundación Pares, “Diez jóvenes afros habrían sido reclutados ilegalmente en Altos de Cazucá y llevados a Medellín. Uno de ellos, al parecer, fue asesinado”, dijo la entidad en enero de 2020, tras la publicación de un informe que alertó la amenaza en el municipio.
“‘Los ‘Paisas’ serían los responsables del reclutamiento de los jóvenes. A pesar del amplio catálogo de bandas, según los habitantes y líderes de la zona, hay una de ellas que tiene hasta el momento el control de Soacha, particularmente en la comuna cuatro Altos de Cazucá (30 barrios) y Ciudadela Sucre (9 barrios). Se trata ‘Los Paisas’, organización que surgió de los desmovilizado de las Auc, vinculados a la Oficina de Envigado”, señala el informe.
¿Cómo funciona el reclutamiento?
“El fenómeno en Soacha existe hace décadas, como en otras zonas del país, y empieza a llamar la atención a partir de 2008, con el escenario nefasto de la desaparición de 19 jóvenes, que resultaron siendo asesinados en ejecuciones extrajudiciales, también llamadas falsos positivos. A partir de ahí se evidenció que ese hecho no era un caso aislado ni una casualidad”, señaló, en diálogo con El Espectador, Juana Cabezas, investigadora de Indepaz.
Las condiciones socioculturales de ciertas zonas periféricas del municipio, alejadas del centro urbano y en donde las condiciones de vulnerabilidad, pobreza, desescolarización y delincuencia son altas, forman un caldo de cultivo preciso para que los grupos armados propicien reclutamiento. Entonces, ¿cómo se da el proceso de reclutamiento?
“Estos grupos ilegales, que suelen ser tercerizados por organizaciones armadas más grandes, llegan a estas zonas motivados por las condiciones de vulnerabilidad de sus habitantes (muchos de ellos desplazados de la violencia) y por la ubicación del municipio en relación con las rutas de la droga, clave para el tráfico hacia Bogotá y regiones del Meta, por ejemplo”, señala Cabezas.
Una vez identifican estas condiciones, empiezan a seducir a los menores con “trabajos” que, en apariencia, nada tienen que ver con actividades ilegales, como llevar plata, razones y paquetes sellados o servir de campaneros, para cuando llegue la ley. Con esos encargos “sencillos” los reclutadores empiezan a pagarles a los menores, para generar confianza y cercanía. Indepaz señala que actualmente, en varias zonas del país, estas cifras pueden oscilar entre un salario mínimo y $3 millones mensuales.
En ese proceso inicial de encargos a menores, los reclutadores empiezan a reconocer sus aptitudes y, según el perfil que busquen, los van encasillando. Por otro lado, varios de estos grupos buscan generar el desarraigo de los menores con sus familias y amigos, para generar una situación de dependencia con el grupo al que se pertenece y una dificultad mayor para salirse de las filas.
La desescolarización es una arista clave. Si bien Soacha tiene oferta para cubrir la demanda de alumnos, las situaciones intrafamiliares frenan el acceso a la educación. “Hemos reseñado casos en los que los jóvenes dejan el colegio por la recomendación de un excompañero, que se salió para integrar algún grupo criminal. Entonces, ese joven, que ya tiene poder adquisitivo debido a sus actividades con grupos ilícitos, seduce e invita a sus pares para que se adhieran a estos grupos, con la promesa de un mejor estilo de vida, un estatus social e, incluso, poder ayudar a sus familias”, señala la investigadora.
Reclutamiento por redes
Redes como TikTok, Instagram o Facebook, y aplicaciones de mensajería como Telegram o WhastApp las usan los miembros de grupos criminales para llamar la atención de los menores, mediante elaboradas estrategias de engaño, que derivan reclutamientos. En las redes generan contenido para atraer a los menores, generalmente con un gancho musical o de carácter sexual que llame su atención.
“Apelan al contenido sexualizado de mujeres que, por su aspecto físico, llamen la atención de los adolescentes, por ejemplo. También contextos relacionados con joyas, lujos, dinero y extravagancias, que están presentes en el contenido cultural que los jóvenes consumen. El gancho de estos videos, muchas veces, es una canción de moda o un artista de géneros como el reguetón o algunos tipos de corridos, que apelan a este tipo de contextos emocionales, para mostrar un estatus al que muchos jóvenes, entre los 12 y los 17 años, quieren acceder”, señala Indepaz.
Usuario gancho
Una vez se publican estos videos y tiene ciertos niveles de visualizaciones e interacciones, se empiezan a publicar una serie de comentarios, por un ‘usuario gancho”, que principalmente apelan a la obtención de poder y cierto estatus sin los avatares de la vida al margen de la delincuencia.
“Recuerdo mucho el mensaje de un usuario gancho, en un grupo de TikTok, que decía ‘Yo para qué estudio si un profesor no puede tener una camioneta. Yo mejor me dedico a llevar recados de un lado a otro y me va a mejor’. Entonces, ese mensaje recibe respuestas de menores seducidos por ese estilo de vida de viajes, fiesta y excentricidades y una vez se realiza esa conexión, se genera un contacto directo a través de Telegram o WhatsApp”.
Una vez se logra la comunicación por mensajería instantánea, se ofrecen trabajos altamente remunerados, en zonas alejadas de la ciudad, y es ahí cuando los reclutadores, a quienes se les paga por cada menor que logren adherir al grupo criminal, les dicen a los adolescentes que los llevarán a ciertas zonas rurales para realizar ciertas labores. Una vez allí empiezan su trasegar en los grupos delincuenciales”, señala Cabezas.
¿Cómo enfrentar este flagelo?
La alerta de la Defensoría por reclutamiento de menores en Soacha, que originó la reunión de la semana pasada, señala la urgencia de reforzar las medidas para que esta situación no siga escalando. Desde 2011, la Defensoría viene notificando el riesgo, a través de informes del Sistema de Alertas Tempranas la situación, que se han actualizado al menos en siete ocasiones, cada una advirtiendo los escenarios de peligro. Por ello, en el 2018 el Gobierno Nacional anunció la creación de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA).
Las mesas de Paz son otra de las estrategias para reducir esta problemática. Estos espacios, liderados por el Gobierno Nacional, buscan darle voz a las comunidades y a las víctimas, para que, en este caso, si conocen algún tipo de reclutamiento lo puedan denunciar ante la mesa y, a partir de ese aviso, generar una ruta de atención o una acción humanitaria encaminada en la protección de la población afectada.
¿Qué hacer si conozco el caso de un menor reclutado?
El Ministerio de Justicia recomienda:
1. El que conozca que un menor de edad ha sido vinculado, de manera voluntaria o forzada, a un grupo armado, debe denunciarlo ante la Fiscalía General de la Nación, por tratarse de un delito de reclutamiento ilícito.
2. Al denunciar, se debe informar la mayor cantidad de datos posibles que permitan definir la identidad de la víctima, del presunto responsable, así como identificar el grupo armado al cual fue vinculado el menor. Es importante también que se fije la fecha y el lugar en el cual ocurrieron los hechos.
De todas maneras, el no saber con precisión alguno de estos datos, no impide presentar la denuncia, que puede ser de forma escrita u oral. (Puede conocer los sitios de recepción de denuncias de la Fiscalía General de la Nación haciendo clic aquí. o puede denunciar de manera virtual hacer clic aquí).
3. La Fiscalía General de la Nación adelantará la investigación para verificar la ocurrencia de los hechos y la identidad del responsable. Después de esto, se presentará el caso ante un juez para que se condene al responsable y se repare a la víctima.
Para ello, puede acudir a la Fiscalía, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería Municipal, la Policía Nacional o a la Procuraduría. En suma, es deber de todos, como país y sociedad, evitar que los menores sigan portando uniformes y armas para combatir en una guerra heredada, que no les pertenece y que además se aleja de sus lucas, que lleva más de 60 años generando tragedias diarias en un país acostumbrado a la violencia y a la obtención de dinero fácil a través del crimen.
Entre tanto, las condiciones de vulnerabilidad, pobreza, desplazamiento y desarraigo que buscan los grupos armados en las zonas de periferia donde reclutan, siguen dadas. Mientras ese componente sociocultural siga siendo una constante y el desempleo, la deserción escolar y la segregación sean parte de la cotidianidad de estos sectores olvidados por la institucionalidad, la oferta que reemplaza la responsabilidad del Estado seguirá siendo la del crimen.
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