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Este jueves, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y parte de su gabinete, emprendió un viaje por la región del Sumapaz. Su plan, fuera de hacer seguimiento al tema de seguridad, será llevar la presencia institucional a una zona en la que campesinas, líderes comunitarios y otros habitantes se levantan a diario con zozobra, por las recientes amenazas sobre la supuesta refundación del frente 53 de las FARC.
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En el camino, la alcaldesa se encontrará con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y el del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. De acuerdo con lo pactado en último consejo de seguridad, del pasado 24 de abril, serán tres días recorriendo el Sumapaz, pasando por municipios como Pandi, Venecia y Cabrera, en Cundinamarca, hasta llega a la región del Duda, en el Meta. En medio de la travesía, se hará este viernes otro consejo de seguridad, para tomar nuevas decisiones.
La Gobernación de Cundinamarca afirmó que desde hoy y durante tres meses llevarán a cabo recorridos desde el Batallón de Alta Montaña hasta el Duda. Cabe recalcar que, entre las acciones que prometieron las autoridades, se pactó que la V Brigada del Ejército definiría la instalación de puestos de control en el corredor.
También se le pidió a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tomar posesión de las tierras recibidas después de firma del Acuerdo de Paz, para ponerle fin a las disputas por estos terrenos. Alertas de la Defensoría del Pueblo señalan que hay un conflicto interno por el “uso de las fincas que eran de las Farc, lo que genera tensiones, amenazas y tendría que ver con los tres últimos homicidios en Sumapaz”.
¿Qué se ha hecho?
Por ahora, se conoce la instalación de cuatro puestos de control “desplegados en la localidad, con todas las capacidades que tiene el Batallón de Alta Montaña, para poder contener cualquier intención, ya sea de los grupos armados organizados o de la delincuencia común”, explicó el general Rodolfo Morales, de la XIII Brigada del Ejército Nacional. Uno de estos puestos, se ubicó con la intención de bloquear y vigilar las vías que conectan al Huila y Meta, por el ingreso hacia las veredas Lagunitas y La Unión, en la salida a Bogotá.
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Claudia López y los gobernadores le hicieron el llamado a la Fiscalía para acelerar las investigaciones por las amenazas y homicidios en la región. Siendo el asesinato del líder campesino Carlos Julio Tautiva, el pasado 11 de abril en la vereda Lagunilla, el reciente hecho más violento en la zona.
“Han pasado dos años desde que asesinaron a dos firmantes del Acuerdo de Paz en Sumapaz y no sabemos los responsables”, dijo la alcaldesa. Frente a esto, se anunció también que asignaron a 16 uniformados para llevar a cabo funciones de policía judicial, y así apoyar a la Fiscalía para dar con los responsables de estos hechos violentos.
Por su parte, el Ejército Nacional activó el pasado 29 de abril el plan Ezequiel en Cundinamarca y Sumapaz, que cuenta con 12.000 uniformados a lo largo de la vía al Llano y otros puntos. “El plan tiene como característica la coordinación en zonas limítrofes entre departamentos, aunar esfuerzos con dispositivo robusto, de tal forma de que existiesen pretensiones de expansión, estamos ahí para proteger el interior del país”, informó el general David Gómez, comandante de la V división del Ejército.
Dentro de este plan, también se implementaron dos pelotones integrados por 200 militares, quienes están ubicados en otros corredores viales de Sumapaz, quienes planean evitar el ingreso de armas, explosivos y delincuentes.
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¿Qué espera la comunidad?
Para Yudi Paola Villalba, presidenta del Consejo local de mujeres de la localidad de Sumapaz, es importante que en las apuestas de las autoridades incluyan la presencia de la Policía en el territorio y que se pueda conocer la ubicación de los uniformados, teniendo en cuenta lo complejo que puede llegar a ser el desplazamiento entre veredas.
“Acá no hay Policía, ni siquiera en la época de conflicto hubo. La presencia institucional debe aumentar. La fuerza pública a veces solo permanece en los centros poblados y se pone en riesgo la población civil”, señaló Villalba.
Recalca que es relevante que las decisiones de los consejos de seguridad y en otros encuentros sean consensuadas con las comunidades campesinas, porque ya hemos “denunciado las tomas que hace el Ejército y las requisas exhaustivas al campesinado. Todo nos preocupa bastante, además de las declaraciones de alcaldesa que dice que este es corredor del narcotráfico, pero esto nunca ha sido así”.
Yudi hace la invitación para que en todas las acciones tengan en cuenta a la gente del territorio, ya que “nos preocupa las consecuencias. Uno dice, sí se está haciendo el control, pero lo que vemos es una zona militarizada, personas que entran con armas y solicitan cédulas, registros y antecedentes, algo que le corresponde a la Policía”.
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Y es que esta solicitud de datos al campesinado e incluso la toma de fotografías también angustia. “El Ejército viene y en un cuaderno toman nota de los nombres y otros datos, pero uno no sabe esa información para dónde va. Eso está prohibido y han venido desarrollando esas actividades con la justificación de que están ejerciendo el control cuando ellos ya conocen a los habitantes de las veredas Santo Domingo y San Juan”.
Incluso, Villalba recuerda que en la época del conflicto, los uniformados también pedían esa información, y según cuenta, era entregada a las FARC. “En su momento tuvimos épocas de falsos positivos campesinos. Entonces es importante conocer hasta dónde van las competencias de cada institución y que las acciones no revictimicen al campesinado”, agregó.
Aunque reconoce que el acompañamiento de las entidades distritales le hace bien al territorio mientras hacen presencia, los temores de las mujeres y las familias regresan después de las 6:00 p.m. cuando las autoridades se van.
“Teníamos claro que ya habíamos pasado ese capítulo de horror del conflicto y cuando ya uno empieza a darse cuenta de que podemos devolvernos a ese capítulo de guerra, nos da temor, ojalá las acciones se pudieran dar de manera concertada”, puntualizó Yudi.
Por su parte, Danilo Silva, personero local de Sumapaz, cree que este tipo de recorridos y la presencia institucional son acciones positivas para la localidad, no solo por el asesinato de Carlos Julio, sino por el desplazamiento de una familia en noviembre en el corregimiento de Nazaret.
Sin embargo, recalca que estas acciones deben ir acompañadas de voluntad política, sobre todo en temas de “inversión social, como, por ejemplo, crear empleo, mejorar las vías y la conectividad, invertir en salud y educación, todas esas cosas hacen que nuestro territorio no se revictimice y que nuestra población realmente se sienta de Bogotá”.
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También señala que la Policía sería bastante oportuna, entre otras cosas, para la atención de riñas, de comercios que venden licor y para atender accidentes de tránsito, entre otros. Además, “que haya un canal directo con la Policía y que no solo la tengan las entidades, sino que también desde la comunidad se pueda hacer una llamada fácil y avisar de alguna situación que requiera atención”.
Asimismo, el personero hace el llamado a que en estos encuentros también haga presencia la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, y así que “cada entidad desde sus competencias determine qué puede hacer en esta época en la que los habitantes de Sumapaz están padeciendo de miedo, darles esa confianza a los habitantes en las instituciones”.
Y en lo que sí coincide completamente con Yudi y los demás ciudadanos de esa región es que ojalá estas acciones, recorridos y consejos de seguridad no se echen al olvido, “y lleguen con propuestas a favor de Sumapaz, una localidad en la que sus habitantes están envejeciendo y la gente joven se está yendo”, concluyó Silva.
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Por Sara Caicedo
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