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Roberto Angulo, secretario de Integración Social de Bogotá, es fiel creyente de que esta es la mejor ciudad para diseñar e implementar políticas de reducción de la pobreza que estén conectadas con el sector privado, la tecnología y el conocimiento.
Y aunque la capital siempre ha tenido retos importantes, la pandemia evidenció que la pobreza sigue siendo uno de los más urgentes: 2,2 millones de personas en la ciudad son pobres, es como si Cali entera fuera pobre y viviera dentro de Bogotá, y esto para Angulo es sin duda el reto más grande por superar. En entrevista con El Espectador contó cómo lo harán.
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¿Cuál es el panorama de la pobreza en Bogotá?
La medida de la pobreza monetaria en Bogotá es de 28,1 % y la pobreza extrema —es decir, la población que no puede consumir el costo mínimo de una canasta alimentaria— es de 8 %. Estas cifras son bien grandes para tratarse de una gran ciudad. Estamos diciendo que el 30 % de Bogotá es pobre monetario.
El efecto que han tenido las transferencias monetarias tanto de la Nación como del Distrito en Bogotá es de 2,2 puntos porcentuales; es decir, si nosotros las quitamos la pobreza se subiría 2,2 puntos porcentuales y esto se logró con las transferencias del Gobierno Nacional de Renta Ciudadana y Renta Joven, y con las transferencias de Ingreso Mínimo Garantizado.
¿Y cuál es la apuesta para reducir la pobreza?
Lo primero es que el contexto macroeconómico no es el mejor en lo que tiene que ver con la pobreza, tanto a nivel nacional como en Bogotá. La inflación, aunque ha cedido, sigue siendo alta. Las expectativas de crecimiento tanto nacional como de Bogotá no son buenas. A duras penas están entre el 1 y el 1,8 %. Eso implica que nosotros debemos tener una estrategia que los economistas llamamos contracíclica; es decir, tenemos todos los elementos macroeconómicos para que la pobreza aumente, por lo que tenemos que mitigar y contener ese aumento.
¿Aquí entraría Ingreso Mínimo Garantizado?
Sí. Nosotros no podemos dejar de robustecer el Ingreso Mínimo Garantizado, como mínimo deberíamos conservar el impacto de 2,2 puntos porcentuales y eso implica inyectarle más; por eso, desde el primer pago ajustamos montos en hogares más pobres.
Incluso, me atrevo a decir que en el marco del plan de desarrollo tenemos que pedir más recursos, ya que vamos a robustecer el programa y no solamente en el monto por la inflación, sino para que tenga el componente gasto en ciudad.
¿De qué trata ese gasto en ciudad?
En Bogotá, en promedio, un hogar gasta $6 de cada $10 en vivienda, transporte y servicios públicos domiciliarios. Las tres cosas dependen de políticas públicas urbanas. Y queremos apostarle a tener ese componente que trataría de descuentos tarifarios en el transporte, por ejemplo, una transferencia de Transmilenio para población pobre y vulnerable desde el Ingreso Mínimo Garantizado.
¿Qué atención habrá para la población vulnerable?
A mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. Hay una agenda de reducción de pobreza y es muy importante. Pero la reducción de la pobreza implica que la salida a ella sea sostenible. Este grupo vulnerable es el grupo no pobre, que tiene un riesgo de devolverse otra vez a la pobreza. Entonces, para que esa salida sea sostenible, tenemos que trabajar con la población vulnerable.
Y una de las banderas de este Gobierno, de las que vale la pena hablar, es la de una Bogotá sin hambre, algo que tenemos más o menos controlado a través de nuestros servicios para la población pobre extrema y pobre, y ahora tenemos el Ingreso Mínimo Garantizado, canastas, bonos y todo lo que hagamos en esta plataforma.
¿Alguna apuesta para los jóvenes?
Vamos a conectar transferencias monetarias con una oferta de formación y el enganche laboral en una estrategia que nos va a integrar con las secretarías de Desarrollo Económico y Educación.
La población de jóvenes en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad en Bogotá todavía es muy grande; son jóvenes que no estudian ni trabajan.
En el Gobierno pasado se creó el programa Parceros, pero no fue ni es sostenible. Entonces implementaremos en el plan de desarrollo una apuesta masiva. Y esto significa ampliar a 100.000 cupos ese programa. También necesitamos articulación con el programa de Renta Joven del DPS del Gobierno Nacional.
¿Qué va a pasar con los jardines?
Tenemos 363 jardines, parte de esas ofertas tiene una intersección con el ICBF y con la Secretaría de Educación. Lo primero es que los jardines deberían ser compatibles con nuestros servicios de la Secretaría de Integración Social. Por ejemplo, la seguridad alimentaria del hogar, iremos a los jardines a revisar si todos los beneficiarios tienen un hogar con Ingreso Mínimo Garantizado.
El segundo gran reto es integrarnos con ICBF y con la Secretaría de Educación, y revisar la ubicación de estos jardines y analizar dónde deberían estar para que todos estén llenos o si les va mejor cerca de las casas de los niños o del lugar de trabajo de los padres.
¿Hay planes para los habitantes de calle?
El último censo que hay de habitantes de calles, antes de la pandemia, refleja que son 9.500. Pero si miramos los que atendimos en el 2023, son 10.240 y en los últimos cuatro años fueron 20.000 las personas atendidas, estamos encima de las últimas cifras del censo.
Y todas estas cifras nos llevan a enfocarnos en el peldaño anterior a ser habitante de calle, que es donde planeamos contener el crecimiento de esta población y se encuentra en los pagadiarios, primero llegan allí y de ahí empiezan a frecuentar la calle y a vivir en ella. En esos pagadiarios es donde vamos a abrir nuestra oferta de servicios, desde Ingreso Mínimo Garantizado hasta de seguridad alimentaria.
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Por Sara Caicedo
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