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Todo cambio en los impuestos impacta a los ciudadanos, y más si es para aumentar el recaudo. La pregunta es ¿quiénes se beneficiarán y quiénes asumirán la carga? Mientras hay expectativa por la reforma tributaria del Gobierno Nacional, en Bogotá avanza una discusión propia alrededor del proyecto para transformar la estructura tributaria local, que impulsa la Alcaldía y que ya está en manos del Concejo.
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Si bien, dice la administración, este es un “acuerdo para la equidad, la inversión y la seguridad”, donde los estratos bajos pagarán menos y el objetivo es mejorar la competitividad de la ciudad, para la oposición y gremios es una “reforma tributaria disfrazada”. La temperatura del debate aumenta al conocer los montos y a quiénes tocará.
En esencia, la Alcaldía busca reestructurar el cobro de impuestos como el predial y el de Industria y Comercio (ICA) para aumentar el recaudo. Ademas, crear un tributo de alumbrado público, con lo que este servicio dejará de ser un gasto para la ciudad y lo asumirán los ciudadanos, liberando recursos para otros proyectos. Con los ajustes, se aspira a recaudar $1,3 billones adicionales al año, y a mediano plazo (2026-2036) casi $14,6 billones.
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Sin embargo, toca descontar lo que se dejará de recibir por impuesto de publicidad exterior (que se eliminará) y los costos de los incentivos que se ofrecería a nuevos inversionistas que lleguen a la capital. Al final, será un recaudo adicional de casi $980.000 millones al año, que saldrán del bolsillo de comerciantes, industriales, dueños de inmuebles costosos y parte de la clase media.
Lo clave de la propuesta
Con grandes obras y proyectos en marcha, es evidente que la ciudad necesidad recursos. Y para obtenerlos, estructuraron esta reforma que, asegura la Secretaría de Hacienda, se basa en tres principios: atraer inversión, equidad tributaria y fortalecer la autonomía financiera de Bogotá. Tal vez la meta más ambiciosa es la de atraer nuevas inversiones por $77 billones en los próximos 10 años y generar 200.000 nuevos empleos.
El plan es ofrecer incentivos como la exención del pago del ICA, hasta por 10 años, a compañías nuevas relacionadas con 92 actividades estratégicas, que inviertan más de $4.300 millones en la ciudad (a mayor inversión, mayor exención). Además, exenciones en el pago del impuesto predial, hasta por 10 años, para construcción en áreas de renovación urbana. Se estima que estos beneficios le costarán a la ciudad $138.000 millones al año.
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Para tener cómo costearlos y, de paso, aumentar el recaudo, es que se propone el ajuste a la estructura tributaria. De entrada, buscan crear el impuesto de alumbrado público; una reorganización en la estructura del cobro del impuesto predial (disminuyéndolo a estratos bajos y cobrando más a inmuebles costosos), y la que representará el mayor ingreso: reestructurar el cobro del impuesto a Industria y Comercio -ICA-, que pasará de 13 tarifas a cuatro: 4, 7, 11 y 21 por mil. Vale recordar que la meta es recaudar al año casi $1 billón adicional en impuestos, pero ¿quiénes asumirán estos cambios?
En el caso del impuesto de alumbrado, serán los hogares de estratos 4, 5 y 6, así como el sector comercial e industrial, los que asumirán el recargo, que oscila entre el 7% y el 10% de la factura de energía, y que se cobrará a través de ésta. Con esto, la ciudad aspira a recaudar casi $375.000 millones al año, que serán para “modernizar el alumbrado, aumentando la seguridad y la actividad económica nocturna”, explica el Distrito. A ellos se sumarán los dueños de inmuebles con avalúos por encima de los $2.900 millones, a quienes se les incrementará el predial. Esto representaría un recaudo adicional para la ciudad de $123.600 millones al año. Los que sentirán la mayor carga serán los predios comerciales ($108.000 millones al año).
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Finalmente, está una parte del tejido empresarial de la ciudad, que enfrentará un aumento en el impuesto ICA por cuenta de la simplificación del esquema tarifario. Hoy hay una escala con 13 rubros diferentes, que depende de la actividad económica. La propuesta es aguparlos en cuatro tarifas: dos preferenciales de $4 y $7 por $1.000 de sus ingresos, para sectores especiales; una tarifa general de $11 por $1.000 para el comercio en general, y, por último, una de $21 por $1.000, para el sector financiero, bebidas alcohólicas y tabaco. La medida llevará a negocios fuera del régimen especial a pagar más, como la venta de vehículos (que paga $6,9 por $1.000) y las peluquerías ($9,6 por $1.000) pasarán a pagar $11 por $1.000. Pero, sin duda, los más afectados serán los bares, discotecas y todo negocio que venda licor y tabacjo , que pasará a pagar $21 por $1.000. Con esta modificación, el Distrito aspira a recaudar $624.600 millones adicionales al año. Se estima que el 38,8 % de los contribuyentes del ICA experimentarán un aumento en su tarifa.
Pero esta realidad tiene dos caras y en la otra están los beneficiados: los estratos 1, 2 y 3, quienes no pagarán impuesto al alumbrado, y cerca del 55% de los hogares tendrán reducción en el impuesto predial. Además, el 68% de las empresas (93% micro y pequeñas) que tendrán una reducción en el ICA. Con esto, dice el Distrito, se cumple la premisa de ser una reforma equitativa, en la que pagan más los que más tienen, aportando al progreso de la ciudad.
Los pros y contras
La Secretaría de Hacienda ha defendido el proyecto por ser un paso necesario para el progreso de Bogotá, al tener nuevas fuentes de ingresos para financiar infraestructura y protección social. Sin embargo, para los detractores, acá no hay tanta equidad; en especial para concejales como Julián Espinosa y Daniel Briceño, quienes consideran la reforma un golpe a la clase media, que cargará con el mayor peso del impuesto de alumbrado; un impacto negativo para pequeños negocios y el sector nocturno a través del ICA, y desequilibrada, por ofrecer incentivos a la inversión en zona atractivas, en vez de hacerlo en zonas más necesitadas de desarrollo y empleo, como el sur y occidente de la ciudad.
Ante las críticas, la administración reitera que el proyecto protege a la población con menores ingresos y a las micro y pequeñas empresas, por lo que no es posible afirmar que se golpea a la clase media. “De hecho, restaurantes, bares, cafeterías, ferreterías, tiendas de textiles, prendas de vestir, servicios de salud, profesionales en contabilidad y derecho, entre muchas otras, gozarán de menores tarifas”, indicó Ana María Cadena, secretaria de Hacienda. Frente a la polémica por el impuesto de alumbrado, Cadena lo califica como fundamental. “Una ciudad mejor iluminada es una ciudad más segura y productiva”. El plan, agrega, es desarrollar un alumbrado inteligente, que permita integrar cámaras de videovigilancia, herramientas de control eficiente del tráfico y sensores ambientales.
En cuanto a los incentivos, destaca que el proyecto apunta a inversiones en 92 sectores de la economía que promueven innovación, y que los incentivos generales se complementan con unos puntuales para inversiones en Engativá y Fontibón, alrededor del aeropuerto, por su capacidad de generar crecimiento, innovación y oportunidades de empleo. “Ninguna otra actuación contiene un activo estratégico como El Dorado”.
Concluye destacando los beneficios para el desarrollo de proyectos de vivienda en áreas de renovación urbana en la ciudad; para proyectos de arrendamiento especializado, y para el reúso de edificaciones en el centro histórico y Teusaquillo, “todo con criterios de sostenibilidad ambiental. Con esto Bogotá quiere unirse a otras ciudades que, vía incentivos tributarios, buscan atraer inversiones estratégicas a su territorio. Nunca antes Bogotá había dado un mensaje tan claro y contundente: la inversión es bienvenida a nuestra ciudad”.
En medio del cruce de opiniones, vale resaltar, se vienen escuchado propuestas para equilibrar el proyecto, como flexibilizar el pago del predial para permitir de manera general su pago por cuotas (ya existe, con trámite previo); reevaluar las tarifas del impuesto del alumbrado y del ICA para la clase media, así como los pequeños negocios y el sector nocturno. Esto sumado a otras iniciativas como la de redireccionar los incentivos a sectores de la ciudad con mayores necesidades; fortalecer la lucha contra la evasión, priorizando la gestión de cobro a deudores con mayor capacidad de pago, y potencia la captura de plusvalía, reformando el mecanismo con criterios más claros y ágiles, para que sea una fuente de ingresos adicional aplicada con justicia.
Todos estos ingredientes se mezclarán en el debate técnico y político en el Concejo, cuyo resultado tendrá implicaciones directas en las arcas de la ciudad, su capacidad para financiar proyectos clave y la confianza del sector privado. Eso sí, el camino no será sencillo. Aunque el alcalde Carlos Fernando Galán cuenta con una mayoría favorable, la oposición dará la pelea en puntos polémicos como el impuesto de alumbrado o las tarifas del ICA, lo que dará paso a una compleja negociación política. No obstante, el desafío final será encontrar un punto medio donde Bogotá pueda avanzar en inversión y equidad, sin que el peso recaiga desproporcionadamente en los hombros de la clase media y los pequeños emprendedores.
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Por Alexánder Marín Correa
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