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Uno de los asesinos de Jean Claude Bossard, atacado a disparos durante un atraco en el norte de Bogotá, no solo era un delincuente reincidente, sino que en octubre había quedado bajo libertad vigilada por un caso de hurto. Pese a la medida, el menor de 16 años continuó delinquiendo y esta vez, mientras intentaba realizar un nuevo atraco, asesinó a una persona. El dato, sin duda, incrementa la alta sensación de inseguridad que viven los bogotanos (62%, según la última encuesta de Bogotá Cómo Vamos), y de paso la desconfianza en las instituciones y la justicia.
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Las cifras tienen, en parte, explicación en el aumento de homicidios. Para el 11 de noviembre se contabilizaban 1.012 casos, una tendencia similar a la de 2024, año que cerró con 1.204 asesinatos, una de las cifras más alta en ocho años. Y las refuerzan hechos como el homicidio de Bossard, de 29 años, en medio de un atraco, en la localidad de Usaquén, ya que el beneficio que le otorgaron al menor involucrado tiene a muchos diciendo que la justicia no actúa o que llega tarde.
Casos similares, abundan. Pero remitámonos a la actualidad. Esta semana se conoció el caso de un hombre, de 44 años, capturado minutos después de robar varios celulares avaluados en más de COP 10 millones, en el barrio San Felipe, en la localidad de Barrios Unidos. El caso, que parecía ser uno más entre las decenas de hurtos que se atienden a diario en Bogotá, tomó relevancia por un detalle no menor: el capturado tenía, al menos, 19 anotaciones judiciales por hurto y homicidio. Pese a su reincidencia, la autoridad judicial decidió dejarlo libre mientras se surte el respectivo proceso.
Por otro lado, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló en noviembre el nivel de impunidad en los delitos relacionados con la compra y venta de vehículos y autopartes hurtadas. “Tenemos una preocupación y es que hay una problemática que lleva a que estos hechos se repitan. Estamos logrando reducir el hurto de vehículos, pero 7 de cada 10 capturados queden libres”, advirtió el alcalde durante una jornada de entrega de vehículos recuperados por las autoridades.
Siete de cada 10 capturados quedan libres en menos de 15 días
Cifras del Inpec, que dan cuenta de la reincidencia carcelaria en Colombia, compiladas por la Corporación Excelencia en la Justicia, señalan el aumento progresivo que han tenido los índices desde 2016. En ese año, se condenaron 114.417 personas, 18.750 fueron reincidentes, es decir, un 16%. En 2020, se condenaron 114.720 personas, y los reincidentes fueron 22.781, es decir, un 19,9%. En 2024 se condenaron 109.764 personas, y la cifra de reincidentes se tasó en 24.858, es decir, un 22,6%.
A esta radiografía se suma el análisis de Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central y exsubsecretario de Seguridad del Bogotá, quien insiste en que la crisis responde a un problema de tipo estructural. Según él, el principal “talón de Aquiles” de la seguridad ciudadana sigue siendo la justicia. “Es una vergüenza que, de cada 10 colombianos capturados, siete queden en libertad en menos de 15 días. De nada sirve que la Policía intensifique sus operativos, capture en flagrancia o reúna las pruebas si eso pasa”, afirma.
Nieto conecta esta dinámica con un fenómeno aún más preocupante: la erosión de la confianza ciudadana en el sistema judicial. No son solo las encuestas más recientes las que muestran este deterioro. Estudios académicos y mediciones privadas, como las realizadas por la Universidad Libre y la Universidad Central, coinciden en que siete de cada 10 personas no confían en la justicia. Y de esas, tres admiten estar dispuestas a armarse para defenderse de un actor criminal o delincuencial. “Un terreno que termina por masificar la idea de la justicia por mano propia, que no debería darse si el sistema de justicia de un país decente funcionara”, señala.
Pero esa es, precisamente, la segunda alerta del investigador: la debilidad de la justicia colombiana. “No es que jueces o fiscales quieran dejar libres a los delincuentes; es que no cuentan con las herramientas ni con un sistema penitenciario robusto para imponer medidas de aseguramiento”, explica.
La sobrecarga laboral es otra pieza de este rompecabezas. Colombia enfrenta una de las cargas más altas de Suramérica: tareas que en Argentina o Chile ejecutan entre 30 y 40 jueces o fiscales, aquí recaen en apenas cinco. Y aun cuando se logra consolidar un acervo probatorio suficiente para ordenar una medida privativa de la libertad, emerge otro muro: la crisis penitenciaria y carcelaria, advertida desde 1994 y hoy convertida en un terreno fértil para las economías criminales.
Nieto no duda en llamarlas “universidades del crimen”: lugares donde incluso un menor infractor sale más involucrado en redes delincuenciales que cuando entró, y donde se han consolidado verdaderos “call centers” de extorsión y amenazas.
El exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, coincide en que la reincidencia y la liberación temprana de capturados responden a varias fallas del sistema. Para él, hay dos problemas centrales. El primero: algunos jueces, “no todos”, aclara, no aplican las normas de seguridad con el rigor que corresponde, pese a que existen herramientas legales que podrían usarse mejor. Señala, además, la ligereza del manejo jurídico. “En algunos casos no se presentan pruebas suficientes, no solo en cantidad sino en calidad. Y así los jueces no tienen elementos para privar de la libertad a los delincuentes”, explica.
A esto se suma la existencia de delitos excarcelables por su baja pena y por diversas excepciones legales. “Ahí se necesitan modificaciones normativas importantes y un trabajo más coordinado con el Consejo Superior de la Judicatura”, sostiene.
El panorama se agrava con el hacinamiento carcelario. Acero expresa preocupación por la falta de avances en la nueva cárcel distrital proyectada en los predios de La Picota. “El Ministerio de Justicia entregó el predio al Distrito, pero no se han contratado ni los diseños. Una cárcel de más de 2.000 cupos permitiría descongestionar estaciones de Policía y liberar a los uniformados que hoy custodian detenidos en vez de patrullar”, señala.
Otro punto crítico es el fracaso en los controles a quienes tienen detención domiciliaria, como el adolescente involucrado en el homicidio de Bossard. “Eso no está funcionando. Hay corrupción y fallas del INPEC para vigilar estas medidas. El brazalete debería ser controlado por una entidad distinta, independiente”, propone. Y advierte que hay casos reiterados de delincuentes capturados cometiendo delitos mientras portaban el dispositivo electrónico.
Acero también señala un problema político que, a su juicio, profundiza la crisis: la falta de articulación entre el Gobierno Nacional y los alcaldes. “El presidente no coordina con los alcaldes de Bogotá, Barranquilla, Cali o Medellín porque son de oposición. Pero su obligación es garantizar la seguridad en todo el país, sin importar el partido”, dice. Para él, esta ruptura institucional termina beneficiando únicamente a los criminales.
Impactos en la vida diaria: desconfianza, subregistro y un clima “al garete”
Los efectos se sienten en la calle: ciudadanos más temerosos y cada vez más armados, mayor desconfianza frente a la Policía y la justicia y aumento de la justicia por mano propia. A esto se suma la caída en las denuncias: “La gente no denuncia porque siente que no va a pasar nada. Y tiene toda la razón. Lo que pasa es indefendible”, afirma Acero.
Al indagársele por lo que viene, el exsecretario se muestra escéptico frente a una mejora sustancial del pie de fuerza policial en el corto plazo. Lo que sí considera urgente es invertir en investigación criminal, inteligencia y, especialmente, en más fiscales. “No podemos quedarnos solo con la Policía. ¿Qué está haciendo la Fiscalía? ¿Cuántos fiscales hay? ¿Cómo va a aumentar su número para mejorar las investigaciones?”, pregunta. “Mientras las instituciones del Estado trabajan desorganizadas, los delincuentes sí están organizados”, puntualiza.
En últimas, las cifras, los testimonios y las omisiones dibujan un mismo cuadro: un sistema de seguridad que opera con parches, sin un norte claro. Así, Bogotá transita entre la sensación de que los vacíos de años no cambian y la evidencia de que el manejo de la seguridad empeora.
Los diagnósticos están hechos, las alertas se repiten año tras año y los expertos coinciden en los vacíos que deben corregirse. Incluso este tipo de artículos, que exponen la crisis estructural, se reescriben cada tanto y se exponen las cifras de turno, pero el fondo del problema permanece incólume. En ese sentido, mientras no exista una coordinación fuerte, mientras el sistema judicial permanezca colapsado y sobrecargando a sus funcionarios, y mientras las cárceles sigan siendo fábricas de reincidencia y no cumplan un verdadero rol de resocialización, la brecha entre lo que pasa en los despachos y lo que ocurre en la calle solo seguirá ampliándose. Y es en esa distancia es donde hoy se mueve, conociendo perfectamente esas debilidades, el delito.
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