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La presencia de niños, niñas y adolescentes indígenas en las protestas de los embera ha sido motivo de choque del Distrito con esta comunidad. Pero la de la última semana ha sido la más álgida, en especial, porque refleja el malestar de la administración por lo que consideran el uso de los niños, niñas y adolescentes indígenas como “escudo” y para la presunta comisión de delitos. El tema es que el manejo que le están dando las autoridades a esta situación no ha sido la más adecuada. Los expertos la califican de estigmatizante.
Y esto se refleja en dos episodios particulares: Por un lado, el del secretario de Seguridad, quien dijo que evalúa si cabe la opción de denunciar a la guardia indígena por “reclutamiento de menores”. Por el otro, la decisión de la secretaría de Integración Social de denunciar ante la Fiscalía una posible instrumentalización de los menores en las protestas y, peor aún, para llevar sustancias psicoactivas hasta el sector de San Bernardo.
Una escena que redondea todo es la actual protesta que adelantan algunas familias, que llevan una semana al frente del Ministerio del Interior. Entre los manifestantes hay 25 menores, que han tenido que dormir en las calles, pues, según el Distrito, no han aceptado los servicios de alojamiento temporal ni la atención de los centros Amar.
Por su parte, vale recordar que los indígenas embera cumplen tres años en la capital, primero asentados en el Parque Nacional y luego en los albergues temporales de La Rioja y La Florida, esperando que las autoridades atiendan sus demandas y gestionen un retorno seguro a sus territorios o una reubicación en la ciudad. Pero poco ha cambiado.
Término reclutamiento
De las dos situaciones, la que más resonó y generó reproches fue la afirmación del secretario de Seguridad. “Hemos identificado que individuos de la comunidad emberá ordenan a menores de 14 años en actividades de formación, como cuerpos que tienen comportamiento militar. Los ponen a hacer guardia, en una actividad agresiva y con elementos que pueden servir para entrar en confrontación. Evaluamos si cabe la posibilidad de denunciarlos por reclutamiento de menores”. Estas fueron las palabras del secretario de Seguridad, César Restrepo, el 10 de mayo.
Lo hizo en una rueda de prensa, donde el alcalde Carlos Fernando Galán respondió a la llegada de 118 indígenas emberá al Parque Nacional (en su mayoría mujeres y niños), que permanecieron allí cuatro días, pero que luego aceptaron regresar a los albergues de La Rioja y La Florida, tras el compromiso del Distrito, de mejorar las condiciones sanitarias, y de la Nación, de gestionar en máximo de tres meses, el retorno a sus territorios a quienes así lo deseen.
Sin embargo, las palabras de Restrepo no cayeron bien, incluso en la misma Alcaldía de Bogotá. La primera en rechazar la afirmación fue la consejera de Víctimas, Paz y Reconciliación, Isabelita Mercado, quien, a través de su cuenta en X, sentenció que el reclutamiento “es un crimen de guerra, que únicamente tiene cabida en el marco del conflicto armado”. A su turno, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aseveró que la utilización del término reclutamiento, “no se debe hacer en contextos distintos al conflicto y en el Parque Nacional no lo estamos viviendo”, aseguró.
¿Se equivocó?
Según el Decreto 4690 de 2007, la definición de reclutamiento forzado de menores se da en un contexto de vinculación permanente o transitoria a grupos armados organizados al margen de la ley y/o grupos delictivos organizados, que se lleva a cabo por la fuerza, por engaño o debido a condiciones personales o del contexto que la favorecen.
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Datos con corte al 2024 de la Defensoría del Pueblo, reportan 541 casos de reclutamiento, de los cuáles 269 fueron niños, niñas y adolescentes de pueblos indígenas, siendo el Estado Mayor Central y las disidencias, los presuntos autores.
“Las afirmaciones del secretario de Seguridad denotan desconocimiento de las normas constitucionales. Además, los estigmatiza y vulnera su dignidad colectiva. Los niños, niñas y adolescentes indígenas son parte de las guardias, que son un cuerpo de formación para la pervivencia cultural y organizativa de los pueblos indígenas”, indicó la Defensoría del Pueblo.
¿Cómo llegan los menores a las guardias indígenas?
Para Gerardo Jumi, secretario general de la ONIC, tildar a las guardias indígenas de fuerza militar, termina por incitar a la violencia y pisotea la dignidad de los pueblos, alejándose de la realidad. “Lo que hace la guardia es prestar un servicio social comunitario, para que haya orden. Rescatan secuestrados; acompañan a funcionarios cuando van a territorios y, por supuesto, evitan el reclutamiento a nivel de protección, para que los jóvenes estén ocupados y no sean blanco fácil de los grupos armados”.
Para finales de 2024, la Defensoría del Pueblo documentó el suicidio de una niña y tres jóvenes de las comunidades Villa Hermosa, Playita y Unión Baquiaza, del resguardo Opogadó-Doguadó del pueblo Emberá, en el Chocó, por miedo a terminar en las filas de actores armados. Casos que se sumaron al suicidio de tres niñas, un niño y dos jóvenes de las comunidades indígenas bojayaseñas.
De ahí el papel fundamental de los más de 50.000 guardianes y guardianas indígenas, en los 115 pueblos étnicos del país, que se creó en 2001 como respuesta a la agudización del conflicto armado en sus territorios. A pesar de su visión humanitaria, que ha costado la vida de al menos 70 guardias entre el 2014 y el 2024, han quedado en medio de estigmatizaciones y señalamientos, sobre todo, cuando son visibles en las ciudades.
Estos cuerpos de protección, han defendido y cuidado su territorio como una tarea ancestral, lejos de una estructura militar y sí de resistencia civil. Así lo ha reconocido en múltiples sentencias la Corte Constitucional, como en la T-349 de 2016, donde destacó su papel civil, pacífico y legítimo, como formas propias de autonomía, control territorial y gobierno ancestral. Así como en el Auto 004 de 2009, decidiendo que la vinculación de menores a guardias indígenas funciona como estrategia de prevención y protección contra el reclutamiento.
“Las guardias cuentan con la participación voluntaria de hombres y mujeres, jóvenes, personas mayores y niñas y niños, pues la razón de su existencia también es garantizar la pervivencia de los pueblos, a través de un camino intergeneracional de dignidad y derechos humanos”, explica la Comisión de la Verdad. “La guardia indígena también posibilita que niños, niñas, jóvenes y mujeres puedan ejercer roles de liderazgo y les motiva a ser parte de procesos que involucran y benefician a sus propias comunidades”, destaca por su parte la MAPP/OEA.
Para su defensa contra aquellos actores que agreden sus pueblos e imprimir un valor simbólico de autoridad, unidad y protección, las guardias utilizan desde flechas, como en la comunidad de los Yukpas de la Serranía del Perijá y los Sikuanis de los Llanos Orientales; cerbatanas o bastones, como lo hacen los Emberá Katió del Chocó; Poporo, usados por Kankuamos, Arhuacos, Wiwas y Koguis, y finalmente, el más conocido, el chonta o bastón de mando, de los Nasas y los Awá.
Pero no todos pueden ser guardianes indígenas, ni tener el privilegio de portar esta simbología. En el caso de la comunidad Emberá, tienen en cuenta criterios establecidos por la asamblea permanente comunitaria y buscan el consentimiento de la persona, antes de ser integrado. Por lo tanto, es completamente voluntario y no devengan salario alguno.
En los Emberá, la guardia indígena cumple labores de prestar seguridad a sus autoridades; orientar y dirigir a la comunidad a un sitio seguro, cuando se presenten enfrentamientos entre grupos armados o en caso de fenómenos naturales; adelanta investigaciones frente a cualquier problema interno que se presente, entre otras tareas.
“Se asume por convicción, por prestar y brindar apoyo. Por eso la guardia se hace fuerte, por la convicción con la que se asume la responsabilidad y la decisión de cumplir el encargo que se le hace por el tiempo que se le encomiende”, define el documento ‘Resguardos de Paz’.
Los menores en el medio
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad no ha presentado denuncia alguna ante la Fiscalía ante las afirmaciones de su secretario, de lo que denominó presuntos casos de “reclutamiento de menores indígenas” en la comunidad Emberá. Por eso, desde la organización ‘Defender la libertad’, exigieron una rectificación “inmediata y pública” del secretario Restrepo, así como “el respeto y la no estigmatización de sus formas organizativas”.
Lo que sí hay son dos denuncias de la Secretaría de Integración Social ante la Fiscalía, por la presunta instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en manifestaciones y constreñimiento ejercido por la Guardia Indígena para impedir acceso a servicios sociales a los menores. Además de un aparente uso para el transporte de sustancias ilegales desde el asentamiento de La Rioja hasta el sector de San Bernardo.
“La calle no es lugar para los niños. Las madres cuidan de ellos, pero están siendo presionadas por la guardia indígena (…) La otra denuncia es porque lo notamos en el marco de nuestra intervención”, dijo el secretario de Integración Social Roberto Angulo. “Nos preocupa un uso indebido de los niños y niñas, mientras se hacen demandas. Las negociaciones siempre han estado abiertas”, dijo por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.
María Violet Medina, lideresa indígena Nasa, defensora de Derechos Humanos y quien acompañó la protesta en el Parque Nacional por ocho meses, rechazó que se califiqué de instrumentalización. “Las mamás están ejerciendo su derecho a la de protesta y no van a dejar tirados a sus hijos”.
Sin embargo, al preguntarle sobre ¿cómo dejar a los menores fueras de estas exigencias?, Medina, insistió: “Nosotros los pueblos indígenas vemos todas las cosas de una forma integral. Tú no puedes en una ciudad como esta, donde no tienes redes de apoyo, donde solo hay racismo, dejar a un niño tirado. Como mamá mejor me los llevo porque al menos están bajo mi cuidado”.
Medina, incluso explicó que son las mismas mujeres las que en ocasiones toman la decisión de tomar las vías de hecho. “Son ellas las que están viendo a sus hijos aguantar hambre, de ver como los dejan morir en los hospitales, cansadas de estar encerradas en las UPI, donde nadie les presta atención. Por lo que básicamente aprendieron que la única forma de ser visibilizados es movilizándose al Parque Nacional, así hablen mal de ellos”.
Al preguntarle sobre la denuncia de presunto bloqueo de la guardia índigena para no dejar acceder a los menores a la oferta social, respondió. “Ellos están saliendo para que se activen todas esas rutas, porque lo que hace el Distrito es movilizar sus equipos cuando están en el ojo del huracán, más no cuando están en estos puntos de atención. Si se les garantizaría, no estuvieran protestando”.
Finalmente, sobre el aparente uso de menores para el transporte de sustancias ilegales, María Violet Medina, cuestionó que “los dejaron desprotegidos, los tiraron a las ollas. Las preguntas son: ¿no era que ellos iban a estar ahí por 25 días? ¿qué están haciendo para rescatarlos y prevenir todos estos abusos y violencias? Ellos dicen que han cumplido con todo», sentenció.
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En el Distrito y entre los indígenas hay inconformidad. Las comunidades siguen exigiendo la necesidad urgente de restablecer los derechos de quienes están en la ciudad y no seguir esperando un día más en condiciones inhumanas. Mientras las polémicas y los reclamos se resuelven, la guardia indígena, protagonista de la última controversia, seguirá siendo ese soporte y acercamiento a sus territorios que, de manera voluntaria y con un bastón de mando, representan la dignidad y la protección de su comunidad de manera no violenta.
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Por María Angélica García Puerto
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