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La primera vez que Juan Manuel Sáenz de Brigard, abogado y CEO del despacho TudocLegal, escuchó el nombre de David Alexander Díaz Gómez, un hombre de 37 años, en noviembre de 2019, fue porque Claudia Gutiérrez Luque, una clienta, le pidió asesoría jurídica para cobrar $302.900.000 que al parecer le debía Díaz por un negocio que le propuso. Fue en el lobby del Hotel Dann Carlton, en el norte de Bogotá, donde el abogado tuvo el primer encuentro con él y su equipo de juristas. En la reunión hubo una advertencia: el no pago de este dinero a la clienta de Sáenz podría acarrearle el delito de captación ilegal o estafa, así que Díaz se comprometió a pagar el dinero esa semana. Eso nunca ocurrió y Díaz desapareció del mapa bloqueando contactos y cambiando de residencia, de acuerdo con las denuncias recopiladas por este diario.
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Unos meses después, en el intento por resarcir a su clienta, el abogado descubriría que no solo era Claudia, sino al menos 35 personas más —de las que se sabe— a las que, presuntamente, este hombre estafó. El 28 de febrero de 2024, casi seis años después de la reunión en el lobby del hotel, la Fiscalía imputó cargos a David Alexander; a Laura Viviana Malagón Villamil (esposa de Díaz); y a su socio, Gonzalo Rozo Ryes, por los delitos de captación masiva y habitual de dineros en concurso heterogéneo con omisión de reintegro, en concurso con estafa agravada en la modalidad de delito en masa. Pero para llegar hasta aquí tuvo que pasar mucho tiempo, dolor y hasta la muerte de una de las víctimas, para que avanzase el proceso. Hoy las víctimas siguen esperando que les devuelvan sus ahorros.
Las estafas
Sammy Walid Mustafá Prieto, quien se abría paso en una carrera como futbolista, conocía a Laura Malagón, esposa de Díaz, porque tenía una relación con su prima. En 2019, Mustafá tuvo una agresión en un partido y quedó en coma durante 17 días con un trauma craneoencefálico. Cuando despertó y avanzaba en su recuperación, dice que David Alexander le habló de un negocio que podría generarle ingresos y así solventar algunos gastos del incidente. Díaz le habló de su empresa HERSQ, una IPS que licitaba con el Estado en contratos de salud. “Me dijo que él prefería obtener músculo financiero de inversionistas privados, y que me podría dar un 20 % de utilidades si invertía”, contó Sammy a este diario.
“David es un hombre que inspira confianza, pero además es persuasivo”, señala la víctima y relata que primero consignó $50 millones a la cuenta de Díaz, y después, otros 50 a la cuenta de Malagón. En poco tiempo, Sammy hizo un asado para celebrar su recuperación y el apoyo de sus amigos. La pareja estuvo allí. “Ese día le hablaron del negocio a mi familia. Mi mamá invirtió, mi hermano, mis tíos y una prima”. Posteriormente, la pareja desapareció de la vida del exfutbolista y este terminó la relación con la prima de Laura, sin tener certeza de qué pasaría con los $120 millones que en total había invertido la familia.
En la única audiencia a la que han asistido los señalados de esta estafa, celebrada el 28 de febrero de 2024, el Fiscal 83 adscrito a la unidad de delitos contra la fe pública y el patrimonio económico, explicó lo que llevó a la Fiscalía a armar el caso contra la pareja y el socio. Explicó que HERSQ, la IPS creada por Díaz y su socio en 2009, tiene como objeto social principal prestar servicios médicos de salud en el primer y segundo nivel de atención. En estas actividades, “desarrollaron y promovieron un proyecto de negocio en el que les mostraban a los prospectos, contratos celebrados con diferentes entidades de salud del sector público y privado, para brindar asesoría y suministrar insumos médicos”, dijo el fiscal.
Empresas como Medimás, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras, eran las que mencionaban para atraer a los inversionistas. “Ustedes engañaron a los incautos inversionistas haciéndoles creer que su inversión consistiría en aportar un dinero en calidad de inversión y que sería utilizado para apalancar y/o financiar la ejecución de estos contratos”, detalló el funcionario en la audiencia de imputación.
No todas las víctimas dicen ser engañas de la misma manera. Martha Liliana López, por ejemplo, vive en Cali y conocía a Gonzalo Rozo Reyes, el tercer imputado de esta historia, desde que era niña. Terminó invirtiendo la gruesa suma de $800 millones.
Dice sobre Rozo que, “era prácticamente mi pediatra”, y agrega sobre el médico, que este figura como representante legal de HERSQ. En 2014, Rozo le presentó a David Díaz, “se volvió un amigo muy cercano de mí y mi entonces esposo, que era jugador de Millonarios -añade que David es fiel hincha de este equipo-. Éramos tan cercados que cuando David se separó, mi hijo y yo fuimos su sustento y lo apoyamos psicológicamente”. También señaló que luego fue ella quien se separó: “me dio durísimo, entonces él me apoyó, y como yo estaba decaída y no podía a veces ni pararme, él me dijo que podría despreocuparme del dinero invirtiendo en sus negocios”.
Al inicio dio $5 millones y durante casi seis meses recibió rendimientos. La cosa parecía funcionar. Luego, Liliana se recuperó emocionalmente y volvió a sus labores de medicina estética de lleno. La cercanía con Díaz, quien iba constantemente a Cali de viaje, hizo que el hombre conociera a los colegas de ella. Les ofreció el negocio a 14 personas más de su círculo social, y aceptaron invertir al ver que a Liliana le iba bien con las inversiones. En 2018, dicen que Díaz mostró documentos que acreditaban que tenía supuestas licitaciones ganadas y necesitaba músculo financiero.
“No era una pirámide, nos mostró folletos, contratos serios con cláusulas claras”. Y funcionó durante seis meses en los que estas personas, entre ellas Rodolfo Figueroa, quien entregó $100 millones que juntó de sus cesantías, herencia de su madre y ahorros. Recibieron rendimientos, hasta que de un momento a otro dejó de suceder, las dudas afloraron, y David, su esposa y su socio, desaparecieron otra vez.
La excusa que inicialmente obtuvo Liliana, quien ahora tenía que responder por el dinero de su círculo social, fue que a raíz de la intervención en Medimás sus negocios habían quedado en aprietos. Pero ella misma desmintió eso cuando viajó a Bogotá y se acercó a dicha EPS. “Me dijeron que David no aparecía en ningún lado, ni el contrato que decía tener. Me dio un vuelco en el corazón”, dice la mujer. En 2020, supo que Juan Manuel Sáenz estaba asesorando el cobro de los dineros de la familia Gutiérrez Luque y lo contactó.
Cuentan las víctimas que la frustración a veces los sobrepasa, más sabiendo la “buena vida” que dicen siguió llevando Díaz: “en redes sociales siguió exhibiendo sus viajes a Dubai, sus fiestas en yate, como si nada hubiera pasado, sus tres hijos, a los cuales también ha damnificado, pues supimos que usa cuentas de los menores para recibir dineros, y fiducias aquí y allá para que sea más difícil rastrearlos”, añadió Liliana.
En estos años la vida de algunas de las víctimas cambió rotundamente. Claudia vio morir a su padre por un cáncer sin poder costear a cabalidad los gastos de su atención; Sammy sigue luchando por recobrar lo que perdió él y su familia; Liliana vendió todo para poder reponerle algo a sus amigos que invirtieron siguiendo su ejemplo, ha atravesado tres intentos de suicidio y dice que a diario se esfuerza por sostenerse en pie y conseguir lo del diario; Rodolfo quedó sin nada a sus 63 años, no tiene trabajo, y su sueño de comprar el apartamento que quería cambió por la esperanza de ver retornar algo del dinero que perdió.
Cinco años de estancamientos y avances del proceso judicial
Juan Manuel Sáenz entra en la historia para darse cuenta de la cantidad de víctimas que salieron a flote. “Procedimos a formular la denuncia de captación ilegal nueva con las nuevas víctimas”. En 2020 las restricciones de la pandemia mantuvieron estancadas las investigaciones y cada vez que intentaban ubicar al presunto estafador, se encontraban con que se había mudado.
“Ha vivido en el Chicó, en la calle 127, en Guaymaral, pero, cuando llegamos con los jueces, nunca está, o ya ha cambiado de domicilio. En estos años se ha trasteado unas 10 veces”, añade el jurista. En marzo de 2023, en un giro inesperado, la Fiscalía concluyó que era insubsistente el caso y volvió a quedar en “un cajón oscuro”.
Sáenz hizo públicas varias de las denuncias en medios de comunicación y radicó un derecho de petición para revivirlo. La respuesta fue satisfactoria: el nuevo fiscal del caso logró sacar de los anaqueles las carpetas de la investigación que se habían adelantado, dándole paso a la audiencia en la que le imputaron cargos a los tres implicados.
Ninguno aceptó cargos, pero el proceso va adelante y después de cinco años, las víctimas ven al fin una luz el final del túnel. En mayo de este año se celebrará la audiencia de acusación por los delitos mencionados, los cuales podrían llegar a penas de hasta 20 años de prisión.
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Por Juan Camilo Parra
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