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El proceso para adjudicar el multimillonario contrato para construir los tramos 3 y 4 de la nueva calle 13 volvió a frustrarse y con esto el sueño de mejorar, lo antes posible, la movilidad en uno de los corredores estratégicos de acceso de Bogotá. A pesar de ser una obra con un jugoso contrato, por $1,3 billones, a la fecha no hay constructor que se le mida al trabajo, al menos, bajo los términos que estableció el Distrito para desarrollar este proyecto de infraestructura.
Asi quedó demostrado este martes cuando, por segunda vez, el IDU se vio en la obligación de declarar desierta la licitación por falta de oferentes. Esto abre una pregunta ¿por qué nadie quiere este contrato? En especial, porque tras el primer fracaso de la licitación en octubre pasado, el IDU se reunió con las empresas que inicialmente mostraron interés e hizo ajustes en el pliego de condiciones. A pesar de ello, estos cambios no convencieron a los potenciales oferentes, que de nuevo optaron por mantenerse al margen.
La posible respuesta se encuentra en las nuevas observaciones que le hicieron los constructores al IDU, en las que expusieron más dudas e hicieron nuevas solicitudes que, al final, el Distrito rechazó. El Espectador tuvo acceso a esas comunicaciones, encontrando que entre las peticiones estaba ampliar el plazo para presentar las ofertas; modificar las condiciones de los frentes de trabajos que exigía el IDU, así como dudas relacionadas con los costos de los predios que se deben adquirir para el trabajo.
Según el cronograma oficial de esta segunda licitación, la presentación de ofertas estaba prevista inicialmente para el 30 de noviembre, pero ante algunos tropiezos, el IDU optó por ampliar el plazo hasta el 5 de diciembre, con la esperanza de adjudicar el 20 de diciembre. No obstante, una empresa pidió 15 días más, petición que rechazó la entidad. Como no hubo consenso, la licitación se cayó.
El IDU cree tener una explicación: no hay muchas empresas con la capacidad de hacer la obra; seguramente ya están ejecutando otras obras y las que quieren participar seguramente no cumplen las exigencias económicas del contrato. No obstante, es llamativo lo que ocurre con los tramos 3 y 4, que son los que llegan hasta el río Bogotá, ya que esta realidad contrasta con lo que se vivió en la licitación de los tramos 1 y 2, que se adjudicaron sin mayores inconvenientes al consorcio ConConcreto S.A.
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Sobre la importancia de este corredor, José Stalin, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, dice que “la Calle 13 es clave para el transporte de carga y para el transporte de pasajeros de los municipios del occidente. Y es una de las vías que, bajo las condiciones actuales, es de las que aporta más contaminación. Por ello que es urgente que toda la calle 13 quede en construcción y no por parches. Desafortunadamente, no han podido adjudicar esos tramos. Este tema quedó para el próximo alcalde y ojalá se revise los términos de los contratos, pues esta declaratoria de desierta envía señales sobre la forma en que quedó estructurada”.
Reparos a las condiciones del contrato
La licitación abrió a inicios de este año. Tras dos intentos infructuosos, entre el 31 de octubre y el 11 noviembre de este año, la entidad recibió 23 observaciones de tres empresas interesadas y una de una veeduría ciudadana, justo después de que el IDU realizó cambios en las condiciones del contrato.
Las empresas que presentaron observaciones fueron Alca Ingeniería S.A.S. y CYG Ingenieria y Construcciones S.A.S. ambas integrantes del consorcio que construirá el cable de San Cristóbal y puja por construir el de Potosí. Como dato adicional, Alca Ingeniería figura también en la sociedad que adelanta las obras de andenes de la Autopista Norte (la cual presenta retrasos de más de un año y medio).
La tercera empresa en presentar observaciones fue Indugravas Ingenieros Constructores S.A.S., que participa en el Consorcio Vial del Norte, el cual ganó el contrato para construir el lote 1 del tercer tramo del Corredor Verde Séptima. Justo esta compañía, el 31 de octubre, expuso su preocupación por el corto plazo que dio el IDU para ejecutar las obras en la calle 13.
“Preocupa el plazo de 26 meses para la construcción y dos meses para el recibo de obra. Esto genera que el contratista ejecute promedios de facturación mensual de $22.100 millones para el grupo 3 y $24.200 millones para el grupo 4, que son demasiado elevadas y difíciles de lograr, teniendo en cuenta las condiciones del corredor, los planes de manejo de tráfico, la intervención de las redes, entre otras. Así las cosas, solicitamos modificar el plazo, otorgando los tiempos necesarios para la ejecución responsable y adecuada de las obras”.
La respuesta del IDU se concentró en argumentar que los planes de construcción fueron analizados y contempla frentes de obra 7×24, es decir, tres turnos diarios que abarcan las 24 horas del día, optimizando los tiempos. “Se considera que el plazo indicado en el proceso de selección es el adecuado, según lo especificado en los documentos de referencia del presente proceso”, respondió el ente.
El pasado 11 de noviembre, fue Alca Ingeniería la que presentó reparos frente a la intensidad de los trabajos, aludiendo a que, “en lo que corresponde al personal mínimo obligatorio que debe tener el futuro contratista en el proyecto, los residentes de obra y el personal operativo se duplicaría para cumplir los tiempos de la entidad, lo que incidiría que la Administración (gastos generales o indirectos de la empresa) se incrementen”.
Ante esto, el IDU argumentó que en la licitación se tuvo en cuenta la magnitud de personal a contratar en los tres turnos exigidos. “El porcentaje de administración del AIU de obra de cada lote reconoce al contratista los recursos de personal exigidos en los anexos del proceso”, añadió la entidad en su respuesta.
El 14 de noviembre, CYG Ingenieria y Construcciones S.A.S., presentó 15 observaciones, entre ellas unas muy particulares. Solicitó al IDU aclarar el tema de los predios que se deben adquirir para la obra y que asumiera el 100% de los riesgos económicos que se podrían presentar en la entrega de los predios que faltan. A esto el IDU le respondió que la entidad será el único encargado de la gestión predial y que el contratista podría seguir sus actividades en otros frentes, de haber contratiempos, por ende, “no se acepta la solicitud”, escribió.
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Otra queja relevante que presentó esta empresa radica en los precios que propuso el IDU para la compra de materiales y pidió actualizar el presupuesto para ejecutar los dos tramos con valores actuales del mercado, que estaban por encima de los presupuestados por el Distrito. En este punto, el IDU explicó que había hecho los estudios pertinentes y que su experiencia lo facultó para establecer los precios. “La Entidad considera que, los valores del presente proceso de selección se encuentran actualizados a las condiciones de mercado. Por lo tanto, la Entidad se ratifica en el valor de los mismos”, señaló en su respuesta a la empresa.
Aseguradoras
Volviendo a las observaciones que hizo Alca Ingeniería, el 11 de noviembre quedó en evidencia un tema que preocupó a la empresa: los plazos para conseguir las garantías de las aseguradoras. Ante esto, la empresa pidió 15 días más de plazo para enviar su oferta, puesto que, “hasta el momento, las aseguradoras no han dado respuesta definitiva en el otorgamiento de las garantías”. El IDU contestó que había dado el plazo suficiente y, por ende, “no accedía a la ampliación”.
Sobre este asunto, Alejandro Barreto, experto en derecho contractual, señala que “las garantías las asumen normalmente la aseguradora, de acuerdo con unos requisitos y porcentajes definidos por la entidad. Resulta que esos porcentajes a veces son altos y las aseguradoras no quieren expedir pólizas. Como son una entidad financiera, lo que hacen es avalar a personas con capacidad económica, los que no la tienen, pues difícilmente otorgarán las pólizas. Entonces, estos requisitos que parecen sencillos, al final son restricciones para acceder al proceso de selección”, explicó a El Espectador.
¿Qué dice el IDU?
En una comunicación, el IDU respondió varias dudas de este proceso, sin referirse a ninguna de las solicitudes mencionadas. “El IDU realizó audiencias con los posibles oferentes que manifestaron inquietudes y sugerencias con la participaron más de 25 representantes de empresas interesadas, de representantes de la Cámara Colombiana de Infraestructura y aseguradoras”, indicó en un comunicado que recibió este diario.
Como resultado de estas audiencias, el ente contempló ajustes en aspectos técnicos tales como: aumentar el plazo de preconstrucción de 6 a 8 meses; la actualización de precios de insumos; la disminución de contratación a mínimo el 20% de mano de obra no calificada de las localidades que atraviesa el proyecto, y modificación a la matriz de riesgos.
“El IDU nuevamente se reunirá con las empresas del mercado posiblemente interesadas y con capacidad para la ejecución de esas obras, para recoger sus observaciones y establecer nuevos ajustes que se puedan hacer, con el fin de establecer el cronograma del nuevo proceso licitatorio”, señaló el ente.
Pero los caminos se cierran. Barreto, explica que el IDU solo tiene tres escenarios restantes, a poco más de 20 días de que se acabe el año. “Ya no puede abrir una licitación pública, ya que este proceso dura al menos 60 días; podría hacer una urgencia manifiesta o contrato directo; o también una selección abreviada. El problema sigue siendo que no hay oferentes”.
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Por Juan Camilo Parra
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