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Después de que la Fiscalía anunciara la imputación de cargos por los presuntos delitos de prevaricato por omisión, concusión, peculado por apropiación y celebración de contratos sin requisitos legales al suspendido alcalde Samuel Moreno, en una audiencia que se llevará a cabo el próximo 29 de julio, donde además se pedirá medida de aseguramiento para el mandatario, pareciera que su renuncia al segundo cargo más importante del país se hace cada vez más cercana. Voces influyentes de su propio partido político, el Polo Democrático, y de otros sectores han hecho un llamado para que Moreno, por razones éticas y prácticas, abandone su cargo.
Sin embargo, Moreno no ha hablado de renunciar. Su reacción ante el anuncio de la Fiscalía no fue distinta de su constante respuesta ante los argumentos que el ente investigador ha esgrimido desde que comenzó a investigar sus nexos con los delitos la contratación pública: aseguró estar dispuesto a poner la cara ante la justicia, a ejercer su derecho a la defensa y a probar su inocencia. Afirmó que no ha infringido norma alguna del código penal, no ha incumplido procesos en la contratación distrital y no ha solicitado dinero ni privilegiado a particulares para conseguir recursos del Estado. El histórico crimen, según las declaraciones del suspendido mandatario, se habría fabricado a sus espaldas. También su abogado, Carlos Gómez Pavajeau, se mostró sorprendido ante los cargos que le imputará la Fiscalía a su cliente.
Pero la imputación de cargos a Moreno era predecible, sorpresivo sería para muchos bogotanos si logra demostrar su inocencia y finalizar su gobierno en cabeza de la Administración. Los miembros de su mismo partido, desde que se destapó el cartel de la contratación, han solicitado su renuncia.
La gravedad de las imputaciones que se harán a Moreno, aunque resulten ser falsas, no le dejarían cabeza para defenderse y gobernar la capital al mismo tiempo en caso de que regrese al Palacio Liévano. Mucho menos tratándose de Bogotá, una ciudad infartada por los incontables problemas de inseguridad, movilidad, corrupción… Así lo han dado a entender miembros del Polo Democrático, como el expresidente de la Corte Constitucional y excandidato presidencial Carlos Gaviria. También la presidenta ad hoc del Polo, Gloria Inés Ramírez, quien habló en nombre del partido para recordar que desde enero se ha pedido la renuncia del alcalde, aunque también señaló que ya se tilda a Moreno de corrupto sin haber demostrado su responsabilidad directa en la contratación pública.
No sólo por practicidad, sino por ética, las mismas personalidades y otras de diversos sectores políticos recomiendan a Moreno renunciar. Se trata de un alcalde que tiene una credibilidad nula entre los bogotanos y que, aunque pueda regresar a su cargo y entregar algunas de las obras que prometió durante su campaña electoral, su gestión y la reputación de su partido quedarán manchadas por haber permitido, con o sin intención, uno de los mayores robos en la historia de la contratación pública del Distrito. Tal y como lo expresó el Polo, aunque el partido tiene un comité de ética que le recomienda renunciar al alcalde, debe ser él mismo quien llegue a esta conclusión para demostrarle su “entereza” a los bogotanos.
Renuncie o no, vaya o no a la cárcel, lo cierto hasta ahora es que con la imputación de cargos a Moreno la justicia llega a un eslabón más en la cadena de los presuntos implicados en corrupción relacionada a la contratación pública. Aunque, según lo afirman analistas como Juan Carlos Flórez y también se rumora en medios de comunicación y hasta en el Concejo de Bogotá, con el alcalde no se cerraría el círculo del cartel de la contratación, quedarían aún una serie de funcionarios públicos por responder ante la justicia.