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Un río de infamia atraviesa las noticias que a diario se difunden sobre delitos contra los niños y niñas. Casi como si fuera paisaje, se encuentran titulares de capturas y procesos judiciales contra sospechosos de cometer abuso sexual infantil. Tíos, profesores, padres, vecinos y hasta compañeros de colegio son usualmente los roles de los señalados de este delito, cuyos indicadores se dispararon a lo largo de 2024.
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En la conmemoración del día mundial para la prevención del abuso sexual infantil, se expuso que este año, los casos se dispararon 58 %, por lo cual, solo a corte del primer semestre de 2024, de acuerdo con cifras de Salud Data, se conocieron 7.000 denuncias por abuso contra menores. Este indicador, al que falta sumarle las cifras del segundo semestre, sugiere que se superarán los 12.000 casos de 2023. Y eso que esto es lo que conocen las autoridades, ya que el subregistro es una realidad.
Mientras esto ocurre, hay otras cifras que podrían acercarnos a ese incremento del 58 %. Según la Secretaría de Educación, en su sistema de alertas, alrededor de 70.000 niños de la red de colegios públicos han sido víctimas de diversos tipos de violencia, en la que se incluye, desde luego, el abuso sexual. De igual forma, el consolidado de exámenes en medicina legal, por presuntos delitos de esta índole, ya excedió la barrera de los 3.000 procedimientos. Por lo tanto, más allá de la percepción, las cifras relacionadas con este flagelo dan cuenta de una realidad innegable y sobre la cual se debe actuar desde diferentes frentes.
Evidentemente, uno de los más relevantes es, sin duda, el aspecto jurídico. Cerca del 90 % de los casos de violencia infantil en Bogotá y Colombia quedan la impunidad, de acuerdo con cifras de Aldeas Infantiles SOS. Dicha organización, además, promovió el año pasado una iniciativa para que el Consejo de Estado instara a la Fiscalía a crear Unidad Especial para Delitos Contra Menores de Edad, la cual debería dedicarse única y exclusivamente a mejorar la celeridad de las investigaciones por este tipo de delitos. En efecto, en julio, la Fiscalía cumplió con el fallo y, actualmente, la unidad trabaja en varios casos que se han venido conociendo en los últimos seis meses.
La otra parte del trabajo le corresponde a las autoridades locales, en este caso las distritales, respecto a la prevención de este tipo de violencias en los entornos escolares y familiares de la ciudad. En este sentido, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Secretaría de Educación, en marzo, un informe completo de las cifras relacionadas con el abuso infantil y el protocolo existente para abordar este tipo de casos.
Bajo esta misma línea, el Concejo aprobó el acuerdo 406, con el cual se crea la política pública para la prevención al abuso y la explotación sexuales de niños, niñas y adolescentes en la capital. El acuerdo marca un hito en la lucha contra esta problemática en la capital del país, ya que crea un marco de referencia para la acción pública en esta materia, que antes no existía.
Pese a la existencia de protocolos y otras herramientas, la ciudad no contaba con una política pública definida para enfrentar este flagelo. “Este proyecto tiene el propósito de que la ciudad alcance un día cero violencias contra los niños, especialmente el abuso sexual infantil, que es una forma de violencia que marca la vida de un ser humano”, destacó el concejal Samir Piraquive, autor del acuerdo.
Política pública para las violencias infantiles
De acuerdo con el articulado del Acuerdo, la política pública para la prevención del abuso busca un enfoque integral, que apunte a las causas y actores mayormente involucrados en los casos de abuso sexual. Según las cifras que respaldan el Acuerdo, en cerca del 90 % está involucrado un familiar o allegado de la víctima, por lo cual, resulta imperioso que una política de prevención se enfoque principalmente en el entorno del menor de edad.
Asimismo, la nueva política pública para la prevención del abuso sexual, se incluyó un enfoque innovador en el que se propende por la resocialización del abusador. Aunque impopular, lo cierto es que este tipo de iniciativas, en opinión de la psicóloga especializada en infancia, Estefanía Pinzón, ayuda a que “el grado de reincidencia se reduzca y se conozcan en profundidad las causas psicológicas que rodean la mente de un adulto que se convierte en abusador”.
En ese orden de ideas, una vez aprobado el articulado, corresponderá a la estructura burocrática del distrito, el implementar los lineamientos y darles adecuado cumplimiento. Para ello, la experta consultada por este diario, señala que la articulación entre las autoridades distritales, y del orden nacional, como el ICBF y la Fiscalía, es clave, así como la red de servicios sociales de la ciudad, una de las más potentes a nivel nacional.
“La red de orientadores de los colegios, las comisarías de familia y hasta los servicios culturales del Distrito son claves en la prevención de estos delitos. El núcleo familiar debe conocer con exactitud los mecanismos de denuncia, así como las señales de alerta cuando el abuso infantil aparece en el hogar, y para eso es clave la pedagogía y concientización en distintos niveles”, acotó la experta.
Afectaciones psicológicas por abuso sexual en niñas y niños
Pero incluso, aunque el 90 % de los agresores son familiares, en los colegios de Bogotá también se han registrado casos escabrosos en los cuales, los compañeros de la víctima, resultan ser los abusadores. La madre de la niña abusada mientras estaba en el colegio, en agosto del año pasado, narró que se enteró del caso al notar conductas, que no correspondían al carácter de una niña de seis años, a quien describe como “alegre y juguetona”. Actitudes que la menor cambió repentinamente y se notaron durante un paseo a Melgar, el viernes 11 de agosto (un día después del presunto abuso).
Finalmente, la niña le contó: ese jueves 10 de agosto, salió con dos compañeras al baño. Ellas entraron y alguien tomó a la niña por la espalda y la sujetó de manera que no pudiera ver su rostro. “Me dice mi hija que un niño le metió la mano en la cola y le decía que, si les contaba a los papás, le hacía más duro. Al contarme eso, llamé al papá”, añade la madre.
Este caso prende muchas alarmas, en cuanto a la educación sexual en niños y niñas, teniendo en cuenta que el presunto agresor de la menor de seis años, sería también menor de edad. Y, en adición a la complejidad de entender y aplicar los protocolos, está la atención a los traumas, que estos abusos generan en las víctimas de violencia sexual, a tan corta edad.
Para Stefany Guerrero, psicóloga con enfoque clínico y educativo, los menores, víctimas de violencia sexual, deben recibir toda la atención psicológica profesional y acompañamiento posible. “En una niña pequeña, uno de estos eventos traumáticos puede significar afectaciones en sus relaciones personales el resto de su vida. Por eso es importante evitar la revictimización y seguir el proceso con las redes de apoyo”. Añade que un punto crucial es la no revictimización. “Hay que trabajar en el sentimiento de culpa de los padres para enfrentar estos casos para poder avanzar en la superación del trauma”.
En cuanto al menor que pudo haber cometido el acto sexual abusivo contra la niña, dice Guerrero que una de las falencias en estos procesos es la poca claridad con la que se les explican estos temas, desde que son pequeños, y que en el caso del niño agresor, habría que estudiar su entorno. “Es importante ver su contexto, su acción demuestra que está siendo expuesto a situaciones que no debería conocer a su edad como pornografía u otros abusos”.
Dicho lo anterior, los expertos señalan que, aunque los protocolos de atención en estos casos, por parte de las autoridades escolares, deben desarrollarse con mayor diligencia y celeridad, hay que trabajar fuertemente en la educación sexual y en las situaciones de familia que estos menores comienzan a experimentar desde su casa.
Reconocer las violencias
Reconocer a posibles agresores es relevante a la hora de incorporar personas en el núcleo familiar, así como darle la oportunidad a maestros de enseñar en instituciones educativas. Otro caso conocido por la SIJIN fue el de un docente que realizaba tocamientos de tipo sexual a siete de sus alumnas en un colegio en el sur de Bogotá; las víctimas oscilaban entre los 10 y 11 años. Ellas mismas relataron los actos sexuales que realizaba el sujeto con cada una de ellas en un salón de clases y los obsequios que recibían a cambio de su silencio. En algunas ocasiones las amenazaba de muerte para no ser denunciado.
En 2023, el 81,95 % (37.596) de reportes por casos de violencia intrafamiliar en Bogotá, ocurrieron en las viviendas de las víctimas. 8,97 % (4.114) en establecimientos educativos y se reportaron 1.659 casos en vía pública.
“Hay un factor que es la oportunidad. El acceso a los menores, implica una cercanía para poderlos agredir, pues resulta mucho más fácil en aquellos entornos donde los niños deberían tener un entorno seguro, por eso este proceso de victimización familiar en los casos donde el agresor hace parte de ese entorno familiar o del educativo, encontramos que es un factor específicamente aprovechado por el victimario, abusando de esa relación de poder”, explicó a El Espectador, Luz Mercedes Cevallos Sánchez, Coordinadora del Programa de Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario.
Dicho lo anterior, ya con la tarea hecha desde el Concejo, ahora corresponderá a la administración distrital actual, y las venideras, articular lo que se ya aprobó con las herramientas existentes, y elaborar un marco de acción eficiente que nos acerque al idilio, ojalá no lejano, de una ciudad libre de violencias contra la infancia y la juventud. Esa es, sin duda, una deuda por saldar con el futuro de nuestra sociedad.
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