Revocan tutela del caso Sergio Urrego

En el fallo de 53 páginas, que conoció El Espectador, los magistrados Gustavo Gómez, Alfonso Vargas y Luis Rafael Vergara acogieron la petición de la Procuraduría y señalaron que no se pueden pronunciar de fondo sobre el caso y que no amparan los derechos a la educación, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, igualdad, no discriminación e intimidad que reclamó Alba Reyes, la madre de Sergio Urrego.

En el fallo, el Consejo de Estado también sostiene que no se puede inferir que la rectora Amanda Azucena Castillo haya mancillado el buen nombre de Urrego luego de su muerte, ni haya tenido relación con la denuncia de acoso sexual que instauraron contra el joven antes de que se quitara la vida. Esto lo señala a pesar de las pruebas que adjuntó la familia de Urrego, entre las que hay audios en los que la rectora acusa al estudiante de acoso sexual.

El magistrado Vargas, quien proyectó la sentencia, acogió la versión de la Procuraduría que pidió revocar el fallo de primera instancia que amparó sus derechos, porque supuestamente no se evidenció que la conducta del colegio fuera discriminatoria y en cambio la consideró “diligente”. También salva de cualquier responsabilidad a la Secretaría de Educación de Cundinamarca y dice que “ha actuado conforme a la ley”. Todo esto, pese a que la secretaría no ha respondido un oficio del 1º de julio, previo al suicidio de Sergio, en el que Alba Reyes y su hijo denunciaron la discriminación homofóbica y otras presuntas arbitrariedades de las directivas del colegio.

Como datos adicionales, el magistrado Vargas fue magistrado auxiliar en el pasado y reconocido amigo personal del procurador general Alejandro Ordóñez, quien desde su cargo se ha opuesto en diferentes escenarios a los derechos de igualdad de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans en el país. La decisión del Consejo de Estado en el caso de Sergio Urrego sorprende también, porque la Fiscalía recientemente anunció que imputará los delitos de discriminación, inducción o ayuda al suicidio, falsa denuncia contra la rectora Castillo y dos empleados más del colegio.

En el caso de la falsa denuncia, la Fiscalía señaló que Castillo habría inducido a la familia de Danilo Pinzón, pareja de Sergio Urrego, a presentar una denuncia contra el joven por acoso sexual el 22 de julio de 2014. Ese mismo día la rectora Castillo radicó una solicitud a la Comisaría de Familia de Engativá para que investigara por abandono a la madre de Urrego, afirmando: “Nuestro estudiante no ha recibido una adecuada orientación sexual de sus padres. Evidentemente tiene plena libertad de consultar internet, libros, videos, películas, todo tipo de material pornográfico, perjudicial, no apto para su edad, desviando su orientación sexual, declarándose bisexual públicamente”, dice la misiva.

“Es una decisión lamentable, que envía un pésimo mensaje a las víctimas de discriminación y violencia en los colegios. El Consejo de Estado asumió un formalismo en el que no analizó la complejidad del caso. Con la muerte de una persona no desaparecen los derechos. Cuando alguien muere como murió Sergio, con un acto previo de discriminación, sus compañeros de estudio, sus familiares y sus amigos tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación de su integridad y buen nombre, según jurisprudencia internacional y de la Corte Constitucional que, además, ha sido clara en decir que la tutela tiene carácter restaurativo y preventivo para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, dijo Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, quien ha asesorado el caso.

Por esa razón, Alba Reyes pedirá el miércoles a la Corte Constitucional que revise la decisión, ya que no existe otro mecanismo para que el colegio pida disculpas públicas; para que le dé el grado póstumo que no quisieron reconocerle a pesar de haber cobrado los derechos de grado; para que se revise el abuso de las autoridades y, sobre todo, para que se modifiquen los manuales de convivencia de los colegios y la política educativa para que nadie en un futuro sea discriminado por su orientación sexual. Por todo lo anterior, el miércoles está convocado un plantón de protesta contra el fallo del Consejo de Estado frente al Palacio de Justicia, desde las 10:00 a.m.

La decisión del Consejo de Estado se conoce luego de que Alba Reyes decidió impugnar el fallo en primera instancia que el Tribunal Administrativo dio sobre el caso, porque a pesar de haber reconocido que su hijo fue discriminado y amparó los derechos al buen nombre, la dignidad, la intimidad y la honra familiar, afirmó que era competencia de la Fiscalía definir las responsabilidades por su muerte y su reparación.

En su momento, el Tribunal Administrativo afirmó: “El nexo de causalidad que realizó la rectora, entre la supuesta desviación sexual y la vida familiar del estudiante Sergio, acompañado de la censura y el reproche moral, invadieron el ámbito de protección de su integridad moral y ahora la honra de su familia, pues implicó la construcción de un referente social excluyente que, hoy por hoy, es objeto de señalamiento público”.

* Nherrera@elespectador.com / @Natal1aH