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Una semana de retraso y el tiempo justo para presentar la ponencia son los dos factores que marcan la parada en la discusión por el proyecto de acuerdo que presentó la alcaldía para establecer estímulos y otras disposiciones tributarias para la ciudad. Aunque el gabinete distrital, en cabeza de la Secretaría de Hacienda, tenía prevista la presentación formal del proyecto ante la comisión primera de Hacienda, en el Concejo, el trámite se dilató una semana más debido a la radicación de impedimentos que, apenas en la sesión plenaria del 28 de agosto esperan sacarse adelante.
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Mientras tanto, los tiempos para que la presentación se dé y, sobre todo, se conozcan las ponencias sobre el proyecto de los tres concejales seleccionados, se tornan estrechos y podría darse el caso de sesiones extraordinarias para que la comisión discuta el proyecto y lo pase, eventualmente, a la plenaria para su aprobación o descarte.
Fuentes en el cabildo le contaron a El Espectador que, al parecer, la corporación se encuentra en algo así como una “operación tortuga” para ganar la mayor cantidad de tiempo posible. En efecto, al ser esta una discusión sobre impuestos, tema álgido de impacto directo al bolsillo, y sobre todo en víspera preelectoral, los concejales y demás actores implicados en la discusión se encuentran barajando minuciosamente todas las cartas de cara a lo que será la intervención.
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Por el momento, las bazas parecen equilibradas respecto a los tres ponentes, aunque podrían decantarse para uno u otro bando —es decir, para quienes se oponen y apoyan el proyecto— dependiendo de la postura en la ponencia que tome la cabildante Diana Diago, del Centro Democrático, una de las tres concejales designadas para esta función. Los otros dos, son el concejal Julián Espinosa, de la bancada Verde, que ya mostró su postura en contra, y la cabildante Cristina Calderón, del Nuevo Liberalismo, partidaria de la propuesta del Distrito. De momento, Diago ha manifestado que ella y su equipo se encuentran analizando la propuesta, con el fin de encontrar la solución más sensata para la ciudad.
Ya con el tablero definido, al menos en el primer debate, el proyecto pasaría a plenaria con más o menos ajustes, según el sentido de las ponencias. De momento, la postura de la concejal Diago funciona como bisagra para las condiciones en las cuales se discutirá la plenaria. Por ejemplo, en caso de que su ponencia sea positiva al proyecto, pero con algunos ajustes en temas críticos como el del impuesto del alumbrado público o del ICA, el proyecto avanzaría, aunque con cambios importantes, a la plenaria. Sin embargo, —aunque dada la correlación de fuerzas, en la comisión compuesta por 13 cabildantes resulta improbable—, si la concejal se decanta por la ponencia negativa, al ser dos ponencias negativas, el proyecto se hundiría.
En cualquier caso, todos los escenarios parecen apuntar a que la propuesta del Distrito no pasará ilesa del primer debate, ya que en un tema de índole técnica como este, siempre se deben surtir ajustes al borrador original para llevarlo a plenaria, en donde usualmente los cambios a la propuesta discutida son mínimos. De hecho, en reformas tributarias pasadas (como el Estatuto Tributario de 2017 y 2021), la mayor parte de cambios en tarifas, plazos y exenciones se dieron en primer debate, no en plenaria.
Con este panorama, es necesario comprender cuáles son los aspectos clave de este plan de incentivos tributarios, como lo llama el Distrito, o reforma tributaria encubierta, como la adoptaron sus detractores, con el fin de divisar el vaivén de la discusión de los próximos días.
Lo primero: ¿Puede el Distrito llevar a cabo el proyecto?
En primer lugar, una vez se conoció la intención del Distrito para la formulación de incentivos y ajustes al esquema tributario de la ciudad, se dio una discusión respecto a si la Alcaldía tenía las competencias necesarias para efectuar su idea. Algunos juristas manifestaron que la ciudad estaría usurpando competencias, en caso de aprobar este acuerdo, por cuanto “Las exenciones tributarias son únicamente del resorte del Congreso, así sea para tributos territoriales. No hay ley habilitante para concederlas tampoco. Solo les queda poner tarifa cero y manejar cuantía de tarifa. Esa competencia que tiene el Concejo Distrital debe acompasarse con la facultad legislativa del Congreso y la Constitución. No tienen ley habilitante para exenciones”.
Frente a esto, El Espectador consultó al equipo de la Secretaría Jurídica del Distrito, el cual acompañó a la cartera de Hacienda en la formulación del proyecto. Ellos comentaron que “de conformidad con los artículos 287, 300-4 y 313-4 de la Constitución Política, las entidades territoriales tienen autonomía para administrar sus intereses, dentro de los límites de la Constitución Política y la ley, lo que a su vez permite que tanto las asambleas departamentales como los concejos municipales y distritales, puedan adoptar los tributos previamente autorizados por la ley”.
Y agregaron “siguiendo lo expuesto, el numeral 3° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 señala de forma expresa que el Concejo de Bogotá puede establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquellos. En consecuencia, el Concejo es competente para conocer de esta propuesta”. Por lo tanto, advierte la cartera, el Distrito tiene la competencia y la propuesta ya pasó por todos los filtros del mecanismo de control de nulidad, que se surte ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, por consiguiente, defendieron la legalidad del proyecto.
Apoyos y cuestionamientos
En la mesa de discusión ya hay dos concejales que han manifestado su apoyo y contrariedad con el proyecto. Julián Espinosa, del Partido Verde y ponente del proyecto, critica que la reforma aumentará la carga tributaria en los bolsillos de los bogotanos, pero no resolverá los problemas de fondo. Según explicó el cabildante, el verdadero eje de la reforma es el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), con el cual la administración propone pasar de 13 a 4 tarifas bajo el argumento de simplificar el sistema. Sin embargo, esta supuesta simplificación esconde lo esencial: un incremento masivo en la carga tributaria de los comerciantes.
Actualmente, apostilló Espinosa, Bogotá recauda $6,9 billones por este concepto y con la reforma se pretende subir a $7,6 billones, es decir, casi $700 mil millones adicionales. Actividades como la venta de motos y vehículos subirían del 6,9 al 11 por mil; servicios como peluquerías, del 9,6 al 11 por mil; bares, restaurantes y comercio de bebidas alcohólicas y tabaco, al 21 por mil; al igual que las entidades financieras. Una de las mayores preocupaciones es que los derivados del petróleo también tendrían una tarifa de 21 por mil, sin que haya claridad sobre si incluye aceites, aditivos y otros insumos de alto consumo por parte de los bogotanos. “La Alcaldía pretende pasar de 13 a 4 tarifas del impuesto de industria y comercio bajo el argumento de simplificar el sistema”, puntualizó.
En respuesta a esa observación, la Secretaría de Hacienda le comentó a El Espectador que “las tarifas del ICA graban actividades comerciales relacionadas con vehículos automotores, y no se busca discriminar entre automóviles o motocicletas. Dicho esto, además del comercio minorista de combustibles, cuya tarifa se reduce de 13,8 a 11 por mil, hay tres actividades comerciales directamente relacionadas en este mercado: la venta de vehículos nuevos y usados, la comercialización de piezas y autopartes y la venta de lubricantes, aditivos y productos para limpieza. Para las dos últimas, como ya se dijo anteriormente, se reduce la tarifa en la propuesta presentada ante el Concejo de Bogotá D.C.. En el caso de la venta de vehículos automotores nuevos y usados, la información estadística disponible indica que sus comerciantes tienen un promedio de ingresos anuales grabables, que pueden ser hasta 24 veces más altos que el del resto de comerciantes en las otras dos actividades del mercado”.
Asimismo, otro punto crítico de la reforma radica en las exenciones que se aplicarían, en materia inmobiliaria, en las Actuaciones Estratégicas Distrito Aeropuerto Engativá y Fontibón. Espinosa cuestionó estos alivios tributarios, al señalar que están mal diseñados. “El Distrito dejaría de recaudar 140 mil millones de pesos para beneficiar inversiones únicamente en Engativá y Fontibón, las zonas aeroportuarias, mientras la mayoría de comerciantes y servicios recibirían más impuestos. Este proyecto beneficia a grandes constructoras y empresas que ya concentran el desarrollo económico de la ciudad, mientras se abandonan más de 20 zonas que sí requieren inversión y empleo, como el Eje Tintal, el 20 de Julio, el Borde Usme, Puente Aranda o Las Ferias”, enfatizó.
No obstante, para la Secretaría de Hacienda, la atracción de inversión a las AE y la carga tributaria para los pequeños y medianos comerciantes no son factores excluyentes. “Los cambios tarifarios en el ICA contemplados en el proyecto de acuerdo 767 de 2025 beneficia al 86% de los comerciantes micro y pequeños y al 79% de los comerciantes medianos, con una reducción estimada de 0,2 puntos porcentuales en lo que representa este impuesto en sus utilidades anuales antes de impuestos.
Finalmente, la atracción de grandes inversiones generará un efecto dinamizador y de encadenamientos productivos en el resto de la economía bogotana, que también pueden beneficiar a los comerciantes pequeños y medianos, pues crearán nuevos empleos formales y generarán un mayor ingreso disponible para los hogares, que redundarán en un incremento de la demanda interna en sectores comerciales y de servicios”, comentó la cartera de Hacienda a El Espectador.
Por su parte, Cristina Calderón, cabildante que seguro presentará ponencia positiva al proyecto, enfatizó que este acuerdo no se queda solo en beneficios para la inversión privada, sino que también fortalece la capacidad social del Distrito. “Hablamos de más recursos para programas sociales como los subsidios de transporte para personas del Sisbén A y B, o la ampliación de cobertura para adultos mayores, que pasará de 38.000 a 71.000 beneficiarios. Así se conecta el crecimiento económico con la justicia social”.
Precisamente, la concejal Calderón defendió el tributo al alumbrado público, con el cual la ciudad recaudaría $370.000 millones para mejorar la infraestructura de luz pública a la ciudad y modernizarla. Este tributo ya se cayó durante la discusión del Plan Distrital de Desarrollo, en los albores de la administración Galán, y para este caso, se antoja como un punto álgido para inclinar la balanza en el Concejo a favor o en contra de la propuesta tributaria del Liévano. “El plan incluye además la modernización del alumbrado público con más de 100 mil luminarias LED, nodos de telegestión y nuevas instalaciones por año, todo financiado con un esquema transparente y sostenible”, acotó la concejal.
Con estas aristas sobre la propuesta tributaria del Distrito comenzará la discusión en el Concejo. Después la discusión del Plan Distrito de Desarrollo, esta sería la discusión más importante que libra el cabildo en su segundo año de conformación. La ciudadanía, en cualquier caso, deberá estar informada y vigilar de cerca lo dicho en la conversación, con el fin de conocer cuáles serán sus obligaciones tributarias y de qué forma el proyecto cambiará su realidad económica.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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