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La denuncia de la alcaldesa Claudia López sobre el reclutamiento de jóvenes de la llamada primera línea por disidencias de las Farc y su llamado a investigar no es una denuncia nueva. Desde 2018, la Defensoría del Pueblo, a través de su sistema de alertas tempranas, ha hecho un análisis riguroso de las dinámicas del conflicto en la capital y en los municipios aledaños, que han dado pie a una serie de advertencias sobre el riesgo latente al que se ven sometidos niños y jóvenes, especialmente de comunidades vulnerables.
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Según Ricardo Arias Macías, Defensor para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos Sistema de Alertas Tempranas (SAT), en los llamados se han expuesto amenazas de reclutamiento de menores y jóvenes, pero también de uso y utilización, dos conceptos diferentes.
Las alertas comenzaron en tres UPZ de Ciudad Bolívar, luego Soacha y, a partir de ahí, localidades del borde oriental y del occidental, municipios aledaños y finalmente la región del Sumapaz. La amenaza coincide con la teoría del corredor que vienen adecuando los grupos ilegales, para controlar rentas ilegales y tener paso desde el sur hasta el norte del país.
En su escalada, no solo han cooptado, desplazado o eliminado grupos de delincuencia común. También se han dedicado a buscar víctimas para ponerlas al servicio de una larga cadena criminal. El paro nacional, según la alcaldesa, fue un escenario que aprovecharon las disidencias para reclutar jóvenes, pero desde mucho antes, en los barrios y en la zona rural, este delito ha estado activo y creciendo.
Serie de advertencias
Ante la presencia de grupos como Autodefensas Gaitanistas, Rastrojos, Águilas Negras, Los Paisas, ELN y disidencia de las FARC, en abril de 2018 se conoció la Alerta Temprana 30, que puso el tema del reclutamiento sobre la mesa. Pidió medidas de protección para pobladores de Arborizadora, Lucero, El Tesoro, Perdomo y Jerusalén, en Ciudad Bolívar. Al riesgo de homicidios, desapariciones, torturas, desplazamientos, violencia sexual y masacres, advirtió el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, en especial en alta vulnerabilidad socioeconómica. Desde entonces pidió a la Alcaldía, la Personería y el ICBF aplicar las rutas “de prevención temprana, urgente y en protección del reclutamiento de jóvenes en Ciudad Bolívar”.
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Tres meses después fue Soacha, donde advirtió que los niños y jóvenes, fuera de ser las principales víctimas del conflicto armado (49 %), estaban sometidos a la presión para vincularse a sus grupos ilegales, ofreciéndoles dinero a cambio de “hacer mandados”. Esto llevó a varias familias a huir del municipio. A finales de 2018 las denuncias involucraron a Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, donde alertaron cómo a los jóvenes los estaban vinculando a actividades ilícitas (transporte y venta de drogas) o a ser instrumentalizados para extorsiones, sicariato y explotación sexual. A esto se sumaron las tareas de reclutamiento y adoctrinamiento del ELN, en evidencia con la captura en 2018 de un comandante en Bogotá, “que permitió afianzar las inferencias sobre reclutamientos”.
En julio de 2019, junto a Ciudad Bolívar se sumaron Bosa y Kennedy, donde puntualizaron que, en el caso del reclutamiento, eran vulnerables estudiantes de universidades y colegios públicos; desmovilizados y en proceso de reintegración, “sobre quienes se cierne la presión para sumarse a grupos ilegales”. A la presión del ELN, contaron como las disidencias de las Farc, el 16 de julio de 2018, reclutaron niños, niñas, adolescentes y jóvenes afro, a quienes les ofrecieron $2 millones para involucrarse en el expendio de drogas. A pesar de las alertas, “persistieron los asesinatos de jóvenes, indígenas y afrodescendientes, amenazados por rechazar las ofertas”.
Más allá de Bogotá
Desde noviembre de 2019 a la fecha se emitieron nuevas alertas que incluyeron las localidades de Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, Usaquén, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba, Usaquén y los municipios de Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía Sopó, La Calera, Gusca, Choachí, Ubaté, Chipaque, zonas ubicadas en dos “corredores de movilidad utilizados por grupos armados ilegales para dinamizar economías ilegales, entre otras fuentes de financiación”.
Allí el ELN y las disidencias de las FARC, indicó la Defensoría, también reclutaron. Prueba de ello es la muerte de una niña (reclutada en Bogotá) en el bombardeo de la Fuerza Pública, en el municipio de San Vicente del Caguán. Por su parte, la Procuraduría denunció en 2020 el reclutamiento ilícito y uso de menores en la pandemia y referenciaron la denuncia de Afrodes, sobre el reclutamiento de 10 jóvenes, en la comuna IV de Soacha, de los cuales uno fue asesinado en Bello (Antioquia).
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En febrero del año pasado se conoció el diagnóstico en la región de Sumapaz, incluida la zona que corresponde a Bogotá y los municipios aledaños como Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy, Viotá (Cundinamarca) e Icononzo (Tolima), donde el vacío de poder que quedó en algunas zonas, tras el proceso de paz, llevó a que nuevas organizaciones llegaran a reacomodarse en el territorio, lo que tiene en vilo la tranquilidad de la región, por el aumento de amenazas, extorsiones, desplazamientos y reclutamiento forzado.
“Tanto la nueva Marquetalia, como las disidencias de Gentil Duarte, han invitado a pobladores de la región a unirse a las filas; se pudo evidenciar un incremento en las denuncias sobre llamados a participar en reuniones. Además, un miembro de una organización que trabaja con niños denunció que fue abordado por disidencias de las FARC para pedirle una reunión con los niños. Este tipo de conductas vulneratorias, demuestran el interés de reclutamiento de estos grupos. “Esta clase de actividades demuestran los riesgos inherentes para niños y jóvenes, quienes, especialmente luego de la pandemia COVID19, han rebuscado medios para ayudar económicamente a sus familias”.
A esta denuncia se suman tres de reclutamiento forzado de menores, en julio del año pasado, en Pasca, Tibacuy y Fusagasugá, por cuenta de las disidencias de las Farc. Durante el monitoreo, dice la Defensoría, se pudo evidenciar preocupación de habitantes y estudiantes de Pasca, Tibacuy, Viotá, y Fusagasugá, por posibles acciones de reclutamiento forzado. Algunos denunciaron que, en ocasiones, desconocidos en camionetas se parquean a las afueras de algunos colegios “ofreciendo kits escolares, perfumes, regalos o trayectos hasta sus casas o veredas, quedando de esta manera expuestos a ofrecimientos de vinculación a bandas, estructuras y organizaciones”, dicen los informes.
El monitoreo ha sido permanente, pero conocer cifras precisas de cuántas víctimas ha dejado el reclutamiento o la utilización de niños y jóvenes por cuenta de los grupos ilegales, no es fácil. “Hay un subregistro grande, es difícil encontrar denuncias. Se dan más por desaparición y con el tiempo se confirma que fue reclutamiento. Ahí juega un papel importante las organizaciones sociales, que denuncian este tipo de desapariciones, así como el ICBF, porque allí llegan niños desvinculados, que ratifican las denuncias de la Defensoría. Es muy difícil tener cifras en detalle”, puntalizó Arias Macías.
Por ahora, las alertas siguen vigentes y la amenaza persiste en varias de las localidades de Bogotá. Ahora que piden investigar el reclutamiento de algunos jóvenes de la llamada primera línea, es momento de que se dé una mirada a lo que viven otros barrios de la capital y los municipios aledaños, para contrarrestar un delito que le está robando el futuro a centenares de jóvenes, vinculándolos a un conflicto en el que no deberían participar.
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Por Alexánder Marín Correa
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