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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio hasta el 17 de junio para que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el Ministerio de Minas y el Instituto Alexander von Humboldt entreguen conceptos técnicos, que ayudarán a destrabar un viejo pleito: el futuro del proyecto de transmisión eléctrica Chivor II. Todo, porque, a la fecha, no existe solución que concilie la necesidad del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), de avanzar en la obra para aumentar el suministro de electricidad para la capital, y la lucha de algunos habitantes de la Sabana Norte, por proteger la reserva forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá.
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Dichos conceptos los ordenó tras las audiencias públicas, donde se confrotaron voceros locales con los delegados de Enlaza (filial del GEB). Al final de los debates, la ANLA aplicó el principio de precaución y congeló el trámite de Modificación de Licencia del promotor de la línea. Vale aclarar que la suspensión solo abarca su tramo más polémico: el trayecto final, de 15,6 kilómetros y 29 torres, que pasa por los municipios de Tabio y Cogua. Ahora, este compás de espera institucional, servirá para analizar el impacto arqueológico, el efecto de los campos electromagnéticos sobre la fauna, y la biodiversidad, antes de tomar una decisión sobre el trazado.
Movimiento del tigrillo
En el corazón del movimiento civil que se opone a la obra está Birna Ávila, lideresa del “Movimiento por el Tigrillo”, colectivo que asumió la defensa técnica del territorio. Ante la desconfianza por el planteamiento inicial de la obra, los vecinos instalaron cámaras trampa en los bosques nativos de Tabio y las zonas altas de Cogua. El hallazgo fue inapelable: en las áreas de influencia donde se instalarán las torres se mueve el tigrillo lanudo o de montaña. Este esfuerzo local escaló hasta convertirse en una causa nacional, que sumó 81.000 firmas, para exigir la protección del ecosistema. Por eso, para la comunidad, la reciente suspensión de la ANLA representa un logro, pero aun no una victoria.
“La licencia original de 2020 se aprobó, prácticamente, a puerta cerrada, en plena pandemia y sin veeduría seria”, denuncia Ávila. “El GEB entregó los folios masivos que hacían falta y, en un solo día, la ANLA les dio el visto bueno. Hicieron análisis superficiales con drones, para evitar caminar el territorio, omitiendo nacederos clave e inventarios de flora críticos, que hoy seguimos defendiendo”.
El biólogo y profesor de la Universidad Nacional, Hugo López, quien estudia y acompaña la minucia del proyecto, eleva el rigor del debate con un hito científico reciente: el Felino Lanudo de los Andes fue redescrito taxonómicamente como una especie nueva, el Leopardus pardinoides, lo que obliga a un blindaje de conservación estricto por ser endémico de bosques de niebla.
Sobre el estudio de impacto ambiental, que elaboró la consultora Procat para el GEB, el profesor López, indicó que “usaron modelos teóricos para decir que en Tabio había una ‘baja probabilidad’ de presencia del felino. Pero si dicen que es baja y la comunidad lo tiene en video, la probabilidad real y científica está. El Instituto Humboldt no lo puede ignorar”.
Agua y minifundios
El profesor Hugo López advierte que la vertiente occidental de Tabio está fragmentada en pequeños predios campesinos donde nacen las cabeceras de cuenca que alimentan los acueductos veredales de la región. Señala que el trazado afecta zonas de recarga hídrica. La cimentación de las estructuras de acero y la apertura de caminos de acceso conllevan el riesgo de intervenir o desviar los nacederos subterráneos, lo que compromete el autoabastecimiento de agua potable para cientos familias.
A este riesgo se suma una dinámica ambiental forzada por el previsible desplome del valor de la tierra. Al perder el patrimonio comercial de sus lotes por la presencia de torres, algunos propietarios se ven empujados a talar el bosque nativo restante para introducir ganadería o cultivos intensivos para intentar hacer productivo el suelo. “Es una realidad. Ya tenemos casos en zonas de reserva. Esa transformación acelera la deforestación y altera la cobertura boscosa que regula el agua”, advierte el profesor.
La contraparte: sistema al límite
En la otra orilla del debate, Fredy Zuleta, gerente de Enlaza, defiende la gestión de la compañía y redimensiona las proporciones del conflicto con cifras macroestructurales. Para la empresa, el proyecto Chivor II (que contempla 169 kilómetros y 366 torres) no está suspendido en su totalidad: el 92% cuenta con licencia ambiental en firme y el 73% está físicamente construido.
Desde lo estructural, dice que la Sabana se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. El crecimiento demográfico, la electrificación de la industria y la llegada inminente de megaproyectos de transporte como el Metro y el Regiotram exigen una energía que la región central no puede autoabastecer. Agrega una cifra crítica: la planta Termozipa lleva tres años operando de manera continua al 100% de su capacidad, quemando combustibles fósiles de alto costo y generando masivas emisiones de CO2, cuando su naturaleza técnica es ser solo planta de respaldo. El directivo matiza el concepto alarmista de “apagón”, pero advierte la gravedad de la situación si las líneas no entran en operación a mediados de 2027: “El sistema va a ser incapaz de atender la demanda y tocará apagar por horas algunas zonas”.
La legitimidad territorial
Respecto a la resistencia en Tabio, Zuleta expone los mapas de calor de la compañía, para demostrar que la oposición pasó de ser un fenómeno regional a quedar aislada en focos específicos. Además, señala una marcada anomalía estadística en los expedientes de la ANLA: en Tabio hay solo 18 torres que afectan a 18 propietarios directos y la empresa ya firmó acuerdos con 16 de ellos (los dos restantes están frenados por procesos de sucesión).
Por otro lado, defiende el estudio del tigrillo hecho por Procat y advierte que las torres no representan una amenaza para al especie, como sí pueden ser manadas de perros ferales y los consabidos atropellamientos. “Es llamativo que si un proyecto es tan grande y cruza tantos municipios, tenga casi todos sus terceros intervinientes concentrados en Tabio, con 165 intervinientes registrados ante la ANLA. Eso habla de dónde está la conversación. La veeduría representa una visión de municipio, pero no corresponde a los dueños de los predios”, argumenta Zuleta, sugiriendo que la oposición es un movimiento de opinión local y no una afectación real de los propietarios de la tierra. Resalta que Enlaza ha sido flexible al realizar más de 170 modificaciones de diseño, para mitigar impactos y adaptarse a las solicitudes de las comunidades.
“En el fondo, esta discusión va más allá del trazado de unas torres o de los indicadores de una matriz energética. Se trata del proyecto de territorio que queremos”, concluye el profesor López. “Bogotá ya demostró con la crisis de Chingaza la vulnerabilidad de depender de ecosistemas externos conectados por cables y tubos mientras se destruye el entorno local. Lo que está en disputa es si la Sabana será solo un corredor de servicios para el crecimiento de la capital o si se preservará el agua, el suelo rural y la biodiversidad como la única garantía de viabilidad para las comunidades”, puntualiza el profesor López
Así las cosas, la suerte del Leopardus pardinoides, el agua de los acueductos veredales y el proyecto que definirá la estabilidad energética de la capital colombiana entran en un espacio de incertidumbre que definirá la autoridad ambiental y sentará un precedente que servirá de sustento en futuras decisiones que involucren prioridades ambintales y proyectos necesarios.
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