“Sacar la geolocalización es una canallada”

Ese es el mensaje que envían las recientes decisiones: terminar el contrato del interventor, firmar un otrosí para ampliar el contrato de cinco a diez años y modificar el anexo técnico accediendo a la exigencia de la ETB de eliminar la geolocalización de las llamadas. La única propuesta para llevar a cabo la modernización (que cumple el anexo técnico, según los que conocen el proceso) supera los $240.000 millones.

Al buscar el origen de este escándalo todo apunta a Máximo Noriega, actual director del Instituto Distrital de Participación Comunal (Idpac). A él, que hasta mayo fue gerente del FVS, le correspondió estructurar y firmar el convenio con la ETB y contratar la interventoría. Hoy, cuatro meses después de que su sucesor, Fernando Arbeláez, denunciara las supuestas irregularidades alrededor del convenio, y luego de conocer que la actual gerente del FVS sembró más dudas sobre contratos firmados durante su gestión, Noriega habla con El Espectador.

Que el convenio con la ETB para la modernización se firmó sin tener estudios de mercado; que antes de salir del FVS dejó casi todo listo para avanzar en el llamado salto tecnológico, y que los argumentos que usó la actual gerencia para terminar el contrato de interventoría no tienen sustento son algunas de sus declaraciones. Aunque muchas dudas se tejen alrededor de su actuación, él se defiende diciendo que todo lo hizo apegado a la ley. ¿Cuál fue su participación en los convenios con la ETB: el de operación y el de la modernización de la 123?

Me tocó la transición. Liquidé el contrato viejo porque la Contraloría hizo hallazgos, incluso penales. Encontramos elementos sin sustento que generaban dudas. Algo que nadie ha dicho es que el 22 de mayo, antes de dejar el Fondo, puse todo en conocimiento de la Fiscalía.

¿Cómo se diseñó la modernización de la línea 123?

Retomé un proyecto que venía de 2012 y tenía fundamentos técnicos, administrativos y jurídicos para establecer los parámetros del nuevo convenio. Esos insumos los discutimos con el alcalde, que designó una comisión con personal del FVS y la ETB para establecer las nuevas características.

¿Petro hizo alguna recomendación?

Que diseñáramos algo de última tecnología, la más avanzada de América Latina, y que fuera diferente a la vieja plataforma.

Si había dudas sobre lo que ya había hecho la ETB, ¿por qué hacer el convenio con esa empresa?

No podíamos dejar la ciudad sin la línea. Se contempló contratar por licitación, pero era demorado. Además, no queríamos trampas y terminar con un call center. Por eso analizamos la alternativa de la ETB, que también tiene fundamento legal. Tiene excelentes resultados financieros y es del Distrito.

¿Por qué la modernización no avanzó en su administración?

El nuevo convenio establecía unas reglas de juego, como empezar una vez se tuviera listo el estudio de mercado. Aunque lo debía hacer la ETB, se sometía a aprobación del FVS y del interventor, lo que nos daba la tranquilidad de que no se iba a dilapidar dinero público.

¿Se hicieron el acuerdo financiero y el plan de pagos a la ETB?

No se podía porque dependíamos de lo que nos entregara la ETB. Le pedí por escrito a su presidente que nos remitiera los estudios de mercado para ver que no hubiera sobrecostos, pero cuando salí aún no me había respondido. Le escribí que para cumplir el convenio se necesitaba el acuerdo financiero, que sólo se podía construir con todos los insumos, entre ellos el estudio de mercado.

¿Y frente a los primeros cambios del anexo técnico?

Dejamos contratado el salto tecnológico de la línea 123 cumpliendo la ley y con un anexo técnico, pero hubo especulaciones sobre posible direccionamiento y se planteó la necesidad de ajustarlo. Dejé un nuevo anexo concertado y firmado entre el Distrito y la ETB, blindado ante esa posibilidad. No entiendo qué rompió ese consenso con la ETB.

¿El Fondo o la interventoría podían influir en la contratación de la plataforma nueva que haría la ETB?

Imposible. La ETB tiene la autonomía.

¿La ETB le pidió sacar la geolocalización?

No. Dejé claro que no se podía eliminar porque era dejar sin una herramienta tecnológica la nueva línea de emergencia. En algún momento sí se discutió, porque incluirla como requisito, supuestamente, podría servir para direccionar el contrato. Sin embargo, se comprobó que era falso. En una reunión, de la que hay grabación y acta, y luego de ajustar 14 puntos del anexo técnico, les pregunté a los especialistas si con el nuevo anexo había posibilidades de direccionar el convenio. Respondieron que no.

Las actuales directivas modificaron de nuevo el anexo y sacaron la geolocalización. ¿Qué opina?

No soy ingeniero, pero eso es como cambiar un teléfono de alta gama por uno de esos conocidos como flechas. Cambiar una herramienta que le brindaba seguridad y precisión a la línea de emergencia es una canallada con la ciudad.

¿Qué tan importante era el papel de la interventoría en todo esto?

Se encargaba de aprobar los cambios técnicos y el estudio de mercado para revisar que todo estuviera a precios del mercado. Cuando estuve, se habló de que la nueva plataforma costaría entre $100.000 millones y $150.000 millones. Luego escuché que la ETB hablaba de $300.000 millones. Extrañamente resultó que la interventoría la vieron todos como el enemigo, al punto de liquidarle el contrato. ¿Por qué el desespero de acabar con la interventoría, aduciendo cosas falsas?

¿Por qué ahora decide hablar?

Como se han generado muchas especulaciones, es bueno precisar algunos asuntos. No lo había hecho por instrucción del alcalde Gustavo Petro. Preferimos no hablar y esperar a que todo lo investiguen los entes de control.

¿Cómo contrató a Infotic para encargarse de la interventoría?

A través de un proceso público. Mientras estuve, Infotic jugó un papel fundamental. Como nosotros no teníamos el conocimiento técnico, ellos fueron herramienta clave para no cometer errores.

¿Qué piensa de que le hubieran terminado el contrato a la interventoría?

He escuchado que los argumentos no son sólidos. Desconozco qué razones motivaron la decisión. Aunque no quiero abrir discusiones, no admito que digan que esos contratos fueron mal diseñados y mal adjudicados. Que los organismos de control digan qué ocurrió.

Dijeron que Infotic tenía un conflicto de intereses que le generaba una nulidad.

Desconozco si tuvo un interés particular o indebido. Si alguien puede demostrarlo, que lo denuncie.

Ese conflicto sería por dos contratos que usted le adjudicó.

Fueron dos procesos públicos y no había ningún inconveniente legal. Estuvieron bien fundamentados y tengo plena tranquilidad.

Otra razón fue que Infotic subcontrató a otra empresa para la interventoría. ¿Estaba prohibido?

No, y cito el caso de la ETB, que lleva años firmando convenios con el Distrito y subcontrata las asesorías, las obras y la ejecución de otros contratos. En Infotic fue lo mismo. Luego de firmar el convenio no nos metemos en sus procesos de contratación. A nosotros nos importa que cumplan.

En medio del escándalo se habló de falta de claridad en las cuentas de la ETB. ¿Era importante tener esa claridad?

Es esencial. Sin eso, no se puede cumplir el convenio. Y esa era una de las peleas de la interventoría: que si la ETB no le suministraba lo necesario, no podía avanzar el convenio. Solicité esas cuentas, pero no las conocí.

La actual gerencia del Fondo sacó a relucir contratos, que usted firmó, como sospechosos.

No conozco a la nueva gerente. Creería que es juiciosa y respetuosa del derecho. Si hay algún asomo de duda, que lo notifique a los entes de control.

¿Con usted se habló de un otrosí al convenio con la ETB para modernizar la 123?

No, y, la verdad, no sé para qué lo querían hacer.

Hay muchas dudas sobre la modernización y algunos contratos del Fondo recaen sobre usted. ¿Qué piensa?

Puedo decir que, en mis 18 años de vida pública, nunca he tenido un proceso disciplinario. Por algo sencillo: todas mis actuaciones han sido apegadas a la ley. Opinar algo más sería sumar nuevos elementos a las especulaciones.