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Desde que Marisela Jaimes huyó de Venezuela, en 2022, y llegó a vivir a Bogotá, su hija, con síndrome de Down, no ha tenido control neurológico, revisión de la tiroides ni de corazón. Su situación es tan complicada que Marisela tuvo que tratar en casa el último ataque respiratorio que sufrió la joven, de 18 años. “Al no tener los documentos no nos atiende ninguna entidad. A donde vamos nos retiran”, narra. Este es reflejo de las dificultades que enfrenta esta población al acceder a servicios de salud. Según un sondeo de la Personería de Bogotá, el 19 % de solicitudes que recibe de los migrantes se concentran en dos temas: salud y empleo. Las mujeres son las más afectadas.
A la fecha, el Distrito ha entregado 312.436 Permisos de Permanencia Temporal (PPT) y cuenta a 615.000 migrantes. Michael Eduardo Guerrero López, personero delegado para la Defensa y Protección de DD. HH., afirma que, a pesar de los esfuerzos de la Alcaldía por entregar estos permisos, todavía hay un gran número sin regularizar. “Esto implica que los no afiliados solo pueden ser atendidos por urgencias, servicio que implica mayores costos para el Estado y no garantiza tratamiento a largo plazo, diagnóstico, atención temprana ni prevención en salud”, señaló a El Espectador.
Los problemas de salud que más reportaron las venezolanas fueron nutricionales y de metabolismo como diabetes, obesidad, desnutrición, anemia y afecciones de tiroides. Esto, en gran medida, representado en el 59 % de mujeres migrantes que respondieron que el sueldo no les alcanza para las tres comidas diarias. “Quizás una de las más grandes dificultades de refugiadas y migrantes es la oportunidad para acceder a empleo o alternativas de generación de ingresos dignas”, comentó Guerrero.
Así ha sido para Marisela Jaimes, quien tiene 47 años y trabaja cuando puede en limpieza de hogares. El resto de los días cuida a su hija que, por su condición, requiere atención especial. “Ella no tiene tratamiento. La última vez tuvo un problema respiratorio y lo tratamos de manera casera. De resto, le compro en farmacias el medicamento para la tiroides. Me angustia nuestra salud. De momento solo tenemos la cédula venezolana”.
Para Iván Mauricio Gaitán, alto consejero para Asuntos Migratorios de la Alcaldía, hay falencias en la información que reciben los migrantes, pues algunos no conocen los servicios que ha implementado la administración. “Estoy seguro de que muchas de esas mujeres carecen de información, porque los servicios están: tenemos centros nutricionales, más de siete centros de recepción de solicitudes y tres centros Intégrate”. Marisela reconoce que hace poco se enteró de las jornadas de entrega de PPT y asistió a una feria en Engativá, pero le asusta que le suceda como a sus conocidos a quienes, a veces, ni con el PPT los atienden. “Haré la solicitud y espero obtenerlo, aunque no sé bien cómo funciona y si es útil”.
El Observatorio de Venezuela, en su segundo informe trimestral de 2023, alertó en su “semáforo rojo” sobre falencias con el PPT: hay sitios que no aceptan el certificado de trámite, pese a que la validez del Certificado de Trámite PPT fue extendida hasta el 31 de diciembre por Migración. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo dijo que no es válido para el Registro de Trabajadores Extranjeros en Colombia (RUTEC)”.
Mortalidad materna
El fallecimiento de madres migrantes en el parto y sus derechos sexuales y reproductivos son otro aspecto sobre el que alertó la Personería. Su informe evidencia que la cifra de mortalidad materna es mayor que en mujeres colombianas. El Instituto Nacional de Salud registró para 2022 que el 15,5 % de muertes maternas tempranas en el país corresponden a población extranjera. Una característica es que en el 84,2 % la mujer no estaba afiliada a un sistema de seguridad de salud. Los territorios con más casos son La Guajira, Bogotá, Antioquia, Cartagena, Magdalena y Norte de Santander, según el INS.
Otro dato que resalta la Alta Consejería de Asuntos Migratorios es que cuatro de cada 10 mujeres migrantes, entre los 14 y 19 años, quedan embarazadas, y la Personería encontró que el 18 % están insatisfechas con la atención sobre métodos anticonceptivos. “Al indagar por el acceso a citología como método de prevención del cáncer cervicouterino, se identifica que el 36 % de las entrevistadas no ha accedido al control citológico en los dos últimos años”. Las localidades de Los Mártires y Suba concentran la mayoría de los nacimientos de bebés de población migrante con bajo peso al nacer y nacimientos prematuros.
“Los métodos de anticoncepción son difíciles. Pero no se puede quedar en la campaña. Tenemos que apuntarle a sensibilizar a la comunidad y su entorno. Desde la Alcaldía tenemos el programa Salud a Mi Barrio”, añadió el consejero.Por su parte, el delegado de la Personería dice que “la discriminación hacia las mujeres, el desconocimiento de ellas del funcionamiento del Estado colombiano y la desconfianza hacia las instituciones son factores que se entrelazan en este panorama”.
Las ONG perciben barreras
Gran parte de la responsabilidad de aumentar la limitada cobertura de servicios obstétricos a mujeres migrantes recae sobre las ONG presentes en el país. Por ejemplo, Humanity and Inclusion trabaja en un proyecto para el cierre de brechas. Katherine Sánchez, jefa de proyecto para salud sexual y reproductiva en Bogotá de la ONG, le contó a El Espectador que, pese a los avances, las barreras para las migrantes gestantes son inmensas.
Pero si de documentación se trata, las personas con situación migratoria regular no afrontan un panorama mejor. Esto ocurre, según Sánchez, “porque aunque estén afiliadas no les autorizan citas ni les habilitan servicios”. De igual forma, la intermediación de la encuesta del Sisbén, como instrumento de acceso a servicios, también es un obstáculo. “Desconoce sobre su función y que la actualización de datos del lugar de vivienda se debe hacer cada cuatro meses”.
Además, existe un corto circuito entre la realidad y la política pública de atención al migrante. Aunque el componente legislativo de la acción administrativa contempla que las migrantes tienen derecho a recibir atención médica, sin importar su estatus migratorio, Katherine Sánchez explica que la dinámica es distinta en los hospitales. “Pese a que el control prenatal es una necesidad, las mujeres solo pueden recibir el servicio cuando, según el criterio del funcionario, se corrobore una urgencia vital. Pero la funcionaria denuncia que no hay alfabetización por parte de las entidades y las migrantes, que impiden que la reglamentación existente se aplique correctamente. “Se evidencia un desconocimiento sobre los derechos de estas mujeres, y también por parte de ellas, sus derechos a la hora de pedir citas médicas”. Sánchez agregó que, a veces, las mujeres son blanco de maltrato por los funcionarios de centros médicos, por su condición de migrante.
Los expertos y entes de control están de acuerdo en que se requiere pensar en estrategias de regularización migratoria para la población que ya está en el país y no pudo acogerse al Estatuto Temporal de Protección por distintas razones. Estas, a su vez, deben ir de la mano con la continuidad de planes para la afiliación de más migrantes y aplicar los servicios de salud pública de la población no asegurada.
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