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Un cable aéreo de 2,8 kilómetros, que pasará por encima de la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá, está cerca de volverse realidad; al menos se materializará en papel con la adjudicación del contrato de construcción, que se hará este martes 11 de abril, un proceso que han intentado sacar adelante durante 12 años.
En la puja por el contrato de $341.000 millones, del que sería el segundo cable de la ciudad, están dos uniones temporales conformadas mayoritariamente por Doppelmayr y Poma, dos gigantes europeas de la construcción de este tipo de sistemas de transporte que se ha expandido en Latinoamérica en las últimas décadas.
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Las expectativas son enormes. En la zona de influencia están tres Unidades de Planeamiento Zonal (Veinte de Julio, San Blas y La Gloria) en las que viven más de 403.000 personas, quienes esperan desde 2017 que se priorice el proyecto, el cual promete tener dos paradas y un viaje que durará cerca de 10 minutos, en vez de la hora en bus que tardan los habitantes de las zonas más alejadas.
El proceso
El camino a la adjudicación del proyecto no ha sido corto ni directo. De la propuesta se comenzó a hablar en la alcaldía de Gustavo Petro (2012-2016), cuando se firmó un convenio con el metro de Medellín para hacer los estudios de factibilidad de los cables en Ciudad Bolívar, Usme, Usaquén, Santa Fe, Chapinero y San Cristóbal, según el IDU.
Como resultado, se dio viabilidad a las obras en San Cristóbal, pero en las discusiones del cupo de endeudamiento, en 2017, se decidió trasladar los recursos del cable a otros proyectos de movilidad en la ciudad. Por lo que, solo hasta 2020, con la llegada de Claudia López, se volvieron a asignar recursos y se actualizaron los estudios.
Fue así como, en octubre de 2022, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) abrió licitación para la construcción del cable. Sin embargo, con más de 600 observaciones por parte de los proponentes, la licitación se declaró desierta por las preocupaciones del riesgo cambiario.
“En ese momento lo que hicimos fue llamar a las empresas que habían estado interesadas durante la licitación, para entender qué había ocurrido, y la preocupación de los oferentes era el aumento del costo de los insumos con que se construyen los cables, a causa de la inflación en Europa, que llegó a superar casi el 20 % en el segundo semestre de 2022, por lo que agregamos $30.000 millones al presupuesto”, dijo Diego Sánchez, director del IDU, a El Espectador.
Sumado a esto, el funcionario indica que el mercado para este tipo de infraestructuras es reducido, por lo que en la licitación no establecieron diseños en detalles de todo el proyecto, para que el ganador del contrato adapte sus equipos y tecnologías. Tan solo en los componentes electromecánicos se invertirán $14.000 millones.
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El proyecto incluye la construcción de tres estaciones, 22 pilonas (las torres que sostendrán las 144 cabinas del cable) y la intervención de más de 17.000 metros cuadrados de espacio público, en áreas en las que hay pendientes hasta de 15 % y 20 %, como ocurre en Altamira.
¿Solución a la movilidad en las laderas?
Mientras que en Europa y Norteamérica, los teleféricos tienen fines turísticos, en Latinoamérica se han terminado adaptando como medios de transporte masivo para barrios de laderas, donde el desafío es construir alrededor de las obras de infraestructura de movilidad.
Según la última encuesta de movilidad en Bogotá, en San Cristóbal la mayoría de los viajes se hacen a pie (44 %), seguido de medios como Transmilenio y SITP Zonal (12 %).
De esta manera, con una capacidad inicial de 4.147 pasajeros por hora por sentido, se espera que el 70 % de los usuarios del cable aéreo sean de San Cristóbal, mientras el restante serán usuarios ocasionales que van por turismo.
Para Germán Prieto, experto en movilidad urbana de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a pesar de la rigidez de adaptabilidad del sistema en términos de cobertura y capacidad, “un cable aéreo debe ser visto no como cualquier medio de transporte, sino también como una intervención social, que viene con acercamiento de un sector de la ciudad, en particular de menores recursos, a todas las ofertas de las urbes”.
Por esta razón, aunque hay resistencia porque la realización del proyecto implicaría la compra de 122 predios de la zona, la renovación urbana será parte importante para potencializar la capacidad turística del sistema y la organización tanto social como urbanística de la zona, en la que se invertirán más de $21.000 millones adicionales al contrato a punto de adjudicarse.
Además, según el IDU, las obras generarán más de 3.000 empleos, así como el cable tendrá siete corredores urbanos, dos ejes ambientales y cuatro comerciales, ya que en los alrededores de las estaciones se desarrollarán proyectos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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“Lo que hicimos fue incorporar alrededor de las estaciones toda una serie de equipamientos que van a permitir generar una revitalización de los barrios en donde no hay mucha infraestructura social, educativa ni de salud. Por eso se tienen tres zonas de intervención, en la que la principal será en la estación de Altamira, que es más la que está más arriba, es donde hay más falta de equipamientos sociales”, indicó Sánchez.
De esta manera, se espera que este martes se defina la empresa en cargada de liderar la transformación, a través del transporte, la parte alta de la localidad de San Cristóbal, que podría en un futuro expandirse a el ramal Juan Rey. Por el momento, con el desarrollo de otros seis cables en la ciudad (de los cuales se espera dejar estructurados tres este año), esta “acupuntura urbana”, como lo indicaría el arquitecto Jaime Lerner, aludiendo a la movilidad por encima del piso, parece tener el cielo como límite.
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Por Fernán Fortich
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