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La prestación del servicio público de transporte, en vehículos particulares y motos, es la principal razón por la que los taxistas anunciaron el paro nacional indefinido, que arrancaría este miércoles 22 de febrero. El gremio amarillo alega que plataformas como Uber, Didi, Cabify e Indriver, entre otras, no cumplen la ley colombiana para prestar un servicio de transporte individual de pasajeros.
La molestia no es nueva, pero esta vez fueron dos los factores que encendieron la mecha: el costo de los combustibles y un proyecto de ley, que radicó el Gobierno ante el Congreso, el cual, según los conductores, en vez de sancionar a quienes prestan servicio de transporte a través de aplicaciones, les daría vía libre para hacerlo sin la necesidad de constituir una empresa. Otra cosa dice el ministro de Transporte, Guillermo Reyes: el proyecto busca establecer y modificar el régimen sancionatorio del sector transporte, lo que serviría para luchar en contra de la ilegalidad.
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La expectativa es grande, pues según la secretaría de Movilidad, en Bogotá operan 53 empresas de taxi, con casi 50.000 vehículos y 80.000 conductoras y conductores. En el país, son casi 250.000 vehículos. En las cuentas de los que convocaron al paro, estiman que el 70 % de los conductores saldrán a protestar. Es decir, serían 200.000 en las principales ciudades. De acudir todos al llamado, seguro colapsará la movilidad.
“Esto es el trascurso normal de una defensa de un gremio que está siendo radicalmente eliminado por la informalidad e ilegalidad. La idea es que todos podamos convivir. No estamos en contra de la competencia. Si las plataformas se quieren legalizar, quieren pagar los seguros y quieren cobrar las tarifas que están reglamentadas en cada municipio, ¡bienvenidos”, dijo Julián Osorio, uno de los líderes de la movilización.
Servicio en carros particulares
El hecho de que ciudadanos trabajen en carros y motos transportando gente, sin tener las cargas impositivas que tienen los taxistas, es el principal malestar del gremio amarillo. Sin embargo, de ante mano, recalcan que no quieren paralizar la ciudad, ni afectar a los ciudadanos. Por lo tanto, rechazan amenazas como tomarse los aeropuertos y demás.
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“Somos conscientes de que tenemos que mejorar y lo vamos a hacer. Es un compromiso que tenemos todos, pero también sabemos que no podemos permitir que el transporte ilegal acabe con el sustento de tantas familias que viven en Colombia del transporte formalizado y que sea reemplazado por el transporte informal e ilegal, que no quiere tributar ni formalizarse”, aseguró el gremio de taxistas de Colombia.
Para Edison Perilla, del sindicato Taxi Plus, lo que hace falta es un control al servicio que prestan los carros particulares. “Una cosa es la plataforma tecnológica y otra es la prestación del servicio. El Gobierno sabe que rechazamos la prestación del servicio en carros y motos particulares”, agregó Perilla. Él señala que, aunque las plataformas están reguladas desde el 2015, “el Gobierno sigue siendo permisivo con la ilegalidad”.
El costo de los combustibles
De acuerdo con Julián Osorio, el aumento indiscriminado del gas, la gasolina y el diésel es la segunda razón por la que salen a las calles. “Todo esto desde que en octubre de 2022 el Gobierno anunció que se acababan los subsidios en el país”, agregó Julián. Por eso, ante el precio de los combustibles, indica que el transporte público debería tener tarifa pública preferencial, al ser los que más combustible consumen a diario.
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De acuerdo con el gremio, el aumento de la gasolina fue de $1.500 por galón y el metro cúbico de gas quedó en $1.250. Un vehículo tipo taxi gasta seis galones diarios, dicen los conductores y con los aumentos, representa $9.000 más en combustible. Esto equivale a una pérdida de $270.000 mensuales, que proyectado a diciembre 2023, serían casi $3 millones menos lo que llevan a sus hogares.
Todos sus reclamos los conoce bien el Gobierno. Los conductores señalan que desde hace cuatro meses están a la espera de que el Ministerio de Transporte y la Superintendencia respondan a sus peticiones. De acuerdo con el representante Osorio, en noviembre de 2022 se llevó a cabo el cuarto congreso de la industria del taxi en Medellín y allí trataron, durante un mes, concertar un diálogo.
Sin embargo, “el Gobierno no quiso asistir, aun así nos declaramos en asamblea permanente en noviembre, pero nunca nos buscaron. Ahora que decidimos hacer el paro, ahí sí toman la decisión de reunirse con nosotros, cuando con la ilegalidad sí se pudieron reunir y llegar a acuerdos”, resaltó Osorio.
Por eso, los diálogos de última hora fracasaron. En la tarde del martes 21 de febrero se reunieron en Bogotá los líderes taxistas de las principales ciudades con los ministros de Trabajo, Transporte, el de las TIC e, incluso, representantes del Distrito. No obstante, para los taxistas, cuatro meses de plazo fueron suficiente para esperar respuestas. Aunque el ministro Reyes prometió al gremio grandes avances, los amarillos decidieron retirarse de la reunión y continuar con los planes del paro.
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El Gobierno, por su parte, señala que “no es la primera reunión a la que invitamos a este gremio. Hemos tenido conversación permanente con ellos, en casi todo el territorio nacional”. Incluso, después de no quedar en nada, Reyes recalcó que aceptan la protesta social, pero lanzó una sentencia: “No vamos a permitir que se atente contra el interés general de las y los colombianos con bloqueos. Frente a estos, seguiremos las normas para que no se afecten los derechos de las y los ciudadanos”.
Por lo pronto, las calles de las principales ciudades de Colombia serán punto de encuentro para que los taxistas expresen sus inconformidades. Al menos en Bogotá, habrá presencia en ejes principales de movilidad, como las inmediaciones de los portales de Transmilenio Norte y Sur, Puente de Guadua (calle 80), la calle 13 con avenida Cali y la calle 26 con carreras 30, 68, 50, avenida Rojas y con Boyacá.
Es importante tener en cuenta que los taxistas planean entrar en un paro indefinido, para hacerse escuchar. Lo que tarden los manifestantes y el gobierno en llegar a consensos, será lo que la ciudadanía tendrá que soportar viendo afectada su movilidad.
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Por Sara Caicedo
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