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Se cumplió el plazo y en este martes de pascua finalmente se conocerá el futuro del relleno Doña Juana. Los jueces, que analizaron el laudo arbitral, decidirán si la Alcaldía de Bogotá, a través de la UAESP, debe pagarle al operador CGR $1,3 billones y, de paso, permitir su continuidad al frente del sitio de disposición, o si declara el incumplimiento del contrato del privado y le da luz verde a la Administración Distrital para ponerle fin a la concesión. ¿Pero, cuál es el fondo de este pleito?
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Para comenzar, vale destacar que el proceso que se está por definirse es la cúspide de un acumulado de desconfianza, incumplimientos y controversias no resueltas, que se vienen dando casi desde que se adjudicó el contrato en 2010. La diferencia, en esta oportunidad, es que las partes apostaron por quedarse con todo y quien resulte perdedor, sufrirá un gran revés, en medio de una situación particular: la vida útil del relleno está próxima a expirar.
El pleito arbitral vigente lo convocó CGR, quien demandó al Distrito. El operador del relleno insiste, casi desde que asumió la operación del sitio de disposición, que la remuneración pactada en el contrato nunca alcanzó para cubrir todas las obligaciones, entre ellas, la de renovar la planta de tratamiento de lixiviados (líquidos contaminantes de las basuras), obra que ha sido el centro del debate.
Además, menciona que la planta de lixiviados que recibió en 2010 no correspondía a la que describía el contrato, y que durante las alcaldías de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa enfrentaron líos para recibir la remuneración a tiempo. Por tal razón, alega un desequilibrio financiero y pide que se le reconozcan lo que, según sus cuentas, debió recibir en estos 12 años de labores: $1,3 billones.
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Por su parte, la Alcaldía de Bogotá, tras ser notificada de un nuevo laudo arbitral, contestó el proceso y presentó una contrademanda, señalando los incumplimientos del operador. Su argumento: el concesionario, desde que participó en la licitación por el contrato, tenía claras las reglas de juego, la remuneración y las obligaciones y, a sabiendas de las condiciones, decidió participar. Además, la inconformidad con la tarifa era algo que debía haber gestionado el propio contratista ante la Comisión Reguladora de Agua (CRA).
Según la UAESP, era obligación del operador haber hecho los cálculos de los gastos e inversiones a los que se comprometía con la firma del contrato. En este punto vale recordar que, durante la licitación, CGR ganó el contrato al presentar la oferta más baja entre sus competidores. También, que en el proceso se descubrió que uno de los miembros del consorcio presentó estados financieros en Colombia, que no correspondían a los publicados por su casa matriz en Brasil.
A pesar de que el Distrito, como entidad contratante, durante 12 años tuvo la potestad para sancionar e, incluso, caducar el contrato por los supuestos incumplimientos, no lo hizo en su momento. Ahora, está maniatado, luego de que los jueces arbitrales otorgaron medidas cautelares a favor de CGR, prohibiendo a la administración adelantar procesos e imponerle sanciones por posibles incumplimientos, hasta tanto no se resuelva el pleito actual.
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La decisión se debe conocer esta semana y versará sobre una de las demandas más cuantiosas que haya enfrentado la administración distrital. Si gana CGR, la billonaria suma la asumirán todos los bogotanos, con un elemento adicional: nada garantiza que el operador se ponga al día con los incumplimientos del contrato, ya que el dinero irá a sus arcas y será para sus socios. Si gana el Distrito, podrá cumplir el propósito con el que llegó la actual administración: recuperar el manejo del relleno.
La licencia ambiental, otro frente de batalla
De manera paralela al laudo arbitral entre CGR y la UAESP, hay otro frente de batalla: la licencia ambiental. El operador inició trámites ante la CAR Cundinamarca, con el ánimo de extender la vida útil del relleno, prometiendo planes de optimización. El efecto es que, de lograrlo, se convertiría en operador vitalicio en Doña Juana, ya que el contrato indica que la concesión se mantendrá mientras permanezca vigente el permiso ambiental.
No obstante, la Alcaldía de Bogotá se ha opuesto a dicho propósito, argumentando que la potestad de tramitar cualquier permiso en terrenos públicos de Bogotá recae sobre la administración y no sobre un particular. Así se lo dio a conocer a través de un oficio en septiembre del año pasado, al director de la CAR, Luis Fernando Sanabria. De lograr bloquear el trámite de CGR y conseguir que la licencia ambiental quede en cabeza directa de la alcaldía, será un episodio que abrirá la puerta a un pleito adicional.
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Por Alexánder Marín Correa
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