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La parte demandante pidió que se le dictara medida de aseguramiento al funcionario, petición que fue denegada por la jueza, pues no consideró que Rodríguez represente un peligro para la sociedad.
“La Secretaría de Educación fue objeto de estafa”, afirmó, por su parte, Orlando Bernal Morales, abogado de Jairo Iván Loaiza, implicado en el proceso de un sobreavalúo de más de $1.280 millones por la compra de un lote llamado El Clavel, en la localidad de Ciudad Bolívar. El predio fue adquirido para la construcción del colegio El Mochuelo Bajo, puesto que debía ser reubicado por la contaminación que sufren los alumnos debido a los malos olores que produce el relleno sanitario Doña Juana.
A la audiencia también asistieron otros tres implicados en el caso, Ángel Pérez Martínez, subsecretario de Planeación de la entidad; Liliana Gómez Vargas, interventora de la subdirección de plantas físicas, y Néstor Germán Aguirre Castañeda, antiguo dueño del predio.
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