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En el concejo de La Calera trascendió una denuncia que tiene como protagonista al prestigioso Liceo Francés. La sede campestre de este colegio internacional, ubicada en el municipio, es objeto de una controversia debido a las licencias que obtuvo para ser construida y su respectivo proceso de ampliación, contemplado en el rénder.
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Durante la sesión en la corporación municipal, del pasado 14 de febrero, el cabildante del Pacto Histórico, Javier Cifuentes, expuso las aparentes irregularidades que hubo durante el otorgamiento de licencias, para la construcción del colegio. Conforme a lo expresado por Cifuentes, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) no contempla la construcción de infraestructuras como la de la sede campestre del Liceo, en predios como el de la vereda de Chicala.
En concreto, la obra que se inauguró en 2020, como un apéndice de la sede de la institución en Bogotá, no encaja con el inciso del uso de suelo contemplado por el PBOT para ese terreno, que es Vivienda Campestre e institucional 1. Dicho aparte, menciona que los interesados en llevar a cabo actividades urbanísticas en los predios demarcados (como el del colegio), solo podrán construir infraestructuras de máximo 2 pisos, más el altillo, y deberán limitarse al funcionamiento como jardín infantil, para el caso de instituciones educativas. El problema es que el colegio tiene una infraestructura más amplia que las demarcadas en la norma y, además, tiene proyectada la construcción de dos edificios adicionales.
Dando un vistazo a la licencia original para la construcción del colegio, la 179 de 2018, a la cual tuvo acceso El Espectador, se puede apreciar que las autoridades de su momento aprobaron la construcción del colegio, aun cuando los planos contemplaban la puesta en marcha de un edificio de 4 plantas. Evidentemente, esto viola la norma urbanística del municipio y es un espacio más amplio que él requeriría, por ejemplo, un jardín infantil. Este último aparte fue ratificado por la actual Secretaría de Planeación de La Calera.
Las irregularidades, sin embargo, no se limitan a la licencia original. Otros apartes presentes en el expediente del predio dan cuenta de tres permisos de ampliación adicionales, que serían usados para modificar el tamaño de los sótanos y la construcción de los dos edificios adicionales contemplados en el rénder. Con base en dicha evidencia, la Secretaria de Planeación aclaró, durante la sesión del 14 de febrero, que los primeros indicios apuntaban a una lista de irregularidades en el proceso de licenciamiento.
No obstante, la cartera de planeación municipal aclara que la responsabilidad no debe recaer únicamente en los administradores del plantel educativo, o de la constructora que lo llevo a cabo. Ahí también figuran las autoridades municipales de los años en los que se emitieron las licencias, por cuanto las firmaron aún en contra del PBOT. ¿Por qué motivo se omitió el coto que plantea la norma? Eso, de momento, es causa prima del expediente que las autoridades se comprometieron a abrir.
El Espectador se comunicó con la alcaldía del municipio y conoció que ya hay un proceso de control en marcha, en el cual la alcaldía funge como segunda instancia. Por tanto, no pueden emitir, al menos de momento, un pronunciamiento oficial. Bajo esta misma línea, el ejecutivo municipal le contó a este diario que la Secretaría de Planeación deberá emitir un concepto sobre las licencias, la cual será determinante a la hora de tomar decisiones.
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Daño arqueológico y ambiental
Aunque las decisiones posteriores ratifiquen la violación de la norma, ya hay un impacto ambiental irreversible en el predio Chicala. La construcción de los edificios ya existentes, constituyó una actividad urbanística que ya consumió recursos naturales y que los sigue consumiendo. En los alrededores del colegio, yace el río Teusacá, el cual habría sido afectado durante la construcción del proyecto: no es equivalente la cantidad de agua que requiere la obra para construir pequeñas casas campesinas, o de un jardín de 2 plantas (como lo contempla la norma) a las que requieren las obras para levantar un megacolegio de cuatro pisos.
Por otro lado, las instalaciones, que ahora son blanco de la denuncia, están erigidas sobre el hábitat de dos especies amenazadas. La existencia del cangrejo sabanero y el pez capitán, nativos de ese territorio, se ve amenazada por la actividad humana del día en el colegio, y del flujo de tráfico que conlleva, evidentemente, traer y llevar los 200 alumnos que allí estudian.
Aunado a lo anterior, los lindes del colegio estarían vulnerando un camino ancestral que, tal y como lo contempla la norma, debe tener un manejo y protección arqueológica. Sobre este aspecto recala otra irregularidad, y es que el camino que la comunidad indígena señala como de interés ancestral (hay pictogramas que así lo demuestran), fue catalogado en la licencia como una servidumbre.
Esto es, un predio que no tiene comunicación con un camino público, permitiéndose su paso por el predio sirviente siempre que sea indispensable para el uso y beneficio del predio dominante. No obstante, la categoría arqueológica del lugar, en caso de ser reafirmada, haría que la categoría de servidumbre pierda validez.
Por el momento, ni los directivos de Liceo Francés, ni la Sociedad Inversora Moreno (que efectuó la obra) se han pronunciado sobre el tema.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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