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El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate de plenaria el Proyecto de Acuerdo 097 de 2025, por medio del cual se establece la implementación de señalizaciones claras y tangibles en zonas de la ciudad prohibidas para el consumo de sustancias psicoactivas.
Esta delimitación se estableció en el Decreto Distrital 825 de 2019, donde reza que las 24 horas del día y los 7 días de la semana, no se permitirá el consumo, porte o comercialización, inclusive de la dosis personal, a menos de 200 metros de entornos como jardines infantiles, colegios, instituciones universitarias; estadios, coliseos y centros deportivos; parques, plazas y plazoletas; sistema de transporte masivo, así como estaciones y lugares de acceso al mismo; IPS público-privadas e Instituciones de Protección Social de naturaleza pública.
Para el cabildante Andrés Barrios (Centro Democrático), autor del proyecto y quien se autodenomina como el concejal antidrogas, este acuerdo es un logro “en defensa de la niñez, la familia y la sana convivencia ciudadana”. “Necesitamos que los jíbaros salgan de los parques, de las plazoletas y de los entornos escolares de los cuales se han adueñado. La ciudad requiere zonas seguras y libres de drogas”, agregó Barrios.
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Sin embargo, desde la otra orilla, la concejal del Pacto Histórico, Donka Atanassova, cuestionó la medida y la estigmatización que genera, asegurando además que tiene vicios de legalidad. “Pretende señalizar más del 70% de los espacios urbanos, ignorando una serie de definiciones de la corte constitucional como no imponer restricciones absolutas al consumo en el espacio público sin justificación”.
Ante el reproche de la concejal, Barrios respondió: “En ningún momento estamos buscando restringir, sino señalizar espacios. Estamos tranquilos de que hemos hecho todo el trabajo jurídico. Y estamos sin duda protegiendo la salud pública, en la medida en que la señalización previene el consumo”.
¿Si previene el consumo?
Bogotá no será la primera ciudad en implementar estas señaléticas. Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta y Manizales, son algunos ejemplos. En la capital caldense, desde enero, fueron instaladas 370 unidades de color azul con un ícono de una hoja de marihuana prohibida. Para Óscar Giraldo, periodista judicial de La Patria y quien ha hecho seguimiento, la medida ha funcionado a medias.
“Lo digo en términos de autoridad. Hay personas que acatan, otras no. Pero parece que la prohibición del consumo fuera elitista. En un parque del barrio La Francia, que es de estrato 6, casi no hay control por parte de la policía”, aseveró.
Entre los lugares donde sí ha servido están el parque Antonio Nariño, en la zona de El Cable, o en el sector Milán. Sin embargo, asevera, ha sido en parte porque esta última zona, está al frente del Batallón del Ejército Ayacucho. “¿De qué sirve parar a unos policías, quitándole la marihuana al que consume si a esa persona no le están ofreciendo una solución desde antes? Aquí el consumo es a temprana edad. Entonces no se debe abordar siendo represivos, porque realmente esto no soluciona un problema de consumo”, enfatizó.
En Bogotá hay 5.241 parques, 131 administrados por el IDRD y 413 instituciones educativas distritales. Según datos de la Secretaría de Salud, con corte al 2024, el mayor número de consumo problemático de sustancias se da en la adultez (42%), juventud (41%) y adolescencia (12%). Las tres principales sustancias son la marihuana (7.727 casos), el tabaco (6.340) y el alcohol (6.201). Mientras que respecto al sitio habitual de consumo, según la entidad distrital, se presenta en su mayoría en vía pública y casa de amigos (7.060 casos), seguido de parques (4.886 casos), viviendas (4.784), bares y tabernas (3.980) y por último, establecimientos educativos (947).
Para Estefanía Sánchez, investigadora en uso social de las drogas, tesista en la maestría de Culturas y droga de la U. de Caldas, estas señalizaciones no son sinónimo de prevención del consumo. “Una imagen carente de contexto, sin profundizar en el tejido social y sin realmente acompañar a los sujetos que consumen, no se aborda así. Se debe llegar a las comunidades y trabajar en reducción de riesgos a quienes ya tienen un acercamiento al consumo”, sentenció.
Por su parte, el director del proyecto ‘Échele Cabeza’, Julián Quintero, advierte que esta medida se convertiría en un pretexto y una posibilidad “para que la fuerza pública, entre en confrontación con los jóvenes y se vuelva a incubar escenarios de tortura, violencia, extorsión, corrupción y persecución como ocurrió previamente al estallido social”.
Muy distinta opina Andrés Preciado, director de conflicto y seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). “Una gran mayoría de la población consumidora ha reclamado claridades en las reglas de juego relacionadas a esos lugares donde se pueden consumir. Y en la medida en que el país avance en eso, la posibilidad de casos de corrupción o abusos policiales, son menos. Por eso creo importante avanzar en la señalización de esos lugares, pero también en como vamos a regular loas zonas donde sí se pueden consumir”, sentenció.
Espacios para todos
Pero, ¿entonces cómo equilibrar la sana convivencia entre consumidores y no consumidores? Sánchez, apunta a definir espacios de consumo “no para hacer apología o celebrar, sino donde haya formación, donde los consumidores puedan analizar sus sustancias para evitar sobredosis o combinaciones riesgosas. Toda estrategia que sea mucho más sensata orientada primero al cuidado de la salud pública y con ello el cuidado de la convivencia y el uso del espacio para todo y todas”.
En el mes de abril del año 2023, la Corte Constitucional emitió sentencia, ordenando a las autoridades locales establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar, para regular el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público. Sin embargo, a la fecha, la administración de Carlos Fernando Galán no la he hecho. De ahí, el reclamo y el punto en común, entre los concejales, Barrios y Atanassova.
“Este acuerdo termina por resolverle o taparle a Galán una responsabilidad y es que hace más de un año debió haber sacado una propuesta que el Concejo pudiera debatir”. “Es ese llamado a la voluntad del Distrito. Si su reglamentación no va a llegar, pues hagamos que se cumpla el Decreto 825”, dijo por su parte Barrios.
Desde la Secretaría de Seguridad respondieron que las condiciones de modo, tiempo y lugar, están previstas en el decreto 825 de 2019 y serán ellos quien encabecen la ejecución progresiva y con base en la disponibilidad presupuestal, la instalación de las señalizaciones, una vez el alcalde sancione al acuerdo.
“Dada la relevancia del tema y su impacto en la seguridad y la convivencia, desde el comienzo de Administración, esta entidad, en coordinación con la MEBOG, encabeza otras acciones de intervención de dichos espacios, tales como desarticulación de estructuras dedicadas al expendio de sustancias, incautaciones, operativos de registro e intervención física de entornos críticos”, detallaron.
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La instalación priorizará en primer lugar las instituciones educativas, donde según la Secretaría de Educación, con corte a agosto de 2024, se presentaron 4.215 casos de consumo de sustancias en colegios, de los cuáles, el 54,8 % ocurrió en actividades lúdicas dentro de la institución, siendo los jóvenes entre 12 y 18 años son los que más consumen.
Pensar un mundo libre de sustancias psicoactivas es imposible. Así coinciden la investigadora Estefanía Sánchez y el director del proyecto ‘Échele cabeza’, Julián Quintero. “Ningún enfoque de prohibición ha podido contener su producción, venta y consumo”, aseguró Quintero. Es entonces, que la administración tiene la oportunidad de trabajar de la mano de organizaciones civiles para la implementación del proyecto, sin dejar a un lado el enfoque de salud pública, de derechos humanos y de protección constitucional que tienen los consumidores en la ciudad.
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Por María Angélica García Puerto
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