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El feminicidio de Érika Aponte Lugo a manos de Christian Camilo Rincón, en el centro comercial Unicentro, pone de nuevo la lupa sobre la efectividad y rapidez con la que actúan los sistemas de protección a potenciales víctimas de feminicidio en Bogotá. La Personería reveló que ella denunció violencia intrafamiliar y alertó la amenaza tres días antes del crimen, al comunicarse con la línea “Llamada de Vida”, de la Secretaría de Integración Social.
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Tras su llamada le otorgaron medida de protección, que reportó en el centro comercial y en su empresa, según su familia. Además, las autoridades distritales pidieron apoyo a la Policía de Soacha (donde vivía) y trasladaron el caso a las comisarias del municipio para que asumieran conocimiento. Pero ningún trámite administrativo sirvió. El victimario, quien ya la había hostigado en varias oportunidades en su lugar de trabajo, como relató el padre de la víctima, el domingo llegó armado y la asesinó. “Pedimos esclarecer por qué no se tomaron acciones que evitaran el fatal desenlace”, exigió la Personería.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no obstante, defiende a sus entidades. Dice que actuaron bien y le ofrecieron las medidas previstas en el procedimiento, que Érika llevaba años siendo víctima de violencia y el jueves decidió denunciar. A pesar de haberle ofrecido la casa refugio, confió en que, al haberse mudado con su padre a Soacha, estaba protegida. “Nadie actuó mal y, sin embargo, no logramos salvarla del machismo violento de su expareja”, dijo la mandataria.
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Pero la mandataria dio un argumento que respalda el reproche: “Perder una sola vida es un fracaso institucional”. En este caso, alguien falló: el Distrito, la Policía, el centro comercial o sus empleadores, y Aponte es hoy otra víctima de feminicidio en Bogotá. En lo corrido del año van 22 casos, lo que equivale a uno cada seis días. Según Probogotá Región, en 2022 se reportaron 138 feminicidios, de los cuales el 70 % seguía en etapa de investigación.
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Lo grave es que de no ajustar los procedimientos el panorama podría empeorar. Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer, señala que hay 2.300 mujeres en riesgo de feminicidio en la capital, según el Sistema de Alertas Tempranas, de Medicina Legal, las comisarías de familias, la Policía y el Distrito. “El machismo está rebasando las capacidades que nos da la ley. El agresor fue notificado, en menos de 24 horas, de que tenía medida de restricción. No hay posibilidad de poner a un policía por mujer, por eso es por lo que tenemos que actuar”, señaló la funcionaria.
Comisarías de familia en Bogotá
El caso de Érika no es el primero y en cada solicitud de servicio en las 36 comisarías de familia de Bogotá hay un riesgo potencial. Estas entidades son las encargadas de atender los casos de violencia intrafamiliar y garantizar los derechos de las víctimas. Según el nivel de amenaza, emiten medidas de protección para alejar a los agresores, alertan a las autoridades y hacen seguimiento. Si el agresor incumple la medida, lo multan. Si no paga, lo arrestan, pero no pueden ir más allá. Los casos más complejos quedan a cargo del sistema de salud, la Policía y la Fiscalía.
Según la Personería, el año pasado sus agentes delegados ante las comisarias intervinieron en 5.408 medidas de protección, en las que se registraron como afectadas 2.246 mujeres adultas, 2.241 niñas y 632 adolescentes mujeres. Este año el panorama no ha cambiado y es claro que las comisarías no dan abasto para todas las tareas que tienen: ayudan con tutelas, derechos de petición, intervienen conflictos familiares, casos de maltrato infantil, conciliaciones entre vecinos, entre otros.
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Entre enero y abril de este año, por ejemplo, recibieron 63.762 solicitudes de servicio, siendo la acción de protección por violencia intrafamiliar la más frecuente (con 29.081 casos), seguida por la atención integral por riesgo de violencia intrafamiliar (5.284 casos), ambas con promedios diarios superiores a los del año pasado. En los casos que involucra algún tipo de violencia, la psicológica fue la más denunciada este año, con 10.914 víctimas, seguida de la física (6.790), la económica (536 casos) y la sexual (418). En estas, tres de cada cuatro víctimas fueron mujeres -la mayoría jóvenes y residentes en Suba, Ciudad Bolívar y Kennedy.
Pero hay un dato que amerita mayor revisión. En este lapso, en 5.284 casos las víctimas han denunciado que sus agresores han incumplido la medida una vez y en 116 que lo han hecho más de dos veces. En estos casos, la falta de seguimiento cumplió un papel clave.
Por eso la capacidad institucional para enfrentar los casos de violencia es insuficiente, como lo señaló el concejal Álvaro Acevedo (Partido Liberal). “Hay localidades sin capacidad para atender los casos y el personal no está recibiendo con eficacia las denuncias”, afirmó.
Para César Restrepo, director de Seguridad Ciudadana de Probogotá, la estructura de comisarías en Bogotá es vergonzosa. “Son pocas y con poco personal. Su papel no es solo mediar, sino verificar que las medidas que se adopten se cumplan. Si una mujer denuncia a su marido por violencia en una comisaría, y este ve que las medidas no son efectivas, pierden el miedo y ahí es donde algo incipiente puede escalar a un delito mayor”. A esto se suma que, a pesar de que existen acciones distritales para tratar de contrarrestar la violencia contra las mujeres y brindarles protección, no en todos los casos funcionan. Hay denuncias de mujeres que a pesar de estar en riesgo de feminicidio les han negado servicios.
A pesar de los pecados que tiene el primer sistema de protección, al que pueden acudir las mujeres ante una amenaza, la administración insiste en la necesidad de seguir denunciando. “Insistimos que no tienen por qué aceptar ninguna agresión. A la primera y menor señal cuenten y pidan ayuda en la Línea Púrpura, en las casas de justicia o comisarías de familia. ¡No están solas! Todos los esfuerzos necesarios debemos hacerlos para frenar la violencia contra las mujeres. Primero debemos dejar de naturalizar toda forma de machismo, debemos seguir empoderando y dando oportunidades de educación e ingresos, de libertad y autonomía a las mujeres e institucionalizar y fortalecer esos servicios. La lucha se debe continuar y reforzar”, indicó la alcaldesa López.
Según el Distrito, en Bogotá se han triplicado la inversión y los servicios de prevención, empoderamiento, cuidado y protección a las mujeres. Sin embargo, ese esfuerzo no fue suficiente en el caso de Érika Aponte. Con 2.300 mujeres en riesgo de feminicidio, aún falta mucho antes de que este tipo de crímenes sean cosa del pasado.
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Por Alexánder Marín Correa
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