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No ha sido un buen comienzo de año para uno de los pilares de aquella “Bogotá de los 100 años” que intentó dejar lista Claudia López. El proyecto de la Ciudadela del Cuidado, proyectado para consolidar la ciudad de los 30 minutos y continuar con la idea de ciudad de la exalcaldesa, ha suscitado una cadena de actos administrativos y peticiones que han terminado por enredar su futuro.
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De nada sirvió que la anterior administración quemara sus últimos cartuchos contractuales y pactara, in extremis, la construcción del proyecto con la constructora Las Galias. La Procuraduría, desde diciembre del año pasado, adelantó una serie de advertencias e inspecciones que derivaron en que Galán decidiera suspender el contrato temporalmente.
Pero mientras el alcalde aguarda por el curso que puedan tomar las pesquisas del ministerio público, hay otra solicitud recién creada —también relacionada con la Ciudadela— que espera ocupar un lugar en su escritorio. Ayer, durante un intenso debate que tuvo lugar en la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá, los concejales Sandra Forero y Daniel Briceño le solicitaron al alcalde la radicación de una revisión extraordinaria del POT para revivir el trazado original de la ALO norte.
Durante la sesión, ambos cabildantes coincidieron en que la iniciativa urbanística no es el problema en sí misma al que ellos se oponen. Por el contrario, los objetivos a largo plazo que plantea el proyecto son, en cierta manera, compartidos por los concejales del Centro Democrático. Empero, los reparos, conocidos y expuestos durante una larga tarde deliberativa en el Recinto de los Comuneros, están relacionados con el futuro de la movilidad de la localidad de Suba, para la cual está pensada la ciudadela.
Durante el debate, el Concejal Daniel Briceño (Centro Democrático), quien fue uno de los citantes, indicó que: “es falso que quienes defendemos la ALO estamos en contra de la educación, ¿qué van a hacer con la ALO Norte?, ¿van a condenar a 2,5 millones de bogotanos a un trancón eterno?, ¿van a construir la Ciudadela del Cuidado?”, señaló el cabildante. Aunado a lo anterior, Forero, que hizo dupla con Briceño en la citación del debate, aseguró que “la administración de Claudia López eliminó el tramo norte de la ALO, una de las vías más importantes que no solo beneficia a Suba, sino que beneficia a Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y a toda Bogotá. Pero además a Soacha, Mosquera, Chía y Cota. Pretender desaparecerla de un plumazo es hacerle un daño enorme a los 8 millones de habitantes de Bogotá, más los casi 3 millones de habitantes de la región metropolitana”.
La concejala, asimismo, se refirió al Parágrafo 3 del Artículo 163 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que propone cambiar la destinación del tramo norte de la ALO para la construcción de la Ciudadela Educativa y del Cuidado. Mediante esta referencia, que resulta ser el eje axiomático de la estrategia, Forero impulsó la solicitud para la que sería la primera enmienda al POT que Claudia López le dejo a la ciudad.
La dicotomía planteada por los dos concejales es la matriz técnica sobre la cual se libra el debate. Los partidarios de la ciudadela aseguran que las viviendas de interés social, las dos manzanas del cuidado, y la universidad pública que contempla la ciudadela, son necesarias para el desarrollo social de ese sector de la ciudad. En contra vía, quienes se oponen a ella, o al menos a que sea construida sobre los predios de la ALO, dicen que arrebatarle la ALO al sector noroccidental de Bogotá, sería condenarlo a un aislamiento del resto de la ciudad.
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¿Cuál es el camino para revisar el POT?
El debate sobre la vía para modificar un POT que fue impuesto a decreto, y al cual no le faltan, ni le faltarán detractores, no ha hecho más que comenzar. Hay un camino jurídico disponible del que disponen los actores políticos interesados en revisar la norma, pero el cual, de todos modos, depende en su totalidad del dictamen por el que se termine decantando Carlos Fernando Galán.
Alejandra Echeverría, abogada con especialización en derecho administrativo, le explicó a este diario que el mecanismo para revisar y ajustar el POT están fijados en el Decreto 1077 de 2015. Con base en este núcleo jurídico, el POT de una entidad territorial puede ser enmendado bajo tres parámetros. El primero consiste en el vencimiento de la vigencia, el cual determina que cuando Plan Territorial tiene una antigüedad de 12 años o más, el alcalde de la ciudad o municipio correspondiente tiene la competencia de adelantar una iniciativa para modificar o crear, desde el principio, un Plan de Ordenamiento Territorial.
Junto a este recurso, que fue el que uso López para sacar adelante su POT, hay dos posibilidades que contempla la ley para casos de excepcionalidad de interés público o fuerza mayor. En este espectro de la norma, explica la experta, “es en donde existe la facultad de efectuar una revisión extraordinaria al POT, como lo plantean los concejales que citaron al debate del miércoles”.
En ese orden de ideas, los dos recursos son: la declaratoria de desastre o calamidad pública o la presentación de un soporte técnico o jurídico que justifiquen algún tipo de riesgo en la recalificación de áreas planteadas por el POT a revisar. Esta última, dice Echevarría, sería la que eventualmente podría utilizar el Alcalde para adelantar una enmienda al POT igual. No obstante, la cuestión, en este caso, son los artículos del POT que el alcalde quisiera modificar. “Hay que entender que el POT actual no puede ser derogado o modificado en su totalidad porque no se cumple el requisito de vigencia”. En ese orden de ideas, la posible modificación deberá ser puntual y atender parámetros del POT de manera individual, como en este caso es el de la Ciudadela.
En consecuencia, la iniciativa de revisión extraordinaria del POT reposa exclusivamente en el alcalde. Luego, vendrían los demás formalismos que contempla ley en el proceso de concertación, consulta y aprobación en el cual, para este último aparte, tendría incidencia el Concejo. Sin embargo, desde la misma corporación, ya comienzan a moverse peticiones y clamores para que Galán acceda a estas demandas. Mientras escucha al Concejo, como dijo que lo haría desde el primer día que tomó el cargo, siguen corriendo los seis meses de suspensión que pidió la Procuraduría.
¿Cuáles serían los argumentos a seguir?
En el caso hipotético de que el alcalde optará por adelantar la revisión extraordinaria, la ley es clara en señalar la necesidad de acompañar la iniciativa con soportes jurídicos y técnicos. Sobre este punto, la concejal Sandra Forero le comentó a este diario que, junto a su equipo, adelantó una investigación exhaustiva de varios meses en los que encontró varias inconsistencias. Más allá de las observaciones que hizo el ministerio público sobre la presunta violación de los principios de contratación y futura catástrofe jurídica por cuenta de las demandas que recibiría el Distrito por cuenta de la ciudadela, la cabildante señala otra clase de defectos en la formulación del proyecto.
Para sacar el trazado original de la ALO norte del POT, y cambiar la destinación de los predios en principio adquiridos para su construcción, el Distrito emitió los decretos 603 de 2022, 558 y 612 de 2023. Asimismo, en el artículo 7 del POT, se dispone el mecanismo para cambiar la disposición de predios adquiridos previamente, mediante la modalidad de reurbanización. Lo anterior, sin embargo, no resulta un mecanismo válido para la reconversión de los predios, según la opinión de la cabildante Forero.
“El proceso para cambiar la destinación de los predios que fueron adquiridos con presupuestos de la nación y el Distrito tiene un mecanismo jurídico que el Distrito, bajo la anterior administración, no respetó, y eso ya se demostró en el debate del miércoles. De hecho, el operador urbano, quien hizo la convocatoria de la licitación, fue RenoBo, y los predios están todavía bajo la tutela del IDU porque no se ha logrado concretar el mecanismo fiduciario para que los predios, que están ahí, pasen al constructor encargado de ejecutar el proyecto”, declaró Forero a El Espectador.
Paralelamente a lo anterior, la concejal denuncia que un contrato que se abre en octubre, y que luego es finiquitado en noviembre, no tiene el plazo suficiente para adelantar estudios de traslado de redes, estudio de suelos, y demás factores necesarios para llevar a cabo un proyecto semejante.
Con respecto a la repercusión legal que pueda llegar a tener el estado con la cancelación del contrato, Forero específico lo siguiente: “si terminan el contrato se va a quedar Bogotá, seguramente con una acción que tenga el contratista y haga una demanda, ahí tendrá que asumir la administración de Claudia López la responsabilidad de haberse mantenido tercamente en un contrato.”.
De tal manera, con base en lo anterior mencionado y lo que se pueda agregar el viernes, hay tela para cortar en caso de que el proyecto de revisión extraordinaria progrese en las entrañas del Liévano.
¿Quién es quién cada uno de los bandos?
La concejala Forero no se quiere adelantar a los hechos y, de momento, prefiere esperar a que el transcurso de los debates siga su curso. No obstante, por lo hasta ahora percibido, se comienzan a vislumbrar en el horizonte posibles apoyos en bancadas de gobierno, como la del Partido Liberal, desde la cual, algunos cabildantes, hicieron reparos el miércoles al proyecto de la ciudadela.
En contraste, si se revisa el tablero de los comuneros, la bancada de los Verdes y el Pacto, fungen como los posibles primeros defensores del proyecto. Heidy Sánchez y José Cuesta, mencionan la importancia que tendría el proyecto en materia de educación pública, con la financiación que ya comprometió el gobierno de Petro para la construcción de la universidad. “Hubo un acuerdo con el presidente que ya está en el Plan Nacional de Desarrollo y en el POT. ¿Quién se puede oponer a la construcción de un equipamiento así para Suba? Pero luego está el tema de que la nueva administración quiere retomar el trazado de la ALO norte en esos predios, lo cual tendría afectaciones en el humedal Juan Amarillo y Tibabuyes. Por eso optamos para que la utilización de esos predios se haga para equipamiento social”, le contó Sánchez a El Espectador.
El equilibrio, sin duda, se rompería con la determinación que tome el Nuevo Liberalismo. Al ser bancada de gobierno, y el partido del alcalde, lo más probable es que terminen apoyando una moción de revisión extraordinaria impulsada por Galán.
De cualquier forma, modificar un POT, por más opositores que tenga, no es una labor sencilla. Hay factores externos y procedimientos que, como se pudo destacar en el artículo, son difíciles de armonizar para sacar adelante una empresa semejante. Lo que sí es claro es que la envergadura de la Ciudadela del Cuidado, y la forma en la que fue planteada, licitada y contratada, fungen como el punto de quiebre más efectivo, y además probable, del POT actual.
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