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Durante 12 meses en el ejercicio de funciones fue suspendida la secretaria distrital de Integración Social por parte del Procuraduría General de la Nación porque, al parecer, modificó irregularmente el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de la entidad bajo su tutela.
Según el Ministerio Público, la funcionaria redujo de 60 a 24 meses el mínimo de experiencia requerido para aspirar a ingresar a la Secretaría e incluyó estudios estudios en gestión empresarial como nuevos requisitos para los postulantes.
Además, incluyó la Licenciatura en Ciencias Sociales para favorecer los intereses de dos personas que, como Alba Luz Pinilla Pedraza y del señor José Tarciso Gómez Serna pretendían hacerse a cargos para los que finalmente fueron nominados por la entidad.
Para la Procuraduría, se constituye en una falta grave cometida a título de dolo, pues se trata de modificaciones "anormales", sin fundamento alguno, que nada tenían que ver con el espíritu del Manual de Funciones aún vigente.
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