Tatuadores sin profesión

Todavía hay prejuicios. El dibujo en la piel sigue generando miradas de asombro y muchas veces de rechazo, pero el tatuaje, heredado de una tradición milenaria y estigmatizado hasta el límite, relacionado por décadas con la rebeldía y con el bajo mundo, hoy se empieza a perfilar como una industria mundial a la que no es ajena la ciudad.

No es gratuito que hace cinco años, a la Convención de Tatuadores de Bogotá llegaran apenas 45 expositores y que este fin de semana, en una nueva edición, se espere la llegada a Corferias de cerca de 300. El tatuaje y las perforaciones son los oficios de más de 200 bogotanos que viven de hacer signos en la piel y que reiteran su preocupación porque están huérfanos de protección jurídica, pese a que desde 2007 la denominada ley del tatuaje ha sido impulsada en el Congreso sin lograr su aprobación.

Con el proyecto, que se hundió entonces por falta de tiempo, se buscaba, según el representante a la Cámara Venus Albeiro Silva (uno de sus ponentes), una legislación que le permitiera al Estado tener las herramientas para regular los establecimientos dedicados a esta actividad.

Aunque Bogotá es la única ciudad del país en la que se reconoce este oficio como práctica artística y cultural de la ciudad, hoy los tatuadores insisten en una legalización nacional, coherente con las características de este ejercicio. La idea es  que los tatuadores puedan cumplir los requisitos y evitar  que cualquiera haga un tatuaje sin tomar ninguna precaución.

Pese a que no se ha hecho un censo al respecto en la capital, la Secretaría de Salud estima que hay cerca de 150 locales legales, pero el mayor inconveniente es la proliferación de sitios piratas. “No hay derecho a que algunos jueguen con la salud de la gente, pero el Estado no cuenta con las herramientas para controlarlos”, dice Andrés Cely, fundador y actual presidente de la Asociación de Tatuadores y Perforadores de Bogotá.

La resolución 2263  2004 ordena que  los procedimientos invasivos deben ser realizados por profesionales del área de la salud, esta norma está lejos de cumplirse. Como asegura Alejandro Páez, organizador de la convención, los tatuadores no pueden pagarle a un médico para que supervise su trabajo. Por eso, la idea de la Asociación y de la Secretaría de Salud es que la nueva legislación beneficie tanto a los clientes como a los tatuadores que cumplan con los procedimientos.

Andrés Cely lleva 17 años tatuando y asegura que su mayor objetivo es unificar las prácticas y que el trabajo de los tatuadores no siga confundiéndose en el ámbito jurídico con el de los esteticistas. “La idea es que todo el mundo trabaje en buenas condiciones, queremos que se legalice nuestra profesión, que tiene que ver con la salud de la gente, la nuestra y la del medio ambiente”.

Lo cierto es que hoy cualquiera puede abrir un local de esta índole y las autoridades poco pueden hacer al respecto. El doctor Antonio Méndez, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, dice que es urgente que el Ministerio de Protección Social reglamente el ejercicio.

Al respecto Celi asegura: “La Secretaría de Salud es la única que se ha preocupado, hasta ahora el Ministerio de Protección Social no ha dado ninguna respuesta”. El Espectador intentó comunicarse con el Ministerio, pero no obtuvo ninguna respuesta.

Entre tanto, se da paso a la quinta Convención de Tatuadores, con la cual también se espera generar un espacio de reflexión en torno a la esperada legalización  de quienes se dedican a esta práctica.