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A los amantes de la tauromaquia en Bogotá se les está despejando el camino para la temporada taurina del año entrante. Al cabo de dos años de ausencia de la “fiesta brava” en la ciudad, en medio de licitaciones desiertas y los correspondientes pleitos en los tribunales, todo parece indicar que el alcalde Carlos Fernando Galán tendrá que retomar, sin condiciones, la licitación en 2024 para permitir el regreso del espectáculo taurino a La Santamaría, a partir de 2025. Aunque se esperaba temporada en 2024, las dos licitaciones que abrió el IDRD fracasaron.
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Pero ahora todo está dado, tras un recientemente fallo del Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, que anuló el Acuerdo 767, con el cual el Concejo prohibió el uso de picos, estacas y otros elementos que pudieran infligir daño al toro de la corrida. Si bien la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre las limitaciones de esta normativa frente a otras del orden superior, como la sentencia T-296 de 2013 —que protege la tauromaquia como una práctica cultural—, el falló del contencioso hoy ratifica la victoria definitiva que esperaba la comunidad taurina.
Asimismo, el fallo deja sin efecto los artículos del Acuerdo que establecían que, al menos, el 30 % de la publicidad destinada a promocionar las corridas debía informar sobre el maltrato al que eran sometidos los toros durante las faenas. Respecto a las motivaciones del fallo, que surge tras la demanda radicada por los ciudadanos Daniel Londoño, Juan Pablo Pantoja, Curro Pimentel y Elker Buitrago, el Juzgado Cuarto argumentó que el Concejo de Bogotá excedió sus competencias con el Acuerdo.
Lo anterior, porque el uso de los instrumentos en la corrida que intentó abolir la corporación ya estaba permitido en la Ley 916 de 2004, cuya jurisprudencia fue avalada en su momento por el poder Legislativo. De ahí que la atribución de eliminar lo planteado por dicha norma recaiga única y exclusivamente en el Congreso de la República y no en una corporación como el cabildo distrital.
Por otro lado, lo proferido en el fallo toma como fuente de legitimación las sentencias de la Corte Constitucional C-666 de 2010 —en la cual se permite el maltrato animal en el desarrollo de actividades con arraigo social y cultural—, y la C-889 de 2012 —con la que se declaró exequible la normativa del toreo contenida en la Ley 916—.
Con base en esto, el contencioso estableció que el Acuerdo sancionado en el Recinto de los Comuneros fue irregular, por cuanto excedió sus competencias e ignoró otras normas jurídicas del orden jerárquico superior. Además, en la sentencia C-666 la Corte dejó en manos del Congreso el futuro del precepto que permitía el maltrato animal en este tipo de manifestaciones culturales.
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Implicaciones del fallo
Por dos años consecutivos (2021 y 2022) la licitación para elegir el operador que se encargaría de celebrar la temporada taurina en Bogotá se declaró desierta. Las condiciones para la corrida estipuladas por el recién derogado Acuerdo 767 y otras condiciones imposibles de cumplir —tiempos reducidos para presentarse y la reducción de seis a tres corridas— hicieron que los operadores perdieran el interés.
Este año lo intentaron y fracasaron de nuevo. El IDRD abrió, el pasado 27 de septiembre, la licitación por $648 millones para adjudicar un contrato (que se extenderá hasta el 30 de agosto) que concedía el uso temporal, aprovechamiento económico, goce y disfrute, de la plaza de toros La Santamaría para la temporada taurina 2024. No obstante, a los pocos días lo canceló: “La entidad se permite informar que, obedeciendo a un error de forma que surge en los estudios previos de los documentos adjuntos a este proceso, se procede a cancelarlo para garantizar la selección objetiva y procede a crear uno nuevo”.
El mismo día publicó el aviso del nuevo proceso, pero, en un trámite dilatado, el 22 de noviembre publicaron los pliegos definitivos. La expectativa era adjudicar el pasado 14 de diciembre, pero nadie se presentó. El proceso se declaró desierto, con lo que la posibilidad de que los toros regresaran en 2024, sin restricciones en el espectáculo, una vez más fracasó. Ahora, el regreso de la “fiesta brava” en 2025 será tarea de la nueva administración. Lo único que lo frenaría sería el trámite que hay en el Congreso.
El pasado 5 de septiembre, el Senado de la República aprobó en los dos debates correspondientes el proyecto de ley por medio de la cual se prohíben las corridas de toros en todo el territorio nacional. El futuro de la iniciativa quedó en manos de la Cámara de Representantes, que discutirá el otro año si hunde o permite que la abolición de los toros llegue a las manos del presidente Gustavo Petro, que sin duda no perdería un instante en sancionar la ley.
A partir de ahí, habría que ver hasta qué punto el filtro constitucional y los magistrados de la Corte permitirían que el sueño de los animalistas y la pesadilla de los taurinos pase a ser una realidad.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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