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A la cantidad de agremiaciones que saldrán a las calles este 21 de noviembre se sumarán los taxistas de Bogotá. Sin tener claro su poder de convocatoria, dado el fracaso del último paro al que llamaron, el gremio amarillo es otro de los que consideran, no solo que el gobierno de Iván Duque está incumpliendo sus promesas, sino que se estancaron durante la alcaldía de Enrique Peñalosa.
Debido al “abandono” que alegan algunos empresarios y conductores, y el fracaso de la modernización que promovió el Distrito (que ellos provocaron), hoy quieren gestionar innovaciones por su cuenta, que les permitan competir con el transporte a través de aplicaciones (apps). No obstante, el éxito depende de una nivelación de las cargas regulatorias, pues mientras las apps prácticamente operan sin restricción, a los taxis les imponen cada vez más condiciones.
La raíz de su reclamo es sencilla: aseguran que la iniciativa del Ministerio del Transporte, que creó los taxis de lujo e inspiró el proyecto del Distrito denominado “taxis inteligentes”, estancó el crecimiento del gremio. La primera evidencia es que en tres años, desde que se intenta implementar el proyecto, no se ha aumentado la tarifa del servicio de taxis, un golpe directo a la rentabilidad del gremio, y seguramente a los usuarios cuando se decida actualizarla de un solo golpe.
Descalabro de una modernización
Con bombos y platillos, la administración distrital anunció en múltiples ocasiones “el fin de la era de los taxímetros”. No obstante, hoy solo hay 6.000 taxis (de los 52.000 que ruedan en Bogotá) que creyeron en la modernización. Todo empezó en 2016, cuando el Ministerio de Transporte emitió un decreto para regular los taxis de lujo en el país. La Secretaría de Movilidad aprovechó y estructuró el marco jurídico de los taxis inteligentes, pero en 2018, cuando todo estaba listo para dar el salto tecnológico, el Consejo de Estado suspendió el decreto por vicios de forma y ordenó emitir una nueva reglamentación. Esto se cumplió a mediados de este año. Este traspié llevó a que el proceso en Bogotá hoy sea voluntario.
Así las cosas, los pocos taxis inteligentes que hay en Bogotá son los únicos autorizados para cobrar las tarifas actualizadas, entre ellas $300 más en la mínima y un cobro que se calcula teniendo cuenta la distancia y la velocidad promedio, lo que implica más ingresos. Esto ha provocado que quienes siguen trabajando con taxímetro se sientan rezagados. Sin embargo, el gremio tiene un dilema: pelear por el aumento o mantener las tarifas por ahora, para competirles a las apps.
Para Ernesto Sandoval, gerente de Teleclub y representante del gremio ante Fenalco, a pesar de las innovaciones que adelanta su empresa, estas no tendrán impacto si el Distrito no ofrece un nuevo modelo tarifario, en el que también se incluya un desahogo a la regulación existente.
“Esperamos lanzar en diciembre unos bolsillos virtuales y otras formas de pago inteligente. Estamos en proceso de formar al personal en las universidades de los Andes y Los Libertadores. El problema es que así haya innovación, hay muchas normas absurdas. Ejemplo: el taxi es el único medio que no puede hacer servicio compartido, mientras todas las apps lo hacen. Esperamos que reduzcan imposiciones para ser competitivos y que fijen una nueva tarifa mínima, reconociendo incluso propina”, resalta.
En esto coincide Alejandro Hernández, gerente de TaxExpress, empresa que se alió con Rappi para que los usuarios puedan pedir servicios desde dicha app y que avanza en un acuerdo con Vanti para incentivar el ingreso de vehículos a gas. Según Hernández , el gremio está a la expectativa, porque “hay sobrerregulación y tenemos más obligaciones que los que prestan servicios ilegales, lo que genera competencia desigual. Esperamos que la nueva administración nos escuche”.
Algo diferente piensa la abogada María Edilia Botero, gerente de Radio Taxi Autolagos, quien, si bien comparte su preocupación por el exceso de normas para el gremio, asegura que cualquier paso que den en su intento de modernizarse puede resultar mal si no hay claridad sobre el proceso.
“Cualquier proyecto podría terminar en lo mismo que los taxis inteligentes. Hay que apostarle a una seguridad jurídica y económica, porque no estamos para arriesgar dinero. El gremio está dividido entre subirles o no a las tarifas, dada la competencia desleal con las apps, que pueden cobrar a su antojo. Hoy no hay seguridad jurídica, así que no se sabe si será un buen negocio o no”.
Por ahora, el panorama se hace más incierto para los taxistas. Mientras crece la expectativa sobre las últimas decisiones de la saliente administración, esperan el desenlace de alguna de las denuncias que interpuso el Sindicato Nacional de Taxistas ante las superintendencias de Industria y Comercio y de Transporte, por “prácticas restringidas a la explotación comercial”, es decir, por no haber tenido un aumento de tarifa.
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