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La crisis de desigualdad urbana, la escasez de vivienda digna para muchas familias y la expansión informal en zonas de alto riesgo en Bogotá son preocupaciones latentes. A pesar de ser un tema viejo, que las últimas administraciones han prometido resolver, las mafias del suelo y la urbanización ilegal siguen operando. Así lo denunció la concejal Ana Teresa Bernal (Pacto Histórico), al cuestionar la ausencia de una política estructural de vivienda para familias vulnerables, algo que respalda con cifras del Idiger: hoy hay 18.000 predios ocupados en zonas de alto riesgo.
Ante esta realidad, la respuesta de la administración intenta aplacar las críticas con otros datos. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, por ejemplo, resalta que, según el DANE, en 2025 se redujo en la ciudad la pobreza multidimensional en 3,2 % (el doble que la nación) y cerró el año con una tasa de desempleo del 6,5 %, lo que demuestra que las condiciones de vida han mejorado en la ciudad.
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Sobre la atención a familias en zonas de riesgo, el director de la Caja de Vivienda Popular indica que han realizado 393 reasentamientos, pero reconoce que parte de la dificultad para acelerar el proceso radica en el aumento del Valor Único de Reconocimiento (VUR) para reasentar a una familia, que pasó de COP 117 millones en 2024 a COP 167 millones en 2026 (incremento del 43 %). Por eso desarrollan una estrategia con el Instituto Geográfico Nacional Francés para identificar de manera precisa las zonas más vulnerables.
Pese a las explicaciones, para la oposición, las metas puntuales de habitabilidad han sido insuficientes, y las cifras que entregan ratifican sus críticas. No solo porque la ejecución de reasentamientos en más de dos años de gobierno corresponde solo al 10 % de la meta del Plan de Desarrollo, sino porque la administración no ha tenido recursos. Según la concejal Bernal, entre 2024 y 2026 el Concejo le aprobó a la administración un presupuesto de casi COP 122 billones, pero esta ha decidido priorizar un transporte público financieramente insostenible, dejando sin opciones de la reubicación a las familias en alto riesgo.
La bancada advirtió que hay 12.280 familias (unas 40.000 personas, según cálculos del concejal José Cuesta) que residen en zonas de amenaza alta no mitigable, y solo el 32 % de los hogares se encuentran en proceso de reasentamiento. Para el 68 % restante, cada nueva temporada de lluvias es una amenaza latente. Casos críticos como el Polígono 194, en Usme, donde 500 familias habitan sobre antiguos terrenos mineros y cerca del parque Entrenubes, o el barrio San Germán, en San Cristóbal, con 350 familias en zonas de riesgo no mitigable, siguen esperando soluciones estructurales.
El espejo del Norte
Una muestra que ejemplifica el esquema de atención de emergencias en zonas de riesgo en la ciudad es el caso del derrumbe ocurrido en noviembre de 2024 en el barrio Delicias del Carmen, en la parte alta de Usaquén. Allí un alud sepultó una vivienda y causó daños graves a otras dos. En ese punto, cinco años antes, hubo otro derrumbe que se advirtió con anticipación. A pesar de esto, las familias siguen viviendo ahí. Gustavo Montilla, miembro de la JAC del barrio, señaló que el riesgo es latente desde 2012, cuando detectaron una grieta grande en la montaña. “Desde entonces vienen funcionarios, conocen el problema, organizan reuniones y hacen planes, pero al final no pasa nada”.
En septiembre de 2025 los residentes de barrios populares de los cerros orientales de Usaquén, como Cerro Norte, Villa Nidia, Santa Cecilia, Santa Cecilia Alta, Soratama, El Codito, Chaparral, Franja de Buena Vista, Horizontes de la Estrellita, El Mirador, Lomitas 1 y Villas de la Capilla bloquearon la autopista Norte con calle 170 para exigir servicios de acueducto y mitigación de riesgos, pues en zonas como El Codito y Villa Nidia los derrumbes son viejos conocidos.
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Independiente del riesgo, para ellos hoy el agua es prioridad. En Lomitas 1 y Villas de la Capilla, por ejemplo, los habitantes sobreviven con apenas 0,8 m3 de agua al mes, pagando hasta seis veces más que el estrato 1, situacion que se repite en barrios en riesgo del extremo sur.
Radiografía de vulnerabilidad
Los registros oficiales del Idiger revelan que en los últimos 10 años han inspeccionado 12.586 viviendas en la ciudad por riesgo. Año tras año la cantidad de verificaciones ha ido creciendo, al pasar de 847 en 2016 a 1.096 en 2024, último año consolidado. Ante la magnitud de la crisis en las laderas, el Idiger reportó a mediados de mayo la conclusión de la primera etapa de una consultoría con el Instituto Geográfico Nacional Francés (IGN FI), un proyecto de asistencia técnica financiado por la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD). El objetivo es avanzar en el diseño y la estructuración de un centro de modelación para la gestión de riesgos y cambio climático en la capital, orientado a simular y predecir escenarios de amenazas, como inundaciones y movimientos en masa.
A la par, en el debate se recordó el caso de Altos de la Estancia, en Ciudad Bolívar, “uno de los puntos con mayores fenómenos de deslizamientos en América Latina”, señaló Bernal, como un caso de éxito, que logró la reubicación de 2.900 familias que vivían en zonas de riesgo no mitigable. “La ciudad sí puede construir respuestas integrales con voluntad política y con planes que tengan el desalojo como última opción, poniendo por delante la vida y el derecho a una vivienda digna”, puntualiza la concejal.
El negocio del suelo y la alerta por la seguridad
La ausencia histórica de autoridad en las laderas la ha aprovechado el crimen organizado. En el Concejo se denunció, una vez más, la amenaza pública que representan las mafias de los “tierreros” en localidades como Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y algunos puntos de Suba.
La concejal Heidy Sánchez cuestionó que la administración pretenda tratar un tema de desigualdad social como uno exclusivamente militar o de seguridad, con una visión pensada solo para mitigar la inseguridad. Argumenta que, al no garantizarse el acceso a la vivienda, la gente se ve obligada a buscar dónde vivir y cae en las redes de tierreros.
Recordó que el 35 % de Bogotá ha sido vivienda autoconstruida y propuso mecanismos alternativos que vayan más allá de la compra y venta de vivienda nueva, como el arrendamiento social -con topes de precio-, la recuperación de vivienda usada y el uso de tierras remanentes de expropiaciones de obra pública para construir vivienda.
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Mientras las iniciativas internacionales avanzan en su fase de diagnóstico y los procesos de reasentamiento continúan a paso lento, las comunidades de las laderas de Usaquén, Usme y Ciudad Bolívar siguen enfrentando la exclusión y la precariedad como norma, esperando que la tecnología interinstitucional se traduzca en soluciones estructurales antes de que la próxima emergencia invernal defina su suerte.
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