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Se cumple la tercera y última jornada de retorno de cerca de 1.600 personas de la comunidad Embera, que hace años llegó a Bogotá huyendo del conflicto armado y de la baja oferta social en sus cabildos, ubicados en los departamentos de Chocó y Risaralda. Los retornos escalonados, que arrancaron el lunes en el Parque Nacional; siguieron el miércoles con los que estaban en la UPI La Rioja, terminan este jueves, con el último grupo, que saldrá de la UPI La Florida. Hasta la noche del miércoles se contabilizaban alrededor de 1.100 indígenas rumbo a sus territorios. Se espera que este jueves sean 415 más.
En contexto: Con esperanza y dudas, comunidad Embera emprende el retorno a sus territorios
Este nuevo plan es el más grande que se ha hecho en la historia reciente de Bogotá, según confirmó Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación. “Actualmente, la ciudad cuenta con cerca de 2.100 personas de la comunidad Embera, y estamos hablando de un retorno de aproximadamente 1.800 personas”, señala. Cabe mencionar que las personas que aceptaron regresar, llegarán a los resguardos Gitó Dokabú, Unificado Chamí y Tahami del Alto Andágueda. Sin embargo, a pesar de que la comunidad aceptó regresar voluntariamente, el proceso ha tenido altibajos que dan cuenta de la complejidad de la ejecución del plan tal y como se ideó.
Los claroscuros de la jornada
Desde la salida del primer viaje, el lunes en el Parque Nacional, varias personas decidieron desistir a última hora del plan de retorno y se quedaron en el campamento instalado en el ala norte del parque. De acuerdo con el Distrito, cuando llegaron los buses dispuestos para el traslado, cerca de 100 personas decidieron no abordar los vehículos, pese a que, previamente, todos habían manifestado su voluntad de regresar.
Tras intentos de diálogo, Miguel Silva Moyano, secretario General de la Alcaldía, rechazó supuestas presiones: “no vamos a ceder a chantajes”, aseguró en su cuenta de X. Y añadió: “el vocero conocido como ‘Fernando’ pide $30 millones para permitir el retorno de las 100 personas que quedan en el costado norte del Parque Nacional”.
Según el funcionario, el vocero de la comunidad indígena no aceptó el retorno, ni la relocalización, ni albergues, ni arriendos. “Hoy decidió no permitir que los menores asistan a los servicios de educación ni de integración social. Necesitamos apoyo de ICBF, que tiene la competencia y el deber de velar por los derechos de niños y niñas. El espacio público no tiene las condiciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los menores”.
Finalmente, tras varias jornadas de diálogo, en la noche del miércoles, la Secretaría de Gobierno anunció que las personas que no viajaron y permanecían en el parque, aceptaron empezar el proceso de relocalización para su integración local, en el caso de quienes quieran quedarse, y de reubicación, en el caso de quienes expresaron su voluntad de trasladarse, no a sus sitios de origen, sino a otros puntos del país.
Por otro lado, la segunda jornada de retorno, en la UPI La Rioja, terminó en enfrentamientos entre parte de la comunidad y el personal del Distrito y la Unidad de Víctimas que estaban adelantando el proceso. Si bien las 565 personas terminaron el abordaje de los buses pasada la 1:30 a.m., se formó una gresca entre varias personas de la comunidad que se negaron a viajar y querían cerrar, por la fuerza, la puerta de La Rioja, razón por la cual varios colaboradores del Distrito intervinieron.
La Consejería de Víctimas le confirmó a El Espectador que seis personas del Distrito resultaron heridas tras ser atacadas con golpes y objetos contundentes como botellas y piedras. Todos los lesionados están fuera de peligro. Finalmente, pese a los antecedentes de violencia y de presiones a las autoridades, este jueves culmina el proceso con el retorno de cerca de 450 personas que actualmente se encuentran en la UPI La Florida. Se espera que los buses salgan de la ciudad en horas de la noche sin ningún contratiempo.
¿Por qué el descontento?
Si bien el plan de retorno se oficializó una vez la comunidad Embera aceptó regresar de manera voluntaria, hay varias circunstancias que, según líderes y personas que han acompañado el proceso desde hace años, no se han resuelto del todo y podrían obstaculizar el éxito del plan. Una de ellas tiene que ver con la precariedad con la que, durante años, la comunidad Embera malvivió en albergues temporales que excedieron su capacidad de alojamiento. O en la calle, como sucedió en los predios del Parque Nacional.
“Los indígenas, en su gran mayoría, se devuelven porque se cansaron de vivir precariamente, hacinados, sin acceso a baños y con la indignidad como parte de su cotidianidad. No se cumplió la orden de traslado en La Rioja, que emitió el Tribunal de Cundinamarca en junio, por los riesgos estructurales y sanitarios que representa el predio para la gente. La orden debía cumplirse en un tiempo que no excediera los tres meses, pero no pasó nada y las personas, hasta el último día, siguieron viviendo bajo esas condiciones”, dice Jairo Montañez, antropólogo experto en asuntos étnicos y quien fungió como coordinador de autoridades indígenas en Bakatá.
En consecuencia, para cumplir la orden del Tribunal, las personas que estaban en La Rioja y decidieron quedarse, y quienes estaban en el Parque Nacional, serán reubicados en La Florida como una medida temporal mientras se determinan los procesos de relocalización en otros puntos del país o de integración local, según corresponda.
“¿Por qué no se cumplió esta, y otras tantas órdenes para proteger a la comunidad? Seguimos pensando que en Colombia no aplican las leyes de igual manera para todo el mundo. Hay casos que se resuelven en días o semanas, y otros que tardan años bajo la sombra de casos “más importantes”. Eso nos demuestra que hay un evidente sesgo que afecta a las comunidades más pobres y vulneradas”, advierte Montañez.
Por otro lado, si bien el Gobierno Nacional señala que las condiciones de seguridad en los territorios están dadas debido a que no hay alertas actuales que indiquen que las personas están abandonando la zona por hechos violentos, Montañez advierte que en los últimos meses se han emitido siete alertas tempranas de confinamiento en el Chocó y los desplazamientos, aunque en menor medida, continúan.
Otra arista que puede generar problemas, y en el caso más grave, un nuevo éxodo, tiene que ver con los tiempos de los trámites. “Hay trámites por delante, como el de la Ley de Garantías, y dependerá del tiempo en que se aprueben los recursos. Esperamos que estas alertas no pasen a mayores y que, en unos meses, no tengamos un efecto rebote con más personas saliendo de sus territorios”, advierte.
Así, teniendo en cuenta que, entre 2021 y 2024 se han levado a cabo más de 12 procesos de retorno, dos de ellos durante la administración Galán, por falta de garantías, las comunidades resultaron saliendo, una vez más, de sus resguardos, hay incertidumbre en buena parte de quienes retornan. Sin embargo, es la esperanza de regresar y retomar sus proyectos de vida, abandonados por el fantasma de la guerra, la que persiste y la logró que este nuevo plan pudiera concretarse.
Las primeras personas que salieron el lunes del Parque Nacional, tras arribar Pueblo Rico, en Risaralda, y recibir las primeras transferencias monetarias para su sostenimiento, y mercados para empezar este nuevo periodo, se encuentran camino a sus respectivos resguardos.
Lo propio sucederá con quienes salieron el miércoles de La Rioja y quienes saldrán este jueves de La Florida. Se espera que una vez en territorio, la veeduría de los entes de control para que los compromisos de seguridad, vivienda, acceso a salud y educación y vías de acceso, que entre otros requerimientos apenas básicos, exige la comunidad, se cumplan a cabalidad.
Aunque el retorno de más de 1.600 personas de la comunidad Embera marca un precedente logístico y humanitario para Bogotá, las tensiones vividas durante el proceso y las dudas sobre las garantías reales en los territorios de origen dejan abiertas varias preguntas. El reto ahora será garantizar que este regreso no se convierta, una vez más, en una pausa antes de un nuevo ciclo de desplazamiento.
La esperanza de reconstruir la vida en los resguardos sigue viva, pero necesita más que palabras: necesita acciones sostenidas, protección efectiva y una voluntad política que no flaquee con el paso del tiempo,
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