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La escalada de violencia en Transmilenio no es casualidad. Hace meses se venía cocinando un descontento, que se expresó en evasión masiva del pasaje, que escaló a vandalismo y confrontaciones en la Calle 76, cerca de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Ante la situación, dos sectores tienen su interpretación: mientras un sector del Concejo de Bogotá cree que hay un plan sistemático para atentar contra el sistema, en la institución educativa consideran que hay una estrategia para estigmatizar estudiantes. De fondo, ambas posiciones tienen el mismo origen: el reclamo de un transporte público digno y el respeto por el sistema.
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Todo explotó en la tarde del 4 de mayo, cuando hubo agresiones físicas en la estación Calle 76, entre guardas del sistema y un grupo de jóvenes, incluidos estudiantes. En su momento Transmilenio explicó que la confrontación ocurrió cuando el grupo intentó colarse a la estación. Por su parte, Helberth Choachí, rector de la UPN, consideró la reacción desproporcionada, en especial, al señalar que varios estudiantes resultaron afectados, al punto de haber tenido que ser trasladados en ambulancia tras el altercado.
Un guarda de seguridad del sistema narró lo que ocurrió al concejal Juan David Quintero: “Siendo las 19:30 ingresan a la estación Calle 76 decenas de usuarios en estado de alicoramiento. Llegan amenazando con que van a evadir el pasaje. Nosotros le recomendamos validar el pasaje, pero hacen caso omiso y amenazan con arma blanca. Nosotros nos defendimos con la tomba (bolillo), como último recurso”, dijo.
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¿Plan orquestado?
Tras el choque y omitiendo que todo se derivó de un intento acceder a la fuerza al sistema, la comunidad estudiantil convocó a dos concentraciones para protestar por la agresión a los estudiantes por cuenta del personal de seguridad. Los encuentros se planearon para el 5 y el 7 de mayo, pero, una vez más, todo se salió de control y una protesta pacífica terminó en nuevas confrontaciones y reparos de la universidad por la fuerte intervención de la UNDMO (antiguo Esmad).
Según el guarda de seguridad, en la primera convocatoria, casi a las 5:00 de la tarde, llegaron unas 200 personas y un grupo de encapuchados atacó la estación, un bus del sistema y a los guardas. Los hechos quedaron registrados en videos que circulan en redes sociales. Particularmente las grabaciones contrastan con las imágenes del 7 de mayo, que difundieron luego, donde se ven jóvenes con carteles, pidiendo la no estigmatización.
Acá es donde surge la hipótesis de un supuesto plan orquestado. Para el concejal Juan David Quintero todo hace parte de un plan para “destruir” Transmilenio. “Desde cuentas asociadas al estallido social se inició la difusión de piezas publicitarias incitando al no pago y al ataque al sistema. Hemos trazado piezas donde muestran a los guardas como calaveras, haciendo una clara apología al odio y a la violencia contra estos funcionarios”, señaló el cabildante.
Pese a que no hay información de las autoridades sobre planes contra el sistema de transporte, la administración defiende la actuación de la Policía. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, señaló que fue una actuación “institucionalidad frente a acciones violentas de unos pocos, que terminaron afectando la tranquilidad de los ciudadanos. Esto no es una acción contra la Universidad ni contra la comunidad educativa. Hacemos un llamado a la no estigmatización”.
Transmilenio también rechazó los hechos, defendió a sus guardas y reportó que más de 103.900 usuarios resultaron afectados por la interrupción del servicio troncal en la avenida Caracas durante dos horas pico de la tarde, lo que obligó a desvíos por otros corredores. Esto, sin contar los daños en la estación Calle 76, entre ellos grafitis sobre cuatro cámaras de seguridad, la señalización y las puertas de acceso.
Para Andrés Nieto, experto en seguridad en Bogotá, lo que ocurrió en Transmilenio no puede reducirse a un problema de orden público o de cultura ciudadana, sino a un desgaste acumulado entre la percepción del servicio y lo que pagan los usuarios. El experto cuestionó que el debate alrededor de las protestas haya terminado en narrativas de confrontación entre estudiantes, vigilantes y autoridades distritales.
Advertir sobre un supuesto “plan sistemático” para destruir Transmilenio, analizó, requiere investigaciones formales y pruebas contundentes, pues de lo contrario existe el riesgo de profundizar la estigmatización. “Eso termina por señalar que todos los estudiantes son colados o que todos los vigilantes están en una situación permanente de violencia, cosa que no es real”, explicó a El Espectador.
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Tarifa diferencial
En contraposición a la postura del Distrito y de algunos sectores del Concejo, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, aseguró que las movilizaciones del jueves 7 de mayo tenían un carácter “creativo y cultural” y buscaban abrir una discusión sobre la tarifa diferencial para estudiantes y el cese de la violencia dentro de Transmilenio. Según el directivo, la protesta derivó en una “acción desmedida” de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que habría afectado directamente a integrantes de la comunidad universitaria.
Afirmó además que la universidad viene documentando agresiones contra estudiantes dentro del sistema de transporte público. “Esto parece un ataque sistemático contra los jóvenes en la ciudad”, señaló Choachí, quien denunció presuntos casos de perfilamiento y actuaciones que, según dijo, ponen en riesgo “la vida, la integridad y la seguridad” de estudiantes de la Pedagógica.
Incluso, insistió en la necesidad de revisar el papel de los cuerpos de vigilancia dentro de Transmilenio y propuso instalar una mesa técnica con participación del Distrito, la empresa y la comunidad universitaria, para discutir medidas relacionadas con cultura ciudadana, protección de los jóvenes y una eventual tarifa diferencial para estudiantes.
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Nieto sostiene que, aunque la evasión no puede justificarse, tampoco es posible analizar el fenómeno sin tener en cuenta problemas estructurales del sistema, como la frecuencia de las rutas, el mantenimiento, la seguridad y el control del desorden al interior de estaciones y buses. Segú él, el debate sobre una tarifa diferencial para estudiantes no es nuevo en Bogotá y hace parte de una discusión más amplia sobre acceso al transporte público y percepción de inequidad. “El real problema no es si se tiene el dinero para pagar el pasaje, sino que las personas sienten que lo que pagan no corresponde al servicio”, afirmó.
Aunque en Transmilenio sí existen apoyos focalizados para población estudiantil vulnerable, no hay una tarifa diferenciada como lo propone la universidad. Uno de ellos funciona mediante convenios entre Transmilenio y entidades educativas o distritales. Actualmente hay acuerdos con la Agencia Distrital de Educación Superior ATENEA, la Secretaría de Educación, la Universidad Nacional de Colombia y la Escuela Superior de Administración Pública, dirigidos a estudiantes priorizados por condiciones socioeconómicas. Según cifras oficiales, más de 55 mil estudiantes reciben actualmente este tipo de apoyos.
Desde el Concejo, Heidy Sánchez, entre otros concejales de la oposición, respaldaron al rector de la Universidad Pedagógica. La cabildante indicó que recientemente su bancada llevó a cabo seis mesas de trabajo con varias secretarías de la Alcaldía, pero “estas mesas fueron improductivas. No hay actuación; recientemente asesinaron a un joven”, criticó.
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Altos funcionarios del Gobierno se unieron a la UPN para apoyar la mesa técnica convocada por el plantel educativo. Daniel Rojas, ministro de Educación, asistió a la universidad este viernes y desde allí respaldó la posición del rector. La asamblea fue convocada para el lunes, aunque la administración no ha confirmado su asistencia.
Es claro que la ciudad está en un punto de erosión que se termina concentrando en la compleja relación de los habitantes con Transmilenio. Antes de llegar a este punto, la capital ya venía atravesando varios episodios de violencia en estaciones de Transmilenio, antecedentes que no se pueden pasar por alto como guardas atacados en la Calle 22 en febrero de este año, y en 2025, las múltiples agresiones en el 20 de julio, y en general, episodios diarios de violencia dejan claro que el panorama venía “calentándose”.
Los datos también lo demuestran: en 2026 ya se han registrado 184 agresiones contra guardias de seguridad, lo que equivale a un ataque cada 14 horas. Adicionalmente, el sistema pierde cerca de 264 mil millones de pesos anuales por evasión, que ya alcanza el 15 % de los usuarios.
Para el analista, datos como estos pueden cambiar si se identifica que el deterioro de la relación entre ciudadanía y el sistema terminan alimentando fenómenos como la evasión y las agresiones. “La mejor forma de evitar el no pago es elevar la calidad del servicio”, concluyó. Con los estudiantes de la Pedagógica en el centro de este nuevo capítulo, Bogotá enfrenta ahora un pulso tanto por la narrativa de lo ocurrido como por el futuro del sistema. Lo que comenzó con una confrontación en una estación terminó abriendo una discusión más profunda sobre autoridad, violencia, evasión y el derecho a un transporte público digno en la capital.
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Por Juan Camilo Parra
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