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Unas de cal por otras de arena. Con la enmienda del decreto del Presupuesto General de la Nación (PGN), y la posterior aclaración de los recursos que destinará el Gobierno para el metro, la ciudad no pudo evitar una segunda mala noticia. En la lista de transferencias no figuran los recursos que esperaban Bogotá y otras ciudades con sistemas masivos para solventar el déficit del transporte público.
El año pasado, a través de una adición presupuestal, les prometieron $1 billón. Para este esperaban algo similar. En aquella oportunidad Claudia López celebró la decisión del Congreso para que con recursos del erario las ciudades lograran aliviar un poco los números rojos de sus sistemas. De hecho, para honrar el compromiso, el Estado alcanzó a girar $300.000 millones, pero el segundo desembolso no llegó.
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El pasado 13 de enero el presidente Gustavo Petro y un primerizo Carlos Fernando Galán se reunieron para hablar del déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), en el que se apoya Transmilenio. Al menos este tema, junto al metro, ocupó el 90 % de la agenda. Lamentablemente la primera cita oficial se saldó con declaraciones escuetas y un apretón de manos, lejano de las ansiadas acciones concretas.
Si bien el alcalde mencionó la importancia del desembolso de los $800.000 millones para aliviar las finanzas del sistema, sin tocar el bolsillo de los bogotanos, no se materializó ninguna clase de compromiso. Y he aquí las consecuencias. Sin más remedio que el de resolver el dilema matemático a punta de calculadora, a la actual administración le queda un margen reducido de opciones para tapar el hueco, sin tener que destapar otro en su presupuesto o, todavía peor, tocando el bolsillo de la ciudadanía con el alza en los pasajes.
La luz que se apagó
Bogotá adelantó la tarea, respecto a otras regiones del país, y desde 2021 efectuó una inversión importante al consolidar una flota de 1.485 buses eléctricos. A esta apuesta le cayeron como anillo al dedo los parámetros en materia de transporte, que definió el Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo. Allí se incluyó una línea de acción, en la cual el Estado ayudaría a financiar el transporte público de las ciudades, con el fin de hacerlos más eficientes y, sobre todo, sostenibles.
Con ese brote de esperanza en el PND, y la adición presupuestal en el Congreso, que López celebró el año pasado, la ciudad sintió un leve respiro para compensar la inversión en transporte sostenible y, de paso, solucionar el lastre deficitario. Se esperaba que el respaldo se ratificara este año, pero todo se esfumó con el decreto del PGN.
Busque por otro lado
Rebobinando la cinta, en busca de soluciones, toca remontarse a la dichosa reunión, de ideas inconclusas, que se dio en enero. En efecto, cuando se tocó el tema de los recursos que esperaba la ciudad para Transmilenio, el ministro William Camargo instó a que Petro y Galán ingeniaran nuevos mecanismos para obtener esos recursos faltantes, al margen de una transferencia directa de la nación.
La primera propuesta, que más bien fue la reafirmación de una vieja idea, apuntó a lo que piensa Petro de financiar el transporte público mediante un cobro adicional en las tarifas de energía. Aunque en un principio los expertos no lo vieron tan inviable, algunas calibraciones financieras señalan que el cobro adicional en la factura no podría respaldar por sí sola una empresa semejante. De ser así, el “pequeño aporte” del que habla el presidente podría incrementar significativamente el recibo de la energía, y consigo desataría una cadena inflacionaria.
Desde la academia proponen generar ingresos adicionales vía catastral. Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana y experto en transporte, señaló que los predios que involucra la obra de la primera línea del metro generarían un proceso de plusvalía con potencial de dar una mano. En efecto, estas propiedades aumentarán su valor con estas obras y, por ende, la ciudad recolectaría más recursos por concepto de impuestos prediales y otros recaudos. “Debe ser una tarea del Gobierno, la Empresa Metro y RenoBo”, sentenció Hidalgo a este diario.
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Un asunto nacional
De otro lado, El Espectador conoció por fuentes internas que por el momento al Distrito no le queda más que aguardar a que, al igual que el año pasado, se promueva una adición presupuestal al PGN. En ese debate la esperanza es que, al igual y como ocurrió el año pasado, los representantes a la Cámara, con Bogotá y Antioquia a la cabeza, presionen al Gobierno para incluir la partida presupuestal dirigida a los sistemas de transporte público masivo del país.
En juego no solo está la posibilidad de financiar el hueco de todos los sistemas de transporte a nivel nacional. Durante el debate, en el que se aprobó el dinero que por el momento quedó en ascuas, se habló de la posibilidad de que los gobiernos locales renegociaran los contratos de concesión de transporte, que actualmente sostienen con actores privados. En su momento, Claudia López afirmó que la inyección económica habría la posibilidad para revisar dichas condiciones y, en su momento, conseguir un mejor trato.
Cualesquiera que sean los motivos, por el momento, la ciudad deberá “saltar matones”, tirando calculadora y ganando tiempo para evitar que la alternativa para tapar el hueco, al igual que siempre, pase por la vía de incrementar el pasaje del transporte público, antes de que el rumor de una parálisis del transporte público vuelva a asomarse en la ciudad.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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