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Como pocas veces, el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro parecen estar cerca de entenderse. El déficit de agua es de las pocas cosas que los ha puesto en sintonía, y si bien la reunión del miércoles no servirá para que llueva más en Chingaza, sí abre la posibilidad de buscar herramientas para enfrentar la crisis en la capital, único tema que hoy los acerca. La reunión, que se coordinó luego del cruce de algunos trinos del alcalde y el presidente, se configuró como el preludio de lo que puede ser el primer paso conjunto y coordinado a favor de la ciudad.
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Y se dio en medio de una coyuntura complicada para Bogotá y la región. El cambio climático, con todo y sus efectos, derivó en una sequía histórica que tiene a la capital y a su área metropolitana, padeciendo un racionamiento y un futuro incierto para garantizar el abastecimiento en 2025. Tan críticas son las estimaciones, que el tema principal del encuentro fue sobre la posibilidad de decretar el estado de desastre para Bogotá y la región. Esta determinación, incluida en la legislación colombiana, da pie para que ambos poderes, tanto el central como el distrital, tomen acciones conjuntas de manera excepcional a través de unificación de presupuestos para resolver la emergencia, tanto a corto como a largo plazo.
¿En qué consiste la declaratoria de desastre?
No es la primera vez que el Gobierno Nacional decreta la situación de desastre este año. Lo hizo en enero como respuesta a la situación de incendios forestales producto del fenómeno de El Niño, y fue no solo para mitigar las conflagraciones, sino para comenzar la restauración forestal de las hectáreas afectadas. De hecho, el Decreto 0037 del 28 de enero está vigente y ha permitido que el plan de acción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) continúe vigente hasta diciembre y con la posibilidad de prórroga.
En el marco de esa decisión, para el departamento de Cundinamarca —el más afectado del país por cuenta de los incendios— se ha coordinado el auxilio de diversas entidades, además de ayuda económica para atender la emergencia. Algo parecido es lo que se está intentando hacer en Bogotá en el marco de la escasez de agua. Conforme a lo estipulado en la Ley 1523 de 2012, el Gobierno tiene la potestad de decretar la situación de desastre en una coyuntura como la actual, en donde la sequía amenaza el abastecimiento de agua potable y, además, con agudizarse de continuar así.
En ese orden de ideas, cuando se declare la situación de desastre, la Ungrd, en conjunto con las autoridades distritales, deberán elaborar un plan de acción que apunte a mitigar la emergencia, así como de restablecer sus efectos adversos. Dicho plan, en vista de su excepcionalidad, será de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones. Este aspecto es el más importante, ya que permitirá, mientras se da la situación, sumar recursos y expedir directrices excepcionales para cumplir dicho plan.
“Básicamente, la declaratoria nacional le permite al presidente de la República, a partir de un principio de subsidiariedad, concurrir financiera, jurídica y técnicamente con los gobiernos departamentales y locales. Esta declaratoria debe ser un decreto y puede contener normas basadas en el régimen especial que plantea la ley 1523 y deberá contener estrategias de respuesta y estructurar un plan de acción específico para la recuperación de las zonas afectadas”, le explicó a El Espectador Ana milena Prada, subdirectora para el conocimiento de la Ungrd.
Lo clave en el desastre
En vista de lo anterior, lo clave, una vez se decrete la situación de desastre, será incluir en el plan de la acción de la Ungrd cada una de las acciones que permitan no solo solventar la crisis hídrica, sino garantizar el abastecimiento. En ese orden de ideas es claro que, ante la sequía, la prioridad del Distrito es acceder a más agua para potabilizarla y abastecer a la ciudad. De ahí que una de las prioridades apunta al norte y a la posibilidad de que Bogotá pueda aprovechar en mayor cantidad el líquido del río Bogotá y el que hay en las represas de Neusa, Sisga y Tominé.
De acuerdo con el Acueducto, en dichos embalses hay 400 millones de metros cúbicos, de los que no pueden disponer con libertad. De poder hacerlo se le podría restar presión al sistema de Chingaza, del cual depende el abastecimiento del 70 % de la ciudad y el que soporta la mayor crisis. El obstáculo, al igual que con la necesidad de aprovechar dos metros cúbicos por segundo adicionales del río Bogotá, reside en la autorización que pueda dar la CAR como autoridad ambiental del departamento.
Como lo manifestó Galán, si se logra incluir esa alternativa de aumentar el caudal aprovechable en el plan de acción, la planta Tibitoc comenzaría a tratar esas aguas con su máxima capacidad. Pero esto va con otra misión: reducir la pérdida de agua en la ciudad, que alcanza el 30 %, debido a robo del líquido y daños en las tuberías. En este caso aplica con mayor contundencia la frase “cada gota cuenta”.
Por el lado del Gobierno Nacional se habló mucho de un plan de eficiencia para el aprovechamiento de aguas lluvias para el uso residencial, aunque hacerlo no es tan fácil. Según el director del Centro de Estudios Ambientales de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Jairo Alberto Romero, no se pueden perder de vista los costos. “La situación para cada una de las casas y predios de la ciudad es distinta. Mientras que hay algunas que cuentan con tubería para la evacuación de aguas lluvias, hay otras que no, y eso implicaría una instalación que no sería barata”, advierte el experto. Existe una ventaja en una ciudad como Bogotá, en donde las propiedades horizontales han crecido 45 % durante los últimos dos años.
En este tipo de propiedades, dicen los ingenieros Diego Alejandro Peralta y Silvia Ureña, en su trabajo, “Sistema para el aprovechamiento de agua lluvia en edificios de mínimo seis niveles en la ciudad de Bogotá”, se prestan para la instalación de dispositivos de recolección. Los autores del estudio, a través de un análisis de costos y tecnologías disponibles, afirman que existe la posibilidad de habilitar sistemas con contenedores para recoger el agua y complementarlos con tuberías y motobombas que las conecten a sistemas de riego para limpieza de fachadas. Incluso el sistema podría llegar a los apartamentos que deseen aprovecharla para usos sanitarios. La inversión no excedería los $13.000 millones.
Por primera vez los gobernantes de Bogotá y el país han dejado al lado sus egos y diferencias para enfrentar un mal común. Una problemática que, de hecho, tiene a los líderes del mundo pensando y que ahora, en la coyuntura bogotana, tiene la posibilidad de fungir en un ciclón de fraternidad y colaboración que le permite a la urbe escapar de episodios todavía más lamentables. Enhorabuena por el primer paso. Solo resta esperar los resultados.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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