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Los enfrentamientos, que a menudo suceden durante jornadas de manifestación, en inmediaciones de las universidades públicas de Bogotá alcanzaron este jueves 25 de julio niveles de violencia que fácilmente hubieran terminado en tragedia. Con los hechos, la legitimidad del derecho a la protesta, por un lado, y el uso de la fuerza, por el otro, terminaron en entredicho y abrieron de nuevo el debate sobre las maneras de atender estas situaciones.
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Pasadas las 5:00 p.m., según informó la Vicerrectoría de la Universidad Nacional, “un grupo se manifestó de forma violenta en las entradas peatonales de las calles 26 y 45″. Puntualmente en la calle 26, en medio de los bloqueos, varios encapuchados atacaron una patrulla de la Policía con artefactos explosivos e incendiarios. Ante el hecho, dos uniformados, saltándose los protocolos de atención de protestas, desenfundaron sus armas de dotación y dispararon en varias oportunidades contra los agresores.
Los sucesos quedaron registrados en videos de testigos que se viralizaron en redes sociales. “En un momento, para garantizar que Transmilenio siguiera funcionando, se pensó en hacer un contraflujo. A la zona llegó un gestor de movilidad de TM, que fue agredido por encapuchados. Ante esto pidió ayuda a una patrulla que iba por la vía. Cuando los uniformados lo iban a asistir los atacaron”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán. Luego de esto es que los uniformados reaccionaron.
De ambas partes resultaron personas heridas. Por un lado, a dos policías los trasladaron a centros de salud. La Mebog confirmó que el diagnóstico fue “trauma acústico por artefacto explosivo”. Ambos están fuera de peligro. Tras los análisis de la Unidad Antiexplosivos de la policia. la entidad señaló que los explosivos contenían metralla, es decir, elementos como rocas, puntillas o tuercas que se incrustan en el elemento explosivo con el fin de multiplicar su capacidad destructiva y causar más daño a quien se encuentre cerca.
Por otro lado, el Comité Estudiantil de DD. HH. de la U. Nacional confirmó que atendieron a dos personas lesionadas. “Tenemos a una con una lesión por un gas en una pierna y a otra herida por el roce de una bala en la pierna derecha”, indicó. A estas personas las atendió el grupo de atención de emergencias del Comité, integrado por profesionales de la salud de la universidad. “Las personas recibieron atención primaria y luego, de manera voluntaria, se retiraron del lugar. Hasta el momento no tenemos identificado si se trata de personas adscritas a la universidad”, señaló el Comité.
La Universidad Nacional expresó su rechazo a las manifestaciones violentas en inmediaciones del campus e instó a las autoridades a realizar las investigaciones que correspondan para dar con los responsables de las agresiones a la Policía y ejercer las sanciones a las que haya lugar con los uniformados implicados.
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¿Qué hacer?
“Lo que vemos es, a todas luces, un acto de defensa. El tema de fondo es la proporcionalidad en el uso de la fuerza. La investigación debe demostrar si el uso del arma por los policías correspondía a una respuesta acorde al uso de explosivos, tal y como lo muestra la evidencia. Lo que vemos es que ambas acciones ponen en riesgo, además de la vida de los implicados, la integridad de transeúntes, conductores y estudiantes, entre otros grupos ajenos a la confrontación que se dio en ese momento. En ese sentido, es un hecho que las dos partes realizaron actos peligrosos contra la vida de las demás personas”, afirmó Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, a El Espectador.
Al respecto, la ONG Temblores, a través de un comunicado, mostró su preocupación por “el no cumplimiento de la normativa vigente por la Policía Nacional, específicamente del Decreto 003 de 2021, en el que se prohíbe el porte de armas de fuego en cualquier escenario de protesta social”. Y teniendo en cuenta los antecedentes de uso de armamento letal contra manifestantes por la Policía, tal y como ocurrió en septiembre de 2020, cuando varias personas murieron asesinadas presuntamente por las autoridades, el llamado de la organización es a “que se abran las investigaciones disciplinarias en el Ministerio Público para que se tomen medidas de no repetición”.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la universidad aseguró que “en ninguna circunstancia los policías debieron sacar sus armas de dotación. ¿Por qué? Porque se trata de armas altamente letales, que fueron accionadas en un entorno rodeado de civiles y de gente ajena a la confrontación. Además, los policías que dispararon no estaban atendiendo los disturbios y la fuerza encargada de esa tarea, el Undmo, ya estaba al frente de la situación, siguiendo los protocolos establecidos”.
Al respecto, Hugo Acero comenta que la investigación debe determinar puntualmente el recorrido del vehículo policial implicado, debido a que la misionalidad que cumplía en ese momento es clave para determinar las circunstancias en que accionó el arma. “Si estaba atendiendo la manifestación, incurriría en una falta grave, pues no tendría por qué haber accionado el arma de fuego, según los protocolos. Ahora bien, si la investigación demuestra lo contrario, el tema es más complejo, porque, en efecto, hay un atentado contra la integridad de los uniformados”.
Entretanto, las investigaciones avanzan, mientras el Comité de Derechos Humanos de la universidad dice que la institución se encuentra en “crisis de garantía de derechos humanos. Con estos hechos queda en evidencia que urge que la universidad saque una política que cobije situaciones que involucren excesos de fuerza y uso desmedido de la violencia por parte de autoridades y de manifestantes. Para ello seguiremos insistiendo en la importancia de las mesas de trabajo con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa”.
De las personas que atacaron a los uniformados es poco lo que hasta ahora se sabe. De su captura y judicialización, dice Hugo Acero, “dependerá en parte que estos hechos dejen de ocurrir o al menos disminuyan notablemente. Si hay un castigo punitivo ejemplar, seguramente marcará un antecedente importante. Sin embargo, hay que insistir en las estrategias de diálogo y de dispersión pacífica de manifestaciones”.
La protesta tendrá que ser respetada y garantizada por las autoridades. Aunque los progresivos aumentos en los niveles de violencia, que derivan en disturbios, y las motivaciones de las protestas, que involucran nuevas dinámicas que, incluso, se salen de las exigencias del estudiantado, degradan este derecho y desvirtúan su legitimidad como motor de cambio. De no tener y respetar reglas claras, y de repetirse casos como los del jueves, hay altas probabilidades de que un caso similar termine en tragedia.
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