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La violencia política contra las mujeres es una de las principales barreras para el acceso y permanencia en espacios de liderazgo, representación y toma de decisiones. Así lo define la Organización ONU Mujeres. Estas violencias, según el ‘Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Para’, pueden incluir, entre otras, la violencia física, sexual, psicológica, moral, económica, simbólica o, la más extrema, el feminicidio. Esta tipología de estereotipos de género representados en discriminación y violencia, afectan el ejercicio de su participación política en igualdad con los hombres, como sucede a nivel local.
Estas violencias también se manifiestan en actos discriminatorios en razón de género como menoscabar su imagen pública, minimazarla por su estado de embarazo, restringir su uso de la palabra, entre otros escenarios que pueden suceder en el acontecer diario.
Para evidenciar si se trata de violencias en el ámbito público político, algunas académicas como Jennifer Piscopo, Profesora Titular de Ciencia Política en la Universidad en Los Ángeles, California, y experta en política y género, propone considerar estos elementos: entender el motivo; (impedir el acceso, sacar o excluir a las mujeres); revisar la forma del ataque (si tienen patrones de género, estereotipos, ataques sexistas, burlas denigrantes; y valorar el Impacto de la violencia (no solo en la vida de la mujer y en su derecho a participar, sino el impacto de esa violencia en la familia y la comunidad).
Y entonces, ¿quiénes pueden ejercer estas violencias? Según Transparencia por Colombia, aquellos dirigentes de organizaciones sociales o políticas, sean de la misma organización a la que pertenece la víctima u otras; también candidatos a cargos de elección popular; autoridades electas como ediles, concejales, alcaldes, etc; militantes de organizaciones políticas; miembros de grupos armados; o cualquier ciudadano.
¿Cómo se encuentra el panorama en Bogotá?
Por primera vez, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC, se puso en la tarea de medir la percepción de la violencia contra las mujeres pertenecientes a procesos asociativos como las Organizaciones Sociales, caracterizadas por la entidad; las Instancias de Participación y las Juntas de Acción Comunal.
601 mujeres (185 de organizaciones sociales, 107 de instancias de participación y 309 de Juntas de Acción Comunal, fueron consultadas vía telefónica por el IDPAC para conocer si ellas o alguien que conocen, fueron víctimas de algún tipo de violencia de género. A pesar de que fueron realizadas entre octubre de 2022 a septiembre de 2023, desde la entidad indicaron que este es el análisis más completo y reciente que tienen sobre este fenómeno.
Pues bien, respecto a los resultados, en primer lugar arrojó que 8 de cada 10 mujeres (82.98 %) indicaron conocer, haber escuchado o presenciado casos de violencia en sus organizaciones sociales, como discriminación (el tipo de violencia más recurrente en todos los procesos asociativos), psicológica, sexual y física.
Precisamente en cuanto a la prevalencia de discriminación en procesos asociativos, 4 de cada 10 mujeres (45,24 %), indicaron que la situación más recurrente que presenciaron, escucharon o conocieron, fue el ser silenciada cuando está dando un argumento o discurso, o han restringido el uso de la palabra; seguido de tener menos oportunidades que un hombre para ascender, (36,8 %); ser ignorada o no tomarla en cuenta por ser mujer, (35,88 %); y ser humillada u ofendida por el hecho de ser mujer, (32,8 %).
En cuánto a violencia psicológica, el 63,76 % de las mujeres de organizaciones sociales fueron las más afectadas y del total de los procesos participativos, el 36,07 % dijo que alguna mujer se sintió manipulada o presionada para tomar decisiones; seguido de que alguna mujer ha expresado haber sido amenazada verbalmente con ser lastimada o lastimar a alguna persona importante para ella debido a su rol, (26,65 %).
Respecto a la violencia física, el 27,07 % de los procesos participativos, fue o evidenciaron un víctima. De esta manera, el 21,27 % conoció, escuchó o presenció algún tipo de empujón, jalón, golpe o patada por su condición de lideresa o por ejercer su rol; seguido del 15,05 % que indicó que alguna mujer ha sido amenazada con arma blanca o de fuego.
Finalmente, lo referente a violencia sexual, 2 de cada 10 mujeres perteneciente a procesos asociativos (25,89%) dicen conocer, haber escuchado o presenciado casos en los que alguna mujer reciba piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo a causa de su participación; y el 14,11 % manifestó recibir alguna propuesta o insinuación para tener relaciones sexuales a cambio de favores o beneficios por parte de algún hombre que ocupe un rol de liderazgo.
“Ya se habla mucho en el Distrito de violencia política, sin embargo, ni el orden Distrital, ni el orden nacional está regulado ningún aspecto sobre esto. A pesar de ello, es un hecho evidente que está sucediendo con muchísima frecuencia y que advierte, como esta encuesta, se genere con mayor incidencia por lo que representa ser una mujer líder en espacios que tradicionalmente han sido ocupados por hombres”, sentenció Adriana Marcela Castañeda, gerente de Mujer y Género del IDPAC, en entrevista con El Espectador.
Las expresiones machistas como formas de violencia
La Encuesta de Violencia Contra la Mujer del IDPAC, también arrojó que 7 de cada 10 mujeres (78,88 %) pertenecientes a algún proceso asociativo han escuchado al menos una expresión machista dirigida hacia alguna mujer que pertenece al proceso. Del total, el 56,95%, escuchó la frase “no sea gritona”; el 54,64%, “calladita se ve más bonita”; el 54,62%, “ese trabajo es para hombres”; el 52,57%, “usted no es capaz, le quedó grande”; el 51,62%, “las mujeres se ven mejor en la casa”; el 50,35%, “eso no es para usted”; el 50,05%, “no sea bruta”; el 42,55 %, “yo le ayudo si me da algo”; el 41,65 %, “vaya y se prepara”.
“Normalmente los ataques de violencia de género inician con pequeñas acciones, por eso es importante no normalizarlos, porque tiene implicaciones psicológicas sobre todo en las mujeres que son nuevas en espacios de participación, porque las que ya llevan una trayectoria, les tocó a las malas aprender a afrontar estas situaciones y no se dejan atacar, ni congestionar por este tipo de afirmaciones, que no es el deber ser”, explicó Adriana Marcela Castañeda, gerente de Mujer y Género del IDPAC.
Y es que precisamente, el 64,75 % de las mujeres encuestadas de todos los procesos participativos, señaló que las prácticas comportamientos machistas o misóginos arraigados, influyen en las violencias contra las mujeres que participan en política; seguido de sentimientos de envidia, celos o superioridad (58.6%); y la jerarquía en el proceso asociativo, (41.83 %).
Un fenómeno que se sigue atacando
En general, en esta encuesta se observa que las mujeres que participan en organizaciones sociales son quienes más reportan haber escuchado o presenciado casos de violencia al interior de sus procesos asociativos (82,98 %), seguidas de las mujeres que participan en Instancias de participación (65,78 %) y las mujeres que son dignatarias en las juntas de acción comunal (56,22 %).
Asimismo, las localidades donde las mujeres más reportan conocer, haber escuchado o presenciado casos de violencia al interior de sus procesos asociativos son Antonio Nariño, La Candelaria y Puente Aranda. “El nivel del estudio de la anterior administración no llegó a la profundidad de responder el porqué en estas localidades. Lo que sí nos preocupa es que es sistemático las violencias y que nos debe poner a actuar”, sentenció el director del IDPAC, Juan Pablo Camacho.
De esta manera y a partir de estos datos, el IDPAC se propuso revisar los estatutos de las Juntas de Acción Comunal para incluir Cómites de Género, en articulación con las secretarías de Gobierno y de la Mujer, que trabajen en pro de la no violencia contra las mujeres; así como realizar capacitaciones en territorio sobre las rutas de acción y líneas de atención en caso de violencia.
“Los comités de mujer en las Juntas de Acción Comunal no existían. En este momento nos encontramos actualizando los reglamentos y estatutos de las JAC. Ya Puente Aranda incluyó en su articulado la creación de la Comisión de la Mujer y la idea es que se replique y así mismo se apruebe aquí en el IDPAC, que todos los reglamentos y los estatutos de la mayor parte de Juntas, integren la Comisión de la Mujer para que además esto nos sirva como una primera ruta de alerta en la localidad y que los integrantes de las JAC, que son servidores públicos, también sean como el primer puente de atención en un caso de violencia política”, señaló Adriana Marcela Castañeda.
Y agregó, que en estas Comisiones de la Mujer, “se va a volver a obligatorio que los hombres que pertenecen a una Junta de Acción sepan del enfoque de Mujer y Género, porque cuando sean parte de esta Comisión, van a tener que aplicarlo y eso nos va a ayudar en el tema de cultura ciudadana y cuidado”, finalizó la gerente de Mujer y Género del IDPAC.
¿Cuáles son los retos?
Según el IDPAC, de 19.553 dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, 9.510 son mujeres. Un poco menos del 50 %. Y de presidentes en Juntas de Acción Comunal hay 1.498, dentro de las cuales 583 son mujeres presidentas. “Si no trabajamos para promover y proteger la participación de las mujeres, esto se va a reducir o vamos a tener más casos de violencia, si no trabajamos para que haya una cultura de paz, de respeto y democrática”.
Por ello, parte de los retos en esta Institución y que menciona Adriana Castañeda, gerente de Mujer y Género, parte de “ser reactivas de manera inmediata en lo territorial. Es decir, que tú no tengas que esperar a hacer una llamada para activar una ruta a través de una serie de instituciones, sino que haya una red de apoyo inmediata en tu barrio, en tu cuadra, en tu cuadrante. Y lo otro, activar en todas las localidades los Consejos Locales de Seguridad para las mujeres”.
Finalmente, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), es enfático en recalcar que los liderazgos, desde una perspectiva interseccional, envían un mensaje significativo para el país: que las mujeres están habitando la esfera pública desde diferentes posturas políticas, con gran reconocimiento en los territorios y con trayectorias profesionales sobresalientes, y eso es algo que la sociedad en general y los partidos políticos en particular deben tener en cuenta.
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Por María Angélica García Puerto
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