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Desde que Valentina Trespalacios, una joven DJ y modelo de 21 años, fue asesinada el 22 de enero de 2023, en la capital hubo 23 feminicidios más. La Fiscalía ha esclarecido el 100% de ellos. Sin embargo, la aplicación de justicia es otro cuento aparte. Ha transcurrido un año de importantes avances del proceso penal en el que John Poulos es el principal sospechoso del feminicidio. Pero también, un año en el que la familia de la DJ ha navegado a contracorriente de los prejuicios de los medios de comunicación, que han revictimizado no solo a la familia de la mujer, sino la memoria de ella. Ahora, un nuevo testimonio de Poulos que, según el, “lo cambia todo”, será evaluado en la próxima fase del caso, el próximo 12 de febrero.
John Poulos está siendo juzgado desde el año pasado, luego de atravesar las etapas de audiencia de acusación y preparatorias al juicio. Pablo Venegas, abogado y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, señala que los casos como estos pueden tardar incluso hasta cinco años en atravesar todas las etapas. A pesar de ello, al este ser un caso mediático, con unas características tan particulares y un contenido violento que destapó la perversión de una sociedad masculinizada, avanzó de manera rápida.
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“Si no hubiera presión mediática, como no ocurre en la mayoría de los casos, el proceso pudo tardar años. Esto tiene que ver con la congestión del sistema judicial colombiano, es decir, hoy un juez tiene una carga enorme de casos por resolver”, señaló a El Espectador.
Así lo cree también Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas, quien afirmó que el proceso avanza satisfactoriamente, pese a los problemas de traducción que hubo al inicio del proceso. “Ha sido un proceso al principio dilatado, pero se ha organizado el camino. Lo que ocurría era que, desde la captura, la defensa del acusado solicitó nulidad; cuando arrancaron las audiencias de acusación, ellos pidieron la nulidad del proceso por la supuesta ilegalidad en la captura y problemas con la traductora; después, buscaban que las pruebas nuestras no fueran válidas”, señaló el abogado a El Espectador.
Cronología
El 22 de enero de 2023 un reciclador halló el cuerpo de Valentina en un contenedor de basura en el barrio El Conámbulo en la localidad de Fontibón. Desde entonces, los detalles escabrosos del feminicidio salieron a la luz pública. Detalles como que el cuerpo de la joven fue abandonado dentro de una maleta de la cual sobresalía su cabeza; los signos de violencia -golpes- que hallaron los primeros peritos forenses en su cuerpo.
Pero el caso dio un vuelco cuando el 24 de enero, Poulos fue identificado como sospechoso del feminicidio y capturado en el aeropuerto de Panamá, donde se preparaba para hacer una escala a Estambúl (Turquía). La historia del amorío de Trespalacios y el estadounidense rodearon las primeras planas. Así como la llegada del señalado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota con las famosas esposas moradas para presuntos feminicidas.
El caso avanzó. La Fiscalía demostró en las primeras audiencias que Poulos fue el último en estar con ella en sus últimas horas de vida. Incluso, había rentado un apartamento en el edificio Kappadocia en el norte de la ciudad, donde comenzaría a vivir con la joven. También quedó en evidencia el momento en que Poulos, al parecer, sale del edificio con el cuerpo de ella, ya escondido en la maleta. Además, el 20 de enero a las 7:00 p.m., un cámara de seguridad captó cuando el acusado y la víctima ingresan a una discoteca en El Restrepo, donde Valentina tenía una presentación como DJ. La madrugada del 21, ambos vuelven al apartamento, antes de que Poulos saliera al otro día a dejar el cuerpo en el basurero en el occidente de la ciudad.
Si bien las audiencias tuvieron algunas dilaciones, en su mayoría por desentendimientos de Poulos, quien hizo cambiar a su traductora y posteriormente intentó hacer uso de pruebas que le negaron y también argumentar que la justicia colombiana le vulneró sus derechos, las audiencias llegaron a juicio rápidamente.
En este tiempo, Poulos tuvo un acercamiento con la defensa, pero no hubo ningún acuerdo. Miguel Ángel del Río comentó a El Espectador que hubo un momento en que la defensa de Poulos se acercó a conversar. El motivo de este acercamiento, fue el de establecer una negociación para aceptar su presunta responsabilidad. “La condición era que querían disminuir el proceso penal de feminicidio a homicidio agravado, ese cambio le daría una rebaja de unos 20 años. Nosotros no aceptamos ese acuerdo, seguimos firmes con nuestra teoría de muerte y la de la Fiscalía”, señaló el abogado.
Otro argumento que pretendía usar la defensa de Poulos es en el que Valentina no era dependiente económicamente del norteamericano, y que la asesinó en una reacción de celos, lo que ponía en duda el tipo penal de feminicidio. Pero el abogado de las víctimas asegura que “tenemos pruebas de los recursos y del dinero por parte de Poulos hacia ella. Eso les va a acostar mucho en el juicio”, añadió el jurista.
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Nuevo testimonio
“Mi versión de la historia y de lo que realmente sucedió no ha sido revelada a Colombia ni al mundo, pero pronto todos verán que soy la única persona que dice la verdad y tengo todas las pruebas”, fue lo que dijo John Poulos en una entrevista que concedió a la Revista Semana. Testimonio que no concuerda con las pruebas hasta ahora evidenciadas por la Fiscalía.
En dicha entrevista, Poulos afirma no recordar lo que sucedió aquella madrugada del 21 de enero. Afirmó que luego de volver de El Restrepo con Valentina, se durmió y no sabe qué sucedió de ahí en adelante. Sobre esto, Pablo Vanegas, hace un análisis, partiendo del punto de que ninguna verdad está dada en estos casos y es habitual que algunas personas pierdan la memoria en hechos de alta tensión como los que desencadenan un feminicidio, pero estos alegatos deben ser bien demostrados para que no surjan como una maniobra dilatoria, lo que puede suceder con este nuevo relato.
“No se puede descartar la posibilidad de que las personas que cometen este tipo de crímenes olviden o pierdan la memoria en ciertos aspectos cuando cometen un determinado delito. En este caso hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, pues el solo hecho de cometer un crimen, ya es un estímulo o una buena situación en extrema excitante para una persona, es decir, su mente y los órganos de sus sentidos están completamente alterados y activados, esto sucede en los delitos pasionales por la ira, por ejemplo, por los celos”, indicó a El Espectador.
Añade que a esto se le conoce como “transtorno transitorio”, y de demostrar que un individuo con trastornos comete un crimen, este sería inimputable, ya que los trastornos se ven como un tipo especial en el que la libertad humana se ve alterada y el sujeto no tiene control de lo que hace. Pero este tiene límites y es difícil demostrarlo, teniendo en cuenta, además, las pruebas con las que cuenta el ente investigador.
“No basta con decirlo, necesita pruebas que soporten la alegación de que la persona estaba en curso en un trastorno mental transitorio, pero eso requiere una solicitud de parte de la defensa de él durante el juicio, la cual se haría efectiva con psiquiatría forense”, añade el experto.
Otro aspecto que Poulos ha intentado introducir en la teoría de su defensa es el consumo de sustancias alucinógenas durante los días en los que estuvo en Bogotá con Valentina. Incluso, Poulos aparentemente quiso mostrar unos videos en los que consume sustancias psicoactivas con la Dj, con el objetivo de demostrar su incidencia en el feminicidio, pero estas tampoco tuvieron relevancia, ni pertinencia ante los ojos del Tribunal Superior.
De acuerdo con el abogado de las víctimas, “evaluar si había rastro de drogas en el cuerpo de Valentina, no tenía ninguna relevancia en los hechos, cuando el dictamen forense fue claro en los signos de estrangulamiento. Ellos buscaban que nuestras pruebas técnicas y el dictamen de la historia clínica, no hicieran parte del proceso”.
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Revictimización
Si algo caracteriza, aún hoy, el caso de Valentina Trespalacios, es la incidencia que tienen los medios de comunicación. A lo largo de este año, los medios se han extendido en teorías, publicaciones que hablan de la vida íntima de la víctima y también del acusado, en una especie de palestra pública que incluso ha aventajado a las autoridades. La muestra más latente es la entrevista que dio Poulos dando versiones que ni siquiera ha entregado en las audiencias y la lucha de una madre, Laura Hidalgo, progenitora de Valentina, por desestigmatizar la imagen que los medios estaban creando en torno a su hija.
Esa imagen fue reforzada por publicaciones de chats, sin mucho contexto, de Valentina en los que se refería a su relación con Poulos. Imágenes que crearon una ola de comentarios como que Poulos no vio “las señales rojas”, y muchos más que concentraban la idea de culpabilidad de Valentina. Cosa que Laura Hidalgo ha intentado desestimar entregando su propia versión de lo que sabía: “Tenía que mostrarle (Valentina a Poulos) el día a día de su vida. Que a dónde iba, que dónde y con quién estaba”, señaló en la más reciente audiencia, demostrando que su hija era asediada constantemente por el norteamericano.
Silvana Bacares, abogada feminista especialista en DDHH y DIH, analiza estos patrones e intuye riesgos para el futuro. “Esto genera es que en futuras victimas se desestime la denuncia por lo mismo que es un sistema que revictimiza y no tiene un enfoque de genero como lo ha ordenado la corte constitucional y esto también va muy de la mano con la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y como difunden la información con cero enfoque y culpabilizan siempre a las víctimas, creando una desconfianza en el aparato judicial y hace que las mujeres víctimas no quieran acceder a la justicia por que van a recibir nuevas violencias institucionales”, indicó a El Espectador la jurista.
El próximo 12 de febrero continúa el juicio. La Fiscalía, tal parece, no ha mostrado todas sus cartas, al igual que Poulos, quien ya empezó a sacar sus nuevas fichas para defenderse. Poulos fue imputado por feminicidio agravado en concurso con ocultamiento y alteración o destrucción de elemento material probatorio. Enfrenta una pena de 60 años, la cual es la máxima en Colombia, de acuerdo con el Código Penal.
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Por Juan Camilo Parra
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