Un dilema que puede salvar el río

Desde la casa de Alicia Bernal se puede ver el río Bogotá. No hay malos olores y el cuerpo de agua sigue su curso con un color que empieza a oscurecer. Ella es madre cabeza de familia, vive en Villapinzón hace 43 años y su trabajo, el de sus hijos y sus padres ha sido siempre la producción del cuero. Su casa, que es también una curtiembre, está cerrada. Habla a escondidas, en voz baja, porque el 2 de julio llegó una orden de desalojo. El predio que heredó está en la ronda del río Bogotá y por eso, dice la orden, “debe retirar todo tipo de maquinaria, enseres y demás en 30 días (…) Si vencido el plazo no se ha efectuado la restitución, el despacho la hará con ayuda de la fuerza pública”. Estos días estará escondida con ocho niños en la trastienda de la casa. “¿Qué más puedo hacer?”, dice.

La situación de Alicia Bernal es similar a la de otros 31 curtidores, que, según la Gobernación de Cundinamarca, viven en la ronda del río. La historia de las curtiembres está marcada por una lucha constante entre las autoridades ambientales y los curtidores. Algunas empresas aún contaminan el río, otras han invertido todo su capital para mejorar la producción y cumplir con las normas ambientales. Por estos días se escuchan dos rumores sobre el futuro de esta industria: en menos de 18 meses serán reubicados en una vereda y, en un escenario más amable, solamente serían trasladas aquellas que contaminan y que no han hecho ningún esfuerzo por prevenir la contaminación del río. Las demás se quedarían en el municipio.

Independiente de cuál sea el futuro, los curtidores saben que un fallo del Consejo de Estado ordena la recuperación del río Bogotá con un proceso de relocalización de las curtiembres. Saben también que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tiene un predio en la vereda de Chingacio (Chocontá), en donde se construirá un parque Industrial del cuero para estas empresas.

Algunas preguntas latentes son cuáles serán las condiciones de reubicación, qué pasará con aquellas empresas que invirtieron más de $50 millones en modernizar su infraestructura, si pagará el Estado esta inversión y si tendrán las mismas hectáreas en el nuevo parque industrial. Temas como estos apenas se están discutiendo. Por el momento, el director de la CAR, Alfred Ballesteros, ha sido enfático en que deben ser las empresas las que financien el parque, propuesta que los curtidores no han aceptado.

Con la fecha del desalojo cada vez más cerca, el alcalde de Villapinzón, Hernán Rogelio Garzón, ha buscado otras soluciones tanto para empresas legalizadas como para los pequeños productores: “El miércoles les presentamos a los curtidores un proyecto de la empresa española I NESCOP y la Secretaría de Ambiente de la Gobernación. Se trata de la construcción de una planta de tratamiento que recoja las aguas de las curtiembres. Eso sí, el acuerdo consiste en que el vertimiento se pueda hacer siempre y cuando los curtidores realicen procesos previos, como el recogido de pelambre y la reutilización de químicos”. El valor del proyecto asciende a $ 35 mil millones.

La idea no es nueva. Desde hace una década los curtidores han venido trabajando con la CAR para construir una planta de tratamiento para las empresas de Chocontá y Villapinzón. Lo curioso es que el Consejo de Estado ordenó una reubicación y la CAR donó un predio para lograrlo. Al respecto, el alcalde señala que “el proyecto es complementario con el de la CAR, en el sentido de que algunas curtiembres, principalmente las que están en la ronda del río, pueden ser reubicadas. Las que están cumpliendo con las normas ambientales podrían quedarse. La idea es que se cree oficialmente una zona industrial para ellas”.

En Villapinzón funcionan 74 curtiembres, 32 en la ronda del río, según un censo realizado por la Gobernación y la Universidad Nacional. Aunque la CAR dice que “no son más de 10 las que están legalizadas”, en 2011 cerca de 80 curtidores realizaron un proceso de reconversión industrial para obtener los permisos ambientales.

De hecho, la Asociación de Curtidores de Villapinzón (Acuritr), envío una solicitud de aclaración del fallo del magistrado Marco Antonio Velilla, que ordena la protección del río. En el documento, los propietarios le piden al Consejo de Estado que considere que “desde 2004 algunos curtidores de Villapinzón adoptaron una serie de acciones para mejorar sus procesos productivos mediante la implementación de tecnologías más limpias. Procedimientos que se realizaron en el marco del proyecto Switch, de la Unión Europea y la Universidad Nacional”. De hecho, este proyecto recibió apoyo de Colciencias y la CAR.

Argumentan los curtidores ante el Consejo de Estado que la construcción de una planta de tratamiento puede resultar menos costosa si se tiene en cuenta que en las curtiembres del municipio se han implementado “procesos de producción limpia. De ser aceptada la propuesta, se sobreentiende que el permiso de ocupación de cauce se requeriría únicamente para la construcción de la planta”.

 El caso de Evidalia Fernández

 Hubo una mujer que quiso cuidar el río Bogotá cuando los demás curtidores no encontraban razones ni recursos económicos para hacerlo. Su nombre es Evidalia Fernández y tiene una curtiembre en Villapinzón heredada de sus tatarabuelos. Ha sido una de las principales voceras ante la CAR y su empresa es un ejemplo para los curtidores que han empezado a cambiar la forma de producción para dejar de contaminar el río.

Antes, hace 40 años o más, la familia de Fernández “hacía todo a mano. Para pelar el cuero utilizaban estiércol de animales. Utilizábamos cal hidratada para quitar el pelo. Evitamos los químicos hasta 1982, cuando la CAR llegó y nos enseñó a utilizar cromo y sulfato para tratar las pieles. Esto contaminaba más, pero era la orden de ellos”.

El 25 de octubre de 1999 llegó una carta a la casa de la familia Fernández: la CAR había suspendido la empresa de curtiembres a través de una resolución. En el documento se dice que su esposo, Manuel de Jesús Torres, debería pagar 100 salarios mínimos por “estar realizando vertimientos de aguas residuales al río Bogotá”. “La CAR nos enseñó eso”, dijo Fernández, pero nadie la escuchó.

Dos años más tarde, Evidalia Fernández y su esposo presentaron un plan de manejo ambiental en la CAR: “Hubo silencio administrativo. Nos contestó en 2004 diciendo que debíamos cerrar la curtiembre. En 2005, después de haber cumplido con el requisito de estar más allá de los 30 metros de la ronda del río, volvimos a presentar un permiso de vertimientos, y el plan de manejo ambiental. La CAR pedía unos requisitos imposibles de cumplir para obtener el permiso. Pedimos un crédito para mejorar la curtiembre y procesar el agua. Nos costó $400 millones”.

Su empresa hizo parte de un programa de producción limpia impulsado por la Universidad Nacional, recibió asesoría de la Cámara de Comercio, viajó al Valle del Cauca para aprender de otras curtiembres que tienen producción limpia: “Ya no destruíamos el pelo, lo comenzamos a usar para abonos agrícolas. El agua se empezó a reutilizar y el cromo ya no llegaba al río”. En 2011 la CAR le respondió que no podía legalizar la empresa porque el uso del suelo no había sido definido por la Alcaldía de Villapinzón como industrial. Además, la entidad dijo que hacía falta un estudio hidráulico para establecer la cuota máxima de inundación.

Hoy, Evidalia Fernández se pregunta si el dinero que invirtió sirvió para algo, si las capacitaciones y los proyectos para limpiar el agua serán tenidos en cuenta por la CAR en el momento de reubicarlos. Por ahora, su curtiembre sigue cerrada, igual que la de Alicia Bernal y otros 74 empresarios que están preocupados por los 600 empleados que dependen de esta labor.

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@santiagov72