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A mediados de marzo, la secretaria de Planeación, María Mercedes Maldonado, quiso demostrarles a los concejales de Bogotá que las pasadas administraciones —en especial las de Enrique Peñalosa, Antanas Mockus y Juan Martín Caicedo Ferrer— habían comprado predios reservados para la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente a precios superiores a los razonables.
Con esto, y aunque los términos para una investigación fiscal ya precluyeron, la secretaria quiso demostrar que se habría producido detrimento patrimonial a la ciudad. Un asunto importante en momentos en que la contralora general, Sandra Morelli, anunciaba que investigaría si dejar de construir la ALO representaría un hallazgo fiscal para el Distrito.
El caso es que la exposición de Maldonado se filtró editada a algunos medios, en donde algunos concejales aseguraron que la secretaria de Planeación había acusado a los exalcaldes de comprar predios cercanos a la ALO para su propio beneficio.
El asunto levantó un espontáneo polvorín, en especial con el exalcalde Enrique Peñalosa y algunos columnistas de prensa, que en su momento acusaron a la secretaria de calumniar deliberadamente a los exalcaldes.
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