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Lina María Suárez, de 30 años, vio pasar su vida en segundos, cuando su expareja intentó matarla el pasado 9 de mayo, cuando se encontraba trabajando en una salsamentaria, del barrio Suba Compartir. El sujeto, a sangre fría, le disparó seis veces y luego intentó, sin éxito, quitarse la vida. “Me decía, ‘estoy esperando que se muera para irme’. Cerré los ojos y dejé de respirar por un momento, para que él viera que estaba muerta. No pensaba sino en mis hijos. No podía dejarlos solos”. Para ella, las instituciones la dejaron sola. Si bien tuvo que acudir a una Comisaría de Familia, donde emitieron una orden de alejamiento al agresor, “él seguía escribiéndome y lo bloqueaba. Nunca le importó la medida y me buscaba en el trabajo. Los policías nunca fueron y empezaron a ir dos veces al día después del hecho, pero ya para qué”, agregó.
Durante la audiencia de legalización de captura, el agresor no aceptó cargos por tentativa de feminicidio y porte ilegal de armas. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento intramural que fue acogida por el juez, pero según el padre de Lina María, esté aún permanece detenido en una estación de Policía de Suba.
Ahora, esta joven de 30 años está postrada en una camilla que la comunidad le brindó. A raíz de que una de las balas se alojó en su columna, algunos médicos le dijeron que puede quedar parapléjica, otros no, pero todo dependen de las terapias que reciba. Por eso, ella no solo espera justicia en su caso, sino que su Eps Sanitas, le brinde los insumos y terapias necesarias para volver a caminar.
Como Lina, otras 577 mujeres en la capital, entre enero y mayo de este año, están en riesgo de feminicidio y han solicitado medidas de protección, según alertó la Personería. Sin embargo, en mayo, en menos de 36 horas, asesinaron a Stefanny Barranco, Natalia Vásquez y la pequeña Celeste, de 3 años. En el primer hecho, la joven llegó a Bogotá con una medida de protección desde la costa. Natalia, por su parte, estaba en una casa refugio, pero tuvo que salir, tras pedir la reactivación de su contrato como enfermera, en una subred de salud.
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Los seis feminicidios que, según la Fiscalía, se han registrado este año en Bogotá, evidencian fallas estructurales del Estado para garantizar el derecho a una vida libre de violencias. Pese a que el feminicidio se tipificó a través de la Ley Rosa Elvira Cely, en 2015, aún muchos lo siguen reduciendo a “crímenes pasionales”, como lo hizo la jefa del comando púrpura de la Policía, Viviana Vásquez; a “casos aislados”, como lo calificó el centro comercial Santafé, o descargando en las víctimas la responsabilidad de identificar las señales, como lo manifestó el alcalde Galán. Estos ejemplos, impiden un abordaje integral y eficiente a la hora de proteger a las mujeres.
Reforzar las rutas
Bogotá ha firmado dos acuerdos importantes para brindarles a aquellas mujeres en riesgo, un acompañamiento institucional: las casas refugio y la Ruta Única de Atención de Violencias. En esta última, integra a las secretarías de la Mujer, Salud, Integración Social y Seguridad, así como a la Fiscalía, la Policía, Medicina Legal, la Defensoría y la Personería. Todas, tienen la responsabilidad de orientar a las víctimas en riesgo de feminicidio.
Pero la realidad es distinta. El famoso ‘pinponeo’, que obliga a las mujeres a ir de una institución a otra sin encontrar respuesta, termina siendo una revictimización institucional. Obligarlas a repetir su relato; minimizar la violencia de que fueron víctimas, u obligarlas a encontrarse con su agresor en una audiencia, para definir medidas de protección, son apenas algunos ejemplos.
Por eso, las concejales Heidy Sánchez y Donka Atannasova (Pacto Histórico), coinciden en la necesidad de diferenciar las estrategias de prevención según los contextos sociales de cada localidad. “Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy es donde más se presentan casos de violencias basadas en género y es donde la administración debe hacer más énfasis”, dijo Sánchez. “No se deben tener estrategias macro. Hay que entender qué implica proteger una mujer en Chapinero a una de Suba”, agregó Atannasova.
Como ellas, otros cabildantes, que asistieron a la sesión extraordinaria por los feminicidios en la capital, recalcaron la necesidad de la educación en los hogares, colegios y universidades, para que los hombres, desde niños, se sensibilicen y se vinculen como agentes activos, y contribuyan a la prevención de las violencias basadas en género.
“El 31 % de las mujeres y hombres en Bogotá están de acuerdo con que el destino de una mujer es casarse y tener hijos. Por eso insistimos en combatir desde los entornos educativos los estereotipos que replican esa estructura, que violenta a la mujer desde lo económico, psicológico, físico y demás”, destacó el concejal, Juan Daniel Oviedo.
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Por su parte, Diana Caicedo, integrante de la mesa de seguimiento a la Ley Rosa Elvira Cely, instó al Distrito para que aterrice el artículo 10 de esta Ley, que ordena crear programas de difusión para erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Algo que reconoció la secretaría de la Mujer, Laura Tami, ante la falta de mayor difusión para dar a conocer las instituciones a cargo y sus competencias.
“Reconocemos que la administración ha hecho un esfuerzo por tener una oferta de servicios institucionales. Sin embargo, hay que ir más allá, con estrategias comunicacionales de prevención y educación que transformen la cultura; mejorar la articulación interinstitucional e intersectorial, y la vigilancia y sanción a funcionarios, que no actúan diligentemente ante las denuncias, generando que las mujeres desconfíen de las instituciones y los agresores se sientan con inmunidad”.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que de ahora en adelante, cualquier muerte violenta de una mujer la investigarán bajo la hipótesis de feminicidio, independientemente de que no se tengan indicios. Por su parte, el Gobierno Nacional avanzó en la firma de la Ley que eliminó el beneficio de prisión domiciliaria para los feminicidas, incluso, cuando hayan cumplido la mitad de la condena.
Desde la Alcaldía de Bogotá, la secretaría de la Mujer tiene como meta reducir en 30 % los feminicidios; ampliar de 51 a 67 las comisarías de familia; pasar de 13 a 22 los espacios con duplas psicojurídicas en Fiscalía y URI; garantizar la prestación de servicios existentes, y consolidar una estrategia de la mano de la secretaría de Cultura, orientada al cambio comportamental machista.
Si bien, poco a poco se ha avanzado en brindar desde el Estado una protección a las mujeres, todo esto será en vano si los mismos dirigentes no reconocen y entienden las causas estructurales de las violencias de género. Mientras esto no ocurra, por ahora, cientos de mujeres en Bogotá continuarán viviendo con su agresor, presas del miedo, sin atreverse a denunciar, producto de la desconfianza que aún le generan las instituciones y sus programas. Por eso es importante que las mujeres se sientan escuchadas y nunca se sientan solas.
Han asesinado a seis mujeres en Bogotá
Sobre las estadísticas de feminicidios hay un desfase entre las que tiene Medicina Legal y la Fiscalía, pues la primera reportó 30 casos a mayo de este año, es decir, un caso cada tres días. Por su parte, el ente acusador, al 14 de junio, solo ha registrado seis feminicidios, de los cuales tres se presentaron en mayo.
En cuanto a cifras de atención se tiene que, entre enero y mayo de este año, el equipo orientador de la secretaría de la Mujer, adscrito a la Línea 123, ha atendido a 725 mujeres; la Línea Púrpura (que solo brinda acompañamiento psicosocial y socio jurídico) ha atendido a 7.563; las Casas de Igualdad de Oportunidad de Mujeres, en las 20 localidades, han recibido a 2.912 mujeres, víctimas de violencias, y las cuatro Casas Refugio, a 208.
Por su parte, las duplas psicojurídicas, en el espacio y transporte público, han brindado asesoría a ; 515 mujeres, y en las manzanas del cuidado, 3.243 han recibido atención psicosocial y 3.235, sociojurídica.
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Por María Angélica García Puerto
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