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Una ciudad polarizada

Esta semana la aprobación por decreto de la más importante norma de planificación urbana evidenció una vez más que la capital del país vive un debate entre extremos. Parádójicamente, ambos bandos están a punto de hacer una alianza de cara a las presidenciales de 2014.

Liliana Ospina (izq.), subsecretaria de Planeación, y María Mercedes Maldonado (der.), secretaria de Hábitat. / Luis Ángel
Liliana Ospina (izq.), subsecretaria de Planeación, y María Mercedes Maldonado (der.), secretaria de Hábitat. / Luis Ángel

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Meses y meses de discusión y no se pudieron poner de acuerdo. Y al final, con buena parte de la ciudad en contra, el alcalde Gustavo Petro tomó la decisión de decretar una amplia modificación al Plan de Ordenamiento Territorial con implicaciones que a Bogotá le tomará tiempo entender.

Lo que muchos no saben es que detrás de la decisión del alcalde se encuentra una vieja pelea. Una disputa entre el modelo de ciudad del alcalde Enrique Peñalosa: una ciudad horizontal, que se extiende hacia el río Bogotá y los municipios vecinos; y el modelo de ciudad del alcalde Petro, que no sólo busca alejarse del río, sino capturar lo más que pueda las rentas de los constructores y dueños del suelo urbano.

El Espectador buscó hablar con ambos bandos de una aguda discusión urbanística que tiene casi 15 años.

A un lado María Mercedes Maldonado, secretaria de Hábitat y quien ha fundamentado buena parte de las tesis urbanísticas del alcalde Petro, y su pupila, la subsecretaria de Planeación, Liliana Ospina. En la otra esquina el exalcalde Enrique Peñalosa, quien no sólo habló de urbanismo, sino de la muy cercana posibilidad de que en el futuro se una políticamente con el otro bando para lograr la supervivencia política del Partido Verde y los progresistas, así como una tercera fuerza política de cara a las elecciones de 2014.

“Minvivienda se interpuso al POT”

¿Por qué era tan urgente decretar el POT?

María Mercedes Maldonado (MMM): Nunca hubo prisa. Este es un POT cuya modificación se inició en el gobierno anterior, nosotros lo retomamos, acabamos la concertación ambiental, lo presentamos al Consejo Territorial de Planeación, se discutió con la ciudadanía y se lo presentamos al Concejo.

Pero el Concejo dijo que no, y no obstante ustedes lo decretaron.

Nosotros cumplimos todos los plazos legales e insistimos al Concejo que ampliara el período de debate, pero los concejales se enfrascaron en una discusión de minucias jurídicas. Insistimos en una reconsideración de la decisión de la Comisión del Plan.

¿Bajo qué sustento jurídico se decreta una carta de navegación urbanística que ha sido hundida por el Concejo de la ciudad?

Si estuviera vigente el artículo 26 de la Ley 388 no habríamos sacado el POT por decreto. Pero la Ley 810 de 2003 está vigente y ésta permite decretar el POT si el Concejo no lo aprueba.

Pero con esa decisión pusieron en riesgo la legitimidad del POT. ¿Por qué consideran tan necesaria la modificación?

MMM: El POT anterior no tenía claro cómo se hacen los procesos de renovación urbana. También permitía la construcción en zonas inundables y no había normas para construir en zonas rurales.

Liliana Ospina (LO): Otro tema importante es que ahora podemos ajustar el POZ Norte a la concertación con la Corporación Autónoma Regional.

¿Y eso qué quiere decir?

MMM: En el año 2000 el POT estableció unos determinantes ambientales de superior jerarquía luego de una discusión muy fuerte entre la CAR y Enrique Peñalosa (en la que también participó Gustavo Petro desde la Cámara de Representantes). A Peñalosa nunca le gustó esa concertación, de hecho, hoy todavía piensa que la reserva del norte es una inutilidad. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y el Consejo de Estado la ratificaron.

¿Y cuál es el problema que causa el POZ Norte?

LO: Que el POZ Norte no lo concertaron con la autoridad ambiental. Y eso generó un problema para los privados, que llegaban a la CAR con unos planes aprobados en Bogotá (basados en el POZ Norte), que luego la CAR no les aprobaba.

 ¿Cuántas viviendas se podrán construir en el norte, ahora que se le han extraído las zonas de reserva concertadas con la CAR?

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MMM: Entre 50 mil y 60 mil.

¿Por qué consideran que este POT ha tenido tanta resistencia?

MMM: Hay varios temas. Primero, porque se mete con el sistema de financiación de la ciudad: el POT permite financiar la gestión urbana con la renta del suelo. Segundo, hay un temor generalizado a la mezcla de usos y el incentivo de construcción de vivienda de interés prioritario en áreas centrales. Eso generó en la gente la idea de que sus barrios se iban a llenar de bares y de pobres. Finalmente, aparecieron algunos conflictos territoriales específicos, como en la renovación del CAN, el proyecto Bavaria y ministerios, universidades.

¿Por qué promover la mezcla de usos?

LO: Porque esto nos permite dotar de equipamientos, comercio y servicios de alta jerarquía las zonas de la periferia popular. Y en las áreas centrales, la localización de la vivienda, en zonas en que actualmente sólo tienen comercio y oficinas.

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¿Y los barrios se llenarán de bares?

LO: No. Los usos restringidos, como los bares, no se permiten en zonas residenciales.

Lo de la financiación es un tema sensible. Muchos aseguran que obligar a los constructores a que su proyecto incluya entre un 20 y un 30% de vivienda para los más pobres los va a sacar corriendo.

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MMM: Una regla implacable de la lógica económica es que la demanda crea la oferta. Bogotá tiene 8 millones de habitantes, crecen 40 mil hogares al año, tiene una dinámica económica que no la supera ninguna ciudad del país. Aquí va a haber constructores y estamos seguros de que no se van a quebrar, al contrario, porque los precios que están pagando por el suelo son excesivamente altos.

¿Y cómo esperan ustedes acabar con esa presión especulativa?

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MMM: El constructor hará los cálculos de cuánto le implican las nuevas obligaciones urbanísticas y pagará menos por el suelo.

¿Es cierto que, como denunció el senador del MIRA Carlos Baena, ustedes decretaron el POT por miedo a un decreto que preparaba el ministro de Vivienda?

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MMM: Fue un factor más entre otros.

¿Y cuál era el problema del decreto?

Derogaba expresamente el artículo 6 del Decreto 4002 de 2004, que es el que permite la modificación excepcional de normas urbanísticas del POT.

LO: Nosotros hicimos el análisis, artículo por artículo, y 45 de ellos se interponían a la decisión que estábamos discutiendo con la modificación. Parecía un decreto hecho para el POT de Bogotá.

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‘POT genera impuestos, por eso es ilegal’

Usted ha sido un crítico permanente de las decisiones urbanísticas de la administración Petro, ¿por qué?

Porque aquí lo único que ha habido es chambonada tras chambonada. En los próximos años la población de Bogotá metropolitana crecerá en tres millones de habitantes, los hogares serán más pequeños, habrá un déficit de vivienda de 300 mil unidades y vamos a necesitar más metros cuadrados por persona en la medida en que la ciudad se vaya enriqueciendo. Y ante este escenario, el alcalde Gustavo Petro ha decidido bloquear el crecimiento de la ciudad.

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¿Cómo se evidencia esto en el POT?

Frenaron la construcción en el sur (Usme), en el suroccidente (Bosa) y, lo más grave, al norte de Bogotá.

La administración asegura que su apuesta es suplir ese déficit revitalizando el centro de la ciudad.

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Pero eso es imposible, porque ya tenemos la densidad más alta del mundo. ¿Qué lugar va a tumbar el alcalde para hacer 100 mil viviendas? Es un chiste.

En el centro se ve mucha zona de edificios y casas abandonadas.

No están abandonados. Hay tres o cuatro que se pueden utilizar, pero más allá de esto, lo cierto es que la gente no cabe ahí. De hecho, antes que densificar lo que hay que hacer es desdensificar, porque en el futuro necesitaremos más espacio público y eso va a generar altas densidades, cuando ya somos una de las ciudades con más alta densidad en el mundo.

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Hablando de eso, la retórica de este nuevo POT es que incentiva al constructor, permitiéndole más altura en su proyecto si construye espacio público.

Eso es mentira. Los grandes parques sólo se hacen comprando tierra. Eso es un error urbanístico fundamental. Lo que ellos están haciendo es permitir que cada constructor decida cuánto va a ceder, y lo que va a crear son espacios absurdos, muelas de espacio público.

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La administración dice que con el nuevo POT, que respeta amplias áreas ecológicas en el norte, se podrían construir unas 60 mil viviendas.

Esas áreas son potreros de vacas. Son 4.500 hectáreas que, con una densidad hiperalta de 300 habitantes por hectárea, podría albergar a un millón y medio de habitantes. Es decir, unas 500.000 viviendas. Podría ser el centro de la Bogotá del futuro.

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¿Concuerda con algo del POT de Petro?

A mí me gusta la idea de desincentivar el uso del carro y la mezcla de usos. Pero en este POT no hicieron ningún esfuerzo para cambiar la norma absurda que premia a los edificios que se construyen con estacionamientos en el primer piso ni prohibieron las bahías. Además, restringen los parqueaderos en las viviendas cuando lo deberían hacer en destinos como los centros comerciales y los dotacionales. En otras palabras, no se debería limitar la posesión del carro sino su uso.

¿Y la mezcla de usos?

Es una filosofía buena. Pero no hay que dejarla en todas las calles. Permitirla en algunas, pero no en todas. Por ejemplo, sólo en carreras y no en calles, como en Nueva York. No el 100% a la loca y sin ninguna restricción.

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¿Qué opina de los porcentajes obligatorios de vivienda de interés prioritario que deberán construir o pagar los constructores?

Son obligaciones imposibles de cumplir. Además, lo que están estableciendo es un impuesto, de facto, que no tiene aprobación de la ley. Y por eso es que es ilegal.

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Y pese a todos esto, ¿usted estaría dispuesto a ir a una consulta interna en el Partido Verde para las presidenciales de 2014 con el movimiento del alcalde Petro?

Yo creé el Partido Verde. Son ellos los que están llegando. Como nosotros tenemos una legislación bastante antidemocrática y estamos a punto de perder el umbral sólo tenemos dos opciones: o nos salimos de la política, que es lo que muchos quieren… o encontramos las coincidencias que tenemos con otros que quieren mejorar al país y nos respetamos en las diferencias.

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¿Usted estaría dispuesto a tomarse de la mano con Petro?

No, porque está en la Alcaldía.

¿Y de sus progresistas?

Apoyaré a los que están en la lista del Partido Verde, y si ahí hay gente del progresismo, estoy seguro de que tendrán buenas intenciones.

Y de perder una eventual consulta, ¿acompañaría a Antonio Navarro?

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Le daré mi respaldo y lo apoyaré. Si se llega a dar esa circunstancia, en que sea precandidato, que todavía está por definirse.

Las advertencias de la veedora

Un papel muy especial ha cumplido la veedora distrital, Adriana Córdoba, durante estos meses de discusión sobre la modificación del POT. Córdoba, esposa del exalcalde Antanas Mockus, ha trabajado de la mano de Carmenza Saldías, exsubsecretaria de Planeación de la segunda administración de su esposo, para realizar un seguimiento sistemático a los planes del alcalde. En julio la veedora le envió un documento al alcalde en el que no sólo le advertía que sus modificaciones al POT transformaban los objetivos de mediano y largo plazo que se había trazado en 2004 la ciudad, sino que su Plan de Desarrollo podía concretarse sin modificar el POT. Esta semana prepara un nuevo documento, en el que enumera los riesgos de este nuevo POT. El Espectador tuvo acceso a él.

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La derogatoria de los contenidos de las normas previas, POT 619, 469 y 190, que le sean contrarios al nuevo POT (Decreto 364), seguramente abrirá espacios para la interpretación de qué aspectos de los decretos reglamentarios del 190 continúan vigentes. Por ejemplo, el contenido de los planes maestros cambia, además, se reclasifican. ¿Habrá entonces que reformularlos? Como también siguen vigentes las políticas, las estrategias y los proyectos de los planes maestros adoptados en el pasado, ¿se generarán inconsistencias? De otra parte, al derogar las fichas reglamentarias de las Unidades de Planeación Zonal (UPZ), ¿qué pasará con las decisiones que se habían tomado en las UPZ?

 La eliminación de instrumentos intermedios de planificación normativa implica que cualquier error, imprevisión o contradicción tendrá dos caminos: la interpretación constante de parte de la Secretaría Distrital de Planeación y, en los casos más graves, la necesidad de tramitar una nueva revisión o modificación del POT. Por ejemplo, hay planos que tienen inconsistencias en la delimitación de las áreas de actividad.

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Los artículos 560 a 563, que definen reglas especiales para la vigencia de licencias de urbanismo y de construcción, plantean dudas sobre la legalidad de sus disposiciones, pues parecen ir en contra del Decreto 1469 de 2010, que claramente establece las condiciones para la continuidad de norma de las áreas y proyectos que cuentan con licencias.

Pasa por encima de la participación y los acuerdos ciudadanos. Lo que la ciudadanía decidió en los últimos 10 años como norma urbana, en las fichas reglamentarias de las UPZ, se deroga con el artículo 465, parágrafo 2: “Las normas adoptadas en las fichas reglamentarias de las UPZ se derogan y se entenderán por normas sobre edificabilidad, volumetría, usos, obligaciones urbanísticas y condiciones para la edificación las contenidas en el Decreto 364”. Es decir, los acuerdos que se habían construido de manera participativa, con la ciudadanía, son derogados de un tajo con la expedición de este decreto.

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 Aumenta la discrecionalidad, la incertidumbre y cambia el modelo. En virtud de las operaciones estratégicas, la norma urbana podrá ser modificada en cualquier tiempo y lugar (Art. 267) . La facultad que ahora tiene la administración de declarar áreas con normas urbanísticas excepcionales, no previstas en el POT, en cualquier momento y lugar de la ciudad, llevará a un exceso de discrecionalidad, sin instancias de participación abiertas e inconsultas con el Concejo Distrital. Además, tergiversa la naturaleza de las operaciones estratégicas, parte estructural del modelo, pues eran el mecanismo clave para concretar la estrategia de ordenamiento de la ciudad.

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