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“Vivimos una intranquilidad muy fuerte. Nos ha afectado psicológicamente porque llevamos meses con ese tema. Nos ha echado aceite a la puerta y nos ha amenazado de muerte”. Así son los angustiantes días de David*, su mamá y su hermano, por cuenta de su vecino problemático y peligroso. Lo peor es que, a pesar de haber acudido a las autoridades, nadie le ha puesto fin a la situación. Así lo denuncia David*, quien narró cómo este hombre, no solo le ha hecho la vida imposible a su familia, sino a decenas de residentes, del conjunto Parques de la Ciudadela Etapa I, barrio Ciudadela Colsubsidio, en la localidad de Engativá.
Lo que empezó hace siete años por quejas de exceso de ruido, en los últimos seis meses pasó a actos violentos, como lo registran varios videos que tomaron residentes y guardas de seguridad, quienes fueron objeto de intimidaciones con arma blanca. “Miren que esto si es de verdad, no es de juguete. Acércate y te mato, hijueputa…”, les dijo una vez. El miedo se volvió tan frecuente que David* tuvo que pedir una medida de protección, que se extendió para toda su familia.
“Sin embargo, un día, mi hermano iba entrando y se encontró con ese señor y, de una vez, le sacó el cuchillo, para decirle que lo iba a matar. Mi hermano pidió auxilio; la comunidad logró neutralizarlo, y se lo llevó la Policía. Estuvimos todo el día en la URI La Granja radicando la denuncia, pero nos dijeron que, aunque sí violó la medida de protección, solo podían colocarle una anotación y lo dejaron libre al otro día”, narró defraudado.
Según su testimonio, son pocas las denuncias formales que se han hecho, pues existe miedo de que el sujeto tome represalias y cumpla sus amenazas. “Hemos ido a inspecciones de Policía y jueces de paz, pero nos dicen que tenemos que seguir quejándonos y dejar constancia, pero no nos bridan una solución”, agrega. Y es que el mismo administrador se ha visto afectado. Tuvo que colocar una denuncia formal, pero como persona natural. Lo irónico es que, como administración, “no han hecho mucho y solo citan a convivencia”. Por ahora la situación no ha cambiado.
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Día a día hay miedo en el ambiente, por no saber quién será el próximo amenazado. Solo esperan ser escuchados y que este sujeto sea expulsado del conjunto, para recuperar la tranquilidad. Aunque este diario intento contactarse en varias ocasiones con el comandante de la estación de Policía de Engativá y el administrador, William Velandia, al término de esta publicación no se obtuvo respuesta.
¿A quién acudir?
Según datos de la Policía de Bogotá, al 12 de junio, se habían registrado 224 homicidios por hechos de intolerancia. Una reducción del 8 %, frente al mismo periodo del año anterior. Si bien, no tipifican casos de intolerancia por conflictos de convivencia en propiedad horizontal, la secretaría de Seguridad sí los reporta a través de las Casas de Justicia. El Espectador conoció que en lo corrido de este 2024, la Casa de Justicia de Suba La Campiña, es donde más han recepcionado denuncias (491); seguida por Kennedy (133), Ciudad Bolívar (115), Barrios Unidos (103), Bosa (99), Bosa Campo Verde (99), Usme (99), Fontibón (95), Usaquén (93), Chapinero (82), Tunjuelito (79), Suba Ciudad Jardín (77), San Cristóbal (66), Engativá (37), Los Mártires (36) y Puente Aranda (30).
Precisamente, este espacio físico, como en la Personería de Bogotá, hacen parte de las alternativas donde las personas pueden acudir para dar a conocer un caso de conflicto con algún vecino. Aun así, desde el ministerio de Justicia, sugieren un paso a paso: primero, intentar llegar a un acuerdo amigable con el posible infractor. Si esto no resulta, se debe escalar el caso ante el Comité de Convivencia del edificio o conjunto o, incluso, ante la Junta de Acción Comunal del barrio, para buscar una conciliación o arreglo.
En caso de no llegar a un acuerdo con ese vecino conflictivo, se debe acudir a la línea de emergencias 123 o a la autoridad policiva (policía uniformado, cuadrante o CAI, que se encuentre cerca del lugar), para informar sobre los hechos, para que los uniformados actúen conforme el Código Nacional de Policía y Convivencia.
Pero, ¿qué pasa cuando hay graves casos como el que denuncia David? Luis Carlos Restrepo, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura, explica que esto ya no se configura como controversia entre vecinos. “Ya es un comportamiento criminal, donde el Estado debe actuar por medio de la Fiscalía, para recepcionar querellas o denuncias, bien sea por amenazas de muerte o violencia física, y así imponer una sanción. Incluso pueden concurrir órdenes de alejamiento, la expulsión del domicilio o cualquier otro mecanismo de uso de la fuerza legítimamente”.
Pero denunciar no es tarea fácil. Según una encuesta del ministerio del Interior, junto con Cifras y Conceptos y la Universidad Industrial de Santander (UIS), el 67 % de los ciudadanos consideran que muchos ciudadanos no le temen a las infracciones por temas de convivencia. Por este motivo, todas las conductas relacionadas con situaciones entre vecinos copan las líneas de atención de la Policía, pero no llegan a materializarse en denuncias.
“Sí, entendemos que esto puede existir. No obstante, también falta pedagogía y entender cuáles son los mecanismos y las acciones adecuadas que pueden emplearse, porque, cuando llegan estos casos a las inspecciones de Policía, donde hay comportamientos relacionados con la convivencia, efectivamente se impone las medidas correctivas del caso”, sentencia la Personería de Bogotá.
¿Sabemos como resolver conflictos?
Según la secretaría de Seguridad, en 2023 las Casas de Justicia recibieron comúnmente conflictos de convivencia por el no pago de obligaciones de arriendos o alquileres; exceso de ruido y manejo de basuras. Para el secretario de Seguridad, César Restrepo, todos los esfuerzos institucionales son insuficientes si la sociedad no es consciente de cumplir las normas mínimas, en las cuales no se transgreda los derechos del otro, “ni se impongan prácticas que perturben su tranquilidad. Por eso trabajamos permanentemente en la promoción del Código de Convivencia”.
En esto coincide el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Buenaventura, quien resalta que el marco normativo es robusto e, incluso, hay un reformulado estatuto de conciliación, que facilita los mecanismos. “Como sociedad, tenemos la deuda y el reto de mejorar la solución de conflictos. El llamado sensato es a preservar y confiar en nuestras instituciones. A veces no es el camino más fácil, pero esto va a generar el cambio de la cultura de nuestro comportamiento”.
Como queda claro, las herramientas para poner fin a este tipo de situaciones extremas, que afectan la convivencia, existen. No obstante, tal parece, falta más compromiso de las autoridades para acompañar a los denunciantes, con el único propósito de evitar que los problemas de convivencia escalen a situaciones más complejas que, al final, la ciudad tenga que lamentar.
*El denunciante pidió omitir su nombre, por seguridad.
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Por María Angélica García Puerto
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