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Al término de una audiencia citada en la tarde este miércoles en el Congreso de la República, cerca de 400 vendedores ambulantes le pidieron al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, una “tregua” para que cesen los desalojos que ha emprendido contra el comercio informal.
Según argumentaron los vendedores, tal tregua busca que se alcancen espacios de concertación y alternativas de empleo tal como lo ordena la Corte Constitucional en la sentencia T-396 de 1997, en la que establece que “el desalojo está permitido, siempre y cuando exista un proceso que lo autorice y se dispongan políticas que garanticen que los ocupantes no queden desamparados”.
Otras de las conclusiones de la audiencia según las agremiaciones de vendedores informales son: “generar una mesa de concertación entre los vendedores y la Administración Distrital (…) así como la convocatoria a una gran movilización para el mes de febrero”, según explicó el concejal Hollman Morris quien convocó el encuentro en el Parlamento.
Algunas acciones inmediatas, como hacer un debate de control político en el Concejo por las medidas de desalojo adoptadas por la Alcaldía y solicitar audiencia ante la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de las sentencias que protegen a los vendedores ambulantes, también se decidieron en la audiencia.
En el encuentro que duró aproximadamente tres horas participaron congresistas y concejales como los representantes a la Cámara Inti Asprilla, Ángela María Robledo (Alianza verde), Alirio Uribe y el concejal Manuel Sarmiento (Polo Democrático). La administración Distrital envió a un delegado que no tomó la palabra.
La semana pasada, como parte del plan de choque en materia de seguridad que tiene la alcaldía de Enrique Peñalosa, se realizó la primera operación para recuperar el espacio público en la avenida Chile (calle 72 con Séptima). Allí fueron desalojados casi 300 vendedores informales, quienes fuera de denunciar posibles maltratos de la Policía, le hicieron un llamado a la administración para que les ofrezca alternativas antes de dejarlos sin trabajo. (Lea: El defensor de los vendedores)
Ante el llamado, el Instituto para la Economía Social (IPES) aseguró que adelanta diálogos con los afectados, en los que les ha ofrecido a 200 de ellos reubicación en quioscos y puestos en plazas de mercado, así como programas de formación y capacitación, sin embargo varios de los vendedores han denunciado que no les han cumplido estas promesas.