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La provincia de Ubaté ha pasado por tiempos difíciles desde que ocurrió la ola invernal de 2011, emergencia que afectó a 25 mil familias en el departamento y que disminuyó la producción lechera en 40% (los precios por litro también cayeron cerca del 28%). La economía local, tres años después, no ha logrado salir adelante. Además de las caídas en los precios y los problemas de infraestructura, los retrasos en la construcción de la vía que va de Lenguazaque a Ubaté han aumentado el malestar de los pobladores.
La historia comenzó en 2011, cuando la Gobernación de Cundinamarca firmó un contrato por $16.801 millones con la Unión Temporal Ubaté para la rehabilitación de la vía Ubaté-Lenguazaque-Villapinzón. Los recursos de esta obra fueron otorgados por Colombia Humanitaria, el programa del Gobierno Nacional para enfrentar la crisis que generó la ola invernal. Vale la pena decir que en enero de 2012, tras asumir el cargo, el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, se declaró impedido para intervenir en este contrato, ya que su cuñado, Jorge Iván Rozo Barragán, es accionista de la firma ICM Ingenieros S.A., integrante de la Unión Temporal Ubaté. Esto provocó al final, que la unión temporal cediera el contrato a la firma Mapeco S.A.
El plazo de ejecución de este proyecto era de ocho meses. En febrero de 2012 se hizo la primera prórroga del contrato. La razón: “situaciones de tipo técnico y climático” que generaron retrasos en la obra. Por ese entonces, cuenta Camilo Rubiano, empresario y representante del sector lechero, “la vía era intransitable. Con las obras dañaron la carretera y estuvimos cuatro meses sin comunicación. De hecho, construyeron un puente a 100 metros de la caseta del peaje, que a los dos meses se quebró”. Dos meses después, en mayo de 2012, el contratista solicitó una segunda prórroga. La Gobernación aceptó y adicionó $4.090 millones por obras de drenaje y protección que hacían falta. En total fueron cinco prórrogas y las obras de mantenimiento de la vía terminaron entregándose un año después de lo acordado (enero de 2013).
Terminada esta fase, la Gobernación de Cundinamarca suscribió otro contrato por $11 mil millones para pavimentar la vía. De acuerdo con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), en diciembre entregarán 8,5 kilómetros de la vía pavimentada . En teoría, los 18 kilómetros deberían entregarse pavimentados. Sin embargo, como explica el subgerente del ICCU, Ricardo Andrés Cruz, “la zona en donde se adelantan las obras es difícil de trabajar. No tenemos rutas alternas para hacer las obras de una manera más rápida. Para terminar la pavimentación debemos realizar una inversión adicional por cerca de $12 mil millones”.
En otras palabras, la pavimentación de la vía está desfinanciada. Para solucionar el problema (cerca de 700 camiones transitan la vía diariamente), la Gobernación abrió una convocatoria para construir el tramo pendiente a través de una Alianza Público Privada (APP). De esta manera, una empresa privada realizaría las obras y recuperaría la inversión a través de un peaje.
En este punto el proyecto comenzó a complicarse. Aunque en mayo de 2013 el Ministerio de Transporte emitió un concepto favorable para la instalación de un peaje, ubicado en la vía Ubaté-Lenguazaque, los habitantes solicitaron una respuesta del ICCU porque, según ellos, nunca avalaron su instalación. “Cómo es posible que a la fecha se hayan invertido $30 mil millones que no se ven por ningún lado y ahora la Gobernación quiera cobrarnos la obra a través de un peaje. Solamente han pavimentado 7 kilómetros y no estamos de acuerdo con que lo demás se lo quieran cobrar a los habitantes”, sostiene Rubiano. A su voz se sumó la del gerente general de la empresa minera Milpa, quien consideró que las inversiones en la vía han sido “exageradas” y sin resultados.
El alcalde de Lenguazaque, Francisco Sánchez Duarte, dijo que su administración “no tuvo nada que ver en la instalación de ese peaje. Esa es una vía departamental y es verdad que nunca se consultó con el municipio. El pueblo no quiere que se le cobre el peaje, pero lo cierto es que la vía hay que terminarla. Esperamos que el gobierno departamental encuentre una solución.
Esta anhelada solución ha sido cada vez más difícil de encontrar. A la oposición de la comunidad al peaje se suma que la APP con la que la Gobernación quería financiar la pavimentación se cayó en agosto pasado, porque el proponente no cumplió con algunos requisitos legales en la etapa de factibilidad. Así las cosas, la única salida que se ha planteado es la construcción del peaje. “Fuimos a explicarles los beneficios a los habitantes pero no hubo la mejor recepción. Nosotros nos comprometemos a que todo recurso que se recoja en el peaje será para las obras de la vía y se mantendrá en perfectas condiciones”, señaló el subgerente del ICCU.
En el acta de socialización con la comunidad aparece que el director del ICCU dijo que la caseta que está construida “no se utilizará como peaje”. Esto debido a la oposición tanto de concejales como de empresarios de la zona. En el mismo documento aparecen las tarifas que la Gobernación tenía lista para el peaje: los carros pagarían $3.000 y los buses $6.600. De acuerdo con otra gráfica elaborada por el ICCU, en donde señalan que con el peaje los ingresos anuales ascenderían a $3.740 millones en el primer año, en 2019 habrían recibido un total de $24.914 millones que se invertirían en la construcción de la vía. Esta idea, por el momento, será difícil de aterrizar.
svalenzuela@elespectador.com
@santiagov72
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