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La violencia urbana es una realidad que se ha cosido en las fibras de la capital. Bajo un fenómeno complejo de desplazamiento de violencias, la urbe bogotana se ha convertido en los últimos dos años en una suerte de escenario en disputa, donde las bandas criminales se han intentado apoderar de importantes zonas y explotar, a través del miedo, a los habitantes. En los últimos dos años, al menos 22 víctimas mortales, 10 inocentes, se cuentan entre el rastro de sangre del Tren de Aragua y los Satanás.
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José Arquímedes Bueno, de 58 años, es la víctima más reciente de la absurda ola de crímenes que han enlutado a la sociedad bogotana. Era un hombre dedicado a administrar un frigorífico en la calle 13 con avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Kennedy. Organizaba el cierre del negocio cuando dos sicarios llegaron el jueves 7 de marzo a las puertas del establecimiento y abrieron fuego contra él y otros cuatro empleados. Uno de los presuntos asesinos, alias Pedrito, tenía nexos con la banda los Satanás y fue capturado en el mes de marzo. Pero las extorsiones continúan en la ciudad y criminales como alias Happy y Muñeco continúan liderando desde la cárcel, y falta por capturar a alias Moisés.
En el informe, Radiografía de la extorsión, el principal reto de la seguridad ciudadana en Colombia, lanzado el mes de marzo de este año por la Fundación de Paz y Reconciliación, se describe cómo la evolución de la criminalidad ha configurado una nueva tendencia en el crimen en las ciudades, siendo la principal problemática que afrontan en materia de seguridad ciudadana. “Las dinámicas armadas y delictivas han sufrido transformaciones, en donde los actores armados ya no buscan la toma del poder, sino que se centran en la resistencia armada y el control de las actividades económicas ilegales”, señala el informe. Si bien la memoria colectiva tiene presente los hechos de violencia del conflicto armado, la reciente sucesión de hechos en la ciudad narra otras historias de violencia en tiempos de paz, en un área metropolitana que debería ser la más segura del país.
Las víctimas
La Fiscalía lidera una lucha constante contra estas bandas y tiene caracterizado su actuar desde 2020. Las problemáticas sociales de fondo, mantienen la constante aparición de integrantes, pese a que las autoridades han propinado importantes golpes. El informe de Indepaz, señala que en el 2023 la extorsión aumentó 22% en Bogotá, más que en todo el país.
“La presencia de estructuras delincuenciales, como el Tren de Aragua, que opera en el centro, suroriente y suroccidente de la ciudad, donde han intentado establecer zonas de control territorial para asegurar el mercado del microtráfico, así como de la extorsión, ha generado disputas con otras organizaciones. Otra de las bandas que están generando alertas entre los comerciantes es la que se conoce como los Satanás que, aunque hasta hace poco operaba en el suroccidente y suroriente, ya ha ampliado su área a localidades como Usaquén y Barrios Unidos”.
Tren de Aragua
Entre 2022 y 2023 las autoridades han registrado 22 muertes perpetradas por el Tren de Aragua (7) y los Satanás (15, 10 inocentes). La primera muerte atribuida al primer grupo data de febrero de 2022. María Eugenia Lozada, de 43 años, era administradora del paga diario conocido como Hotel La Chismosa, del barrio Llano Grande, en Kennedy. Presuntamente, habría tenido problemas con integrantes de la organización Tren de Aragua por alojar a personas no gratas. Al parecer, el homicidio ocurrió en un contexto de conflicto entre este grupo y la banda de los Costeños, por el control del expendio de estupefacientes. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Bogotá, el dominio de la calle 38 sur en Kennedy por este grupo les deja rentas de $80 millones semanales y $3.938 millones anuales, con una venta de 548.016 dosis de estupefacientes.
El Tren de Aragua tiene un perfil particular de personas a integrar. Buscan principalmente a jóvenes, sin oportunidades laborales, de bajos recursos, que económicamente se encuentren necesitados. Los invitan a formar parte de la organización, desempeñando distintos roles. Les ofrecen un sueldo fijo, vivienda y alimentación. Según su desempeño vendiendo drogas, les dan un porcentaje de ganancias, lo que hace que para estos jóvenes entrar signifique una “oportunidad de salir adelante”.
Carlos José Guedes Sequera y Wilfre José Quevedo Montero fueron hallados en mayo del mismo año en una carreta, entre lonas y bolsas. Fueron asesinados en una casa del barrio Ciudad Galán, de la localidad de Kennedy, la cual sería utilizada como centro de torturas, homicidios y desapariciones. Este tipo de recintos se instalaron como “casas de horror” o “casas de pique”. Producto de esta disputa, José Martínez Ríos fue asesinado en el bar Tokio, en Kennedy, torturado y abandonado en bolsas.
Leonard Alexánder López Moreno era trabajador de una chatarrería y fue asesinado por el Tren de Aragua. Sus conocidos manifestaron que no estaba involucrado con ninguna banda. Presentaba signos de tortura, y al parecer lo hicieron porque López habría cometido un hurto en zona controlada por la organización. La misma suerte corrieron Óscar Javier Reyes, a quien mataron cuando salía de una veterinaria en Suba, y Franyer Javier Ojeda Almerida, ingeniero civil, ambos por la disputa territorial en Kennedy.
Los Satanás
Antes del asesinato de José Arquímedes en el figrogrífico, a los Satanás se les atribuían ocho víctimas inocentes y siete asesinatos producto de la guerra territorial, que los llevaron a hacerse el control de zonas claves, también en Kennedy. En la lucha contra los Costños y otras bandas, por vender en zonas consideradas de ellos, este grupo asesinó en 2023 a Wálter Mendoza, Daniel Arroyo, Jonatan Stith Hernández Gil, Andry Marín y José Gregorio Sánchez.
Dentro de las investigaciones se halló que el auge de los Satanás tuvo origen en la URI de Puente Aranda, a donde fue a parar alias Satanás en 2020, tras una operación de la Fiscalía y la Policía. Estando capturado, José Vera Sulbarán, Satanás, habría estrechado su vínculo con alias Happy y Muñeco, líderes de una banda capturada. Los informes detallan que en la URI Sulbarán habría consolidado una red de contactos e insumos que le permitiría el control territorial del sector de la Puerta 6 de Corabastos, luego de que el 22 de abril de 2022 se fugara de la URI.
En su accionar hay una larga lista de víctimas inocentes. Juan Camilo Castro, de 38 años, era conductor de una “chana” en Kennedy y fue asesinado porque su jefe, dueño de una flota de estas rutas, estaba siendo extorsionado. En este hecho también murió Miguel Angel Londoño (7 años). A las víctimas se suma Juan Carlos Mendoza Galindo (36 años), empleado de un asadero de pollos del barrio Brasilia, en Bosa, que había recibido amenazas extorsivas antes de que lo asesinaran allí.
En Kennedy la lista es más larga. Jaen Lenis, empleada de un Fruver del barrio Patio Bonito, también había recibido amenazas extorsivas; Angie Alejandra Monroy Páez (30 años), la mataron cuando se desempeñaba como conductora de una “chana”, vinculada a las rutas de transporte informal, y Silvio Mamián (30 años), empleado de un Fruver del barrio Jacqueline, quien había recibido amenazas extorsivas y llevaba poco más de un mes trabajando allí. A ellos se suma Blanca Miriam Morales Pastrana, asesinada el día que intentó denunciar en la Fiscalía. Era administradora de un asadero de pollos del barrio Fontibón Centro.
Diego Cardozo, criminólogo y experto en seguridad, señala que las víctimas cuentan con un lugar prestigioso en el Código Penal colombiano, sin embargo, sería interesante que se consideraran de otra manera las víctimas de violencias en la ciudad. “La víctima era simplemente una figura más, se criticaba el sistema penal colombiano donde la víctima no era más que un testigo que servía para la judicialización del victimario, pero no pensamos en reparar, en reintegrar o en recuperar a esa víctima, sino simplemente el derecho penal se preocupó por resarcir el delito y por cumplir con las medidas preventivas o positivas, en muchos de los casos penas privativas de la libertad. Sería fundamental que las víctimas de la violencia bogotana tuvieran ese privilegio de contar con estas características de reparación”, analiza.
Extorsión, creciendo
La extorsión ha aumentado un 70 % este año. Aunque se le atribuye el incremento de denuncias, no deja de preocupar que los comerciantes siguen denunciando y pagando extorsiones. Los Satanás, banda que ha perdido su brazo armado, varios de sus expendedores y los máximos cabecillas están en la cárcel, continuaron atemorizando a por lo menos 100 vecinos en el barrio Prado Veraniego, en Suba. Entre enero y el 8 de marzo se reportaron 306 denuncias por extorsión en la ciudad, 85 más que en el mismo período de 2023. De estas, el 35 % fueron a través de una llamada, la mayoría desde las cárceles; 33 % por medio de redes sociales (aumentó 12 %), y las extorsiones directas representan el 16,9 %. Los retos para erradicar este delito deberán entonces seguir una estrategia que involucre articulación entre las autoridades, el Inpec y un mayor control en los delitos por redes sociales.
Los responsables de las muertes de José Arquímedes, Blanca, Juan Camilo y Miguel Angel están tras las rejas, pero la violencia no ha parado y los asesinatos siguen aumentando en la capital con masacres y otras materializaciones de una violencia urbana que sigue dejando víctimas en Bogotá.
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Por Juan Camilo Parra
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