‘Violan el derecho del alcalde a defenderse’

Desde que el procurador Alejandro Ordóñez anunció la destitución de Gustavo Petro Urrego, el lunes 9 de diciembre de 2013, el alcalde de Bogotá nunca había estado tan preocupado como ahora. Según las cuentas que hacen sus abogados, mañana el Consejo de Estado va a tomar una decisión sobre las tutelas que han llegado a ese tribunal como segunda instancia. El problema, señalan los asesores legales de Petro, es que a pesar de que todas las tutelas en cuestión lo involucran él no ha sido notificado de nada y, por eso, no ha tenido la posibilidad de pedir evidencia o refutar argumentos. La denuncia es directa: “El Consejo de Estado está violando el derecho del alcalde a defenderse”.

Así lo expresa Héctor Carvajal, uno de los abogados que lo representan ante esa corporación. El pasado viernes, Carvajal radicó un documento de 11 páginas en el Consejo de Estado, en el cual advirtió que se estaban cometiendo varias irregularidades que ponían en riesgo el derecho del alcalde de Bogotá al debido proceso. “No hemos tenido acceso a los expedientes, no obstante haber solicitado vista de los mismos”, empezó indicando Carvajal en su escrito. El abogado tampoco entiende por qué el Consejo de Estado ya anunció que todas las tutelas fueron acumuladas y están siendo remitidas al despacho del magistrado Guillermo Vargas “sin que esa decisión judicial haya sido notificada en el proceso”.

Esas son las peticiones de forma. A Petro y sus defensores, sin embargo, les interesa mucho más las peticiones de fondo. Carvajal solicitó que se agregara como evidencia en el expediente la que podría ser la prueba reina para este proceso: el fallo que se emitió el pasado 12 de febrero y que, aunque pasó un poco ‘de agache’, podría ser una pieza fundamental en este rompecabezas jurídico, pues se trata de una jueza de la República afirmando que el decreto 564 –con el cual se cambió el esquema de recolección de basuras en Bogotá en diciembre de 2012– es legal. El decreto había sido demandado por el concejal Orlando Parada, argumentando que era ilegal, irregular, improcedente y contenía una “falsa motivación”. La jueza dijo lo contrario.

La razón por la cual dicha sentencia es tan necesaria para la defensa de Petro es porque son los jueces del contencioso administrativo los llamados a sustentar si este tipo de normas son legales o no. En la sanción de la Procuraduría, este organismo aseguró que la expedición del decreto 564 de 2012 había sido “totalmente contrario al ordenamiento jurídico” y, de paso, había violado “el principio constitucional de libertad de empresa”. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, no obstante, concluyó otra cosa: que en la demanda contra el decreto “se le da un gran peso al principio de libre competencia y lo afirman como un absoluto, inmodificable y no graduable, sin tener en cuenta que se está en el escenario de los servicios públicos domicialirios, en el que se le debe dar mayor peso a otros valores y principios”.

Pero esa no es la única prueba que los defensores de Petro aspiran a que se incluya en el expediente hoy abierto en el Consejo de Estado. Dado que la Procuraduría argumentó en su fallo disciplinario contra el alcalde que, al cambiar el modelo de recolección de basuras como lo había hecho, Petro había originado “un riesgo grave para la salud humana de los habitantes de la ciudad de Bogotá y para el medio ambiente”, la defensa del alcalde le solicitó al alto tribunal que le solicitara a la Secretaría de Salud, al Ministerio de Salud o a cualquier organismo competente los “informes epidemiológicos” de la ciudad entre septiembre de 2012 y marzo de 2013 que certifiquen de qué manera se afectó –o no– la salud de los habitantes de Bogotá por cuenta de las basuras.

Además de pedir que se determine el valor patrimonial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en 2012 y 2013, con el ánimo de probar que no hubo detrimento patrimonial con las decisiones de Petro –como asegura la Procuraduría–, la defensa del alcalde le solicitó al Consejo de Estado que se obtengan los testimonios de Emilio Tapia y Manuel Sánchez, quienes han asegurado tanto en medios como ante la Fiscalía que los operadores privados de aseo sabotearon el programa ‘Basura Cero’ de Petro. Y que se haga lo mismo con los testimonios de Víctor Caro, Cristian Muñoz, Fernando Pineda y Javier Velasco, extrabajadores de los operadores que afirmaron (como lo reveló este diario) que la orden era obstaculizar el plan ‘Basura Cero’ . Las empresas de aseo lo niegan rotundamente.

Tapia y Sánchez, quienes negocian hoy con la Fiscalía beneficios penales a cambio de contar todo lo que conocen del carrusel de la contratación en Bogotá del que fueron parte, hace unos años eran objeto de las acusaciones de un Gustavo Petro senador que denunciaba a viva voz cómo algunos particulares habían saqueado las finanzas del Distrito. Hoy, paradójicamente, podrían ser su tabla de salvación y sus defensores no sólo aspiran a que ellos sean escuchados en el Consejo de Estado: esta mañana su abogado ante el Consejo Superior de la Judicatura –que revisa 353 tutelas interpuestas a favor de Petro– radicará un escrito pidiendo que los testimonios de ambos hombres, así como los de los exempleados de los operadores privados de aseo, sean tenidos en cuenta en el expediente Petro.

El asunto va mas allá. En el documento que se va a radicar hoy en la Judicatura, el abogado de Petro, Iván Acuña, va a señalar que la defensa del alcalde ya le había solicitado a la Procuraduría que escuchara a Sánchez, a Tapia y a los exempleados de los empresas de aseo, pero que este organismo “ni siquiera se pronunció sobre el decreto de las pruebas”. Según Acuña, “ahí se encubrió un delito, se está encubriendo”, porque, asevera, si el Ministerio Público hubiera conocido la versión de que supuestamente hubo una orden de esconder los camiones recolectores de basuras habría tenido que ordenar que se investigara al respecto, dado que los camiones son del Estado. Y no se hizo. Hoy a las 10 a.m. hay programada una rueda de prensa para hacer públicas estas denuncias.

En la otra orilla, la Procuraduría presentó la impugnación de las tutelas en el Consejo de Estado en el periodo que tenía para hacerlo, argumentando que el alcalde de Bogotá sí tenía recursos para tumbar su destitución e inhabilidad por 15 años para cargos públicos. Por eso, sostiene el organismo, las tutelas que se presentaron a su nombre, buscando suspender o dejar sin piso la sanción disciplinaria, no tienen lugar. De acuerdo con la Procuraduría, que Petro tenga la opción de presentar un recurso de “nulidad y restablecimiento del derecho” es suficiente para demostrar que sí se han protegido los derechos a la defensa y al debido proceso del mandatario. Anotó también la Procuraduría que, en este caso, de ninguna manera se podía hablar de violación a un derecho fundamental o de perjuicio irremediable.

Además, el procurador Alejandro Ordóñez estuvo la semana pasada en Washington, hablado –como lo hizo Petro apenas fue destituido– con gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les pidió que no otorgaran las medidas cautelares que solicitó el alcalde desde noviembre pasado, que no había ninguna persecución ideológica o política en su contra, como afirma el mandatario de la capital. Les dijo que conceder esas medidas tendría “dramáticas consecuencias para el ordenamiento jurídico colombiano, porque sería generar no sólo un fuero de inmunidad sino de impunidad respecto a los funcionarios públicos elegidos popularmente”.

Pero luego de que la Registraduría cambiara la fecha para la consulta de la revocatoria del mandato del alcalde, y que tanto Consejo de Estado como Judicatura negaran los impedimentos de los magistrados que abiertamente indicaron sus vínculos con el Ministerio y hasta amistad con el procurador Ordóñez, Petro y sus defensores sienten que en Colombia se les cerraron los caminos. La idea de que la Comisión Interamericana intervenga con un pronunciamiento sigue sobre la mesa, mientras los abogados van haciendo lista de cada uno de esos elementos que le demostrarían al organismo internacional que a Petro le han violado el derecho fundamental al debido proceso desde el inicio. En los escenarios nacionales, prácticamente dan la batalla por perdida.

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