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Los niveles de violencia a los que se ven expuestos los operarios de los buses del Sitp no constituyen una novedad en la ciudad. Lamentablemente, la intolerancia, la inseguridad y la evasión del pasaje por parte de algunos usuarios, han hecho de las agresiones contra quienes trabajan en ese sistema de transporte, algo cotidiano. Ataques a golpes, con armas blancas, piedras o incluso tiros, se encuentran entre las modalidades de violencia a las que tienen que someterse conductoras y conductores de Bogotá.
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En lo que va de diciembre del 2023, en redes sociales ya se han viralizado videos que dan cuenta de estos hechos. Uno de los casos más recientes es el de un conductor que fue agredido por una usuaria quien, además de golpearlo, intentó manejar el bus y llevárselo por su cuenta, esto después de que el hombre le reclamara a la mujer por no pagar.
Días después, 12 de diciembre, una conductora fue víctima de un brutal ataque con golpes por parte de otra mujer. Esto después de que la usuaria se golpeara la nariz a raíz de una frenada de emergencia. La golpiza fue tan violenta, que la intervención de los demás pasajeros fue necesaria para evitar que la situación escalara. Finalmente, la pasajera se bajó del bus y siguió su camino tranquilamente.
En este panorama confluyen personas violentas, que evaden el pago del pasaje; ladrones, que han aumentado la percepción de inseguridad dentro del sistema; y la intolerancia de conductores y pasajeros que terminan en hechos violentos, como agresiones y daños a la infraestructura. Cabe aclarar que varias riñas y hechos violentos reportados en buses del Sitp también han sido provocados por conductores.
La situación ha puesto el debate una vez más sobre la mesa, ¿qué hacer para garantizar la seguridad de los transportadores y del mismo sistema?
El lío de las cifras
Las cifras dan cuenta de la complejidad del tema. De acuerdo con Transmilenio, entre el 1° de enero y el 30 de noviembre se registraron 430 casos de agresiones físicas a operadores del componente zonal. Es decir, en promedio uno o dos casos diarios de operadores agredidos en eventos de hurto o por situaciones de intolerancia. La cifra, sin embargo, es muy lejana si se compara con la del sindicato de conductores de SITP y Transmilenio.
Para Wilson Hoyos, presidente de la Unión General de Trabajadores del Transporte en Colombia (UGETRANS), y representante de cerca de 17.000 conductores que actualmente integran el componente zonal y troncal de TransMilenio, “esa cifra de ninguna manera corresponde con la situación que nosotros atestiguamos a diario. Solamente a mí, como representante de los conductores, me llegan, en promedio, 50 reportes diarios ya sean de hurtos, agresiones, temas de intolerancia o situaciones relacionadas con el tráfico. Es decir, al año fácilmente pueden ser más de 1.500 agresiones reportadas”, menciona el líder sindical.
Entonces, ¿de dónde nace la brecha entre las cifras presentadas por Transmilenio y el registro que tienen los trabajadores?
“Hace mucho tiempo tenemos una problemática con varias de las empresas operadoras, que actualmente, con las últimas adhesiones, en promedio son 18. Resulta que muchas de estas empresas no reportan las agresiones a Transmilenio para que el vehículo implicado no sea inhabilitado mientras se investiga la situación y continúen recibiendo el pago por el recorrido”, denuncia Hoyos.
Así las cosas, el subregistro es una de las problemáticas que exigen una prona solución en favor de un diagnóstico efectivo de la situación y un mapeo de las zonas con mayores índices de casos y las rutas más complejas en materia de seguridad para los más de 17.000 conductores que hoy integran el sistema de transporte de Bogotá.
Por su parte, al solicitarle información específica sobre las cifras de agresiones a conductores del SITP a Transmilenio, la empresa de transporte no dio respuesta.
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A qué se debe la ola de violencia
Entre los casos de agresiones contra conductores se encuentra el de Nelson Enrique Gonzales, quien fue agredido por ciudadanos mientras cubría la ruta H610, Ciudad Bolívar, durante abril. Ese día, según relata Gonzales, mientras se movilizaba por una de las calles del barrio Paraíso, una mujer con un menor en sus brazos se cruzó la calle de manera abrupta, casi generando un accidente.
Momentos después, varias personas empezaron a lanzar objetos contra el vehículo, rompiendo varios de sus vidrios. Posteriormente, los agresores forzaron las puertas del bus y agredieron al conductor, quien fue trasladado a un hospital con heridas superficiales. Por casos como estos, los operadores piden mayor acción de las autoridades para su protección y la de los buses.
Para Ricardo Montezuma, director de la fundación Ciudad Urbana, la problemática podría entenderse desde dos frentes, por un lado, están las agresiones por inconformidad ciudadana por la prestación del servicio, y por otro, las protestas que tienen origen político.
“A partir del 2012 se empezaron a registrar vías de hecho pensadas específicamente para afectar a Transmilenio. Esto llegó a su punto máximo en el periodo transcurrido entre el 2019 y el 2020, en medio de las revueltas que sufrió la ciudad, donde la agresión fue total”, explica Montezuma.
En los sistemas de buses quien pone la cara en representación de una empresa es el conductor, y en ese sentido, ante la inconformidad en términos de frecuencia, cobertura y accesibilidad, la figura más cercana que puede ser presa de agresiones, resulta ser el operario.
Esta situación, que no es un fenómeno local y se repite en varias ciudades del mundo, en Colombia resulta ser particularmente violento. En muchos casos exacerbado por la intolerancia y la incapacidad de diálogo.
Montezuma también explica que “en los últimos 10 o 12 años, el sistema de transporte bogotano ha sufrido un ataque sistemático con intencionalidad política. Hay una estructura organizada, no necesariamente por líderes constituídos, en contra de Transmilenio y del Sitp debido a que, entre otros factores, el sistema de transporte representa un espacio de autoridad en donde grupos de usuarios con orígenes politizados han encubado la idea de que violentar buses, estaciones e incluso trabajadores, es una forma de manifestación legítima”.
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¿Cuál es la solución?
El tema de los colados es uno de los puntos clave de la discusión. Según Hoyos, de la Unión General de Trabajadores del Transporte en Colombia (UGETRANS), TransMilenio y las empresas operadoras exigen a conductoras y conductores intervenir cuando una persona ingrese ilícitamente al sistema, hecho que ha derivado en agresiones.
Su posición es firme: “no vamos a exponer nuestra integridad ni nuestra vida por darle gusto a una empresa”. Para el sindicato, el tema de los colados debe ser solucionado por Transmilenio, en apoyo con las autoridades, no por los trabajadores.
Frente a los colados, este año la empresa ha tomado cartas en el asunto. Por ejemplo, en julio de 2023, el sistema aumentó su capacidad de respuesta, con más de 1.400 policías disponibles y cerca de 1.600 gestores de convivencia. Medida que generó la imposición de más de 82.800 comparendos a usuarios por diversas infracciones.
En cuanto a las agresiones sexuales, los índices de hurto y los ataques a los conductores, en agosto de 2023, la Policía Metropolitana de Bogotá lanzó el plan ‘Policía a bordo’, cuyo objetivo principal es que policías vestidos de civil se hagan pasar como usuarios del SITP para reducir los índices de criminalidad
En contraposición, el líder sindical William Hoyos asegura que los conductores agredidos que le han reportado casos “nunca han visto un policía de civil enfrentando un hecho de inseguridad. Los anunciaron, se subieron un par de días a los buses y luego no se volvieron a ver. Esa campaña bien implementada, podría ayudar a mitigar la criminalidad ampliamente”.
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Para Ricardo Montezuma, también experto en movilidad y urbanismo, una gran parte del problema radica en la financiación: sin una adecuada financiación no hay campaña que valga. “La ciudad ha avanzado en términos de mejoras de buses y servicio, pero necesita recursos para hacer más atractivo el transporte y mejorar la calidad en términos de cobertura, seguridad e infraestructura”.
Y afirma que con esto, se lograría un “sentido de pertenencia que disminuiría notablemente los problemas de violencia y desarraigo con el sistema, puntos clave de las reacciones y protestas violentas. El recaudo que el Distrito podría obtener de estacionamiento, cobros por circulación, sobrecostos al transporte privado, impuestos por contaminación, etcétera, podría ir para el transporte público”, agregó.
Teniendo en cuenta la cantidad de incidentes violentos y de intolerancia protagonizado por trabajadores del SITP, se hace necesario tomar medidas relacionadas con el ingreso de nuevos trabajadores así como fortalecer las capacitaciones en servicio al público.
Por otro lado, Hoyos insiste en que, “hemos citado a Transmilenio y a los concesionarios a debates de control en el Concejo y no acuden. También hemos tenido mesas de concertación con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Trabajo en las que no hemos logrado acuerdos relevantes”.
Así las cosas, el gremio espera que con la administración entrante puedan llegar a acuerdos trascendentales que no lograron con la alcaldía López. Varios expertos en movilidad coinciden en la dificultad que supone enfrentar la evasión del pago y los índices de inseguridad e intolerancia. Aun así, esto requiere acciones conjuntas de cultura ciudadana, control policial e inversión.
Y es que la situación llegó a tal punto que los líderes sindicales aseguran que si, entrada la nueva administración no hay una solución efectiva o por lo menos un plan de mitigación, podrían recurrir a las vías de hecho: “al parecer es la única forma en que las cosas funcionan en este país”, señala Hoyos.
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