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Los hechos de violencias de género en colegios de Bogotá parecen no tener fin. Las dificultades a la hora de acceder a una atención oportuna, tampoco. Así lo denuncia la madre de una niña de cinco años que habría sido violentada por parte de uno de sus compañeros -de siete años- en un salón de una institución distrital de Bosa. La alarmante denuncia y lo aberrante del asunto provocó que estudiantes y padres de familia realizaran jornadas de protesta a las afueras del plantel y exijan ahora la renuncia de una directiva de la institución.
Tatiana supo que su hija había sido víctima de abuso, como en muchos otros casos registrados en la ciudad, por el comportamiento de la niña. “Venía siendo víctima de bullying y no le creí cuando me dijo que tenía sangre en su ropa porque se cayó. La llevé al médico y ahí supimos”, señaló a este diario la madre. Agregó que el colegio tardó en activar el protocolo y la Fiscalía le recomendó ir con un abogado y dilató el recibimiento de la denuncia.
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El caso dejó, si embargo, varias dudas a la hora de abordarlo y juzgarlo como sociedad y penalmente. Según lo denunciado por la madre, su niña sufrió el abuso cuando se encontraba a solas con el niño de siete años en un salón de clase. Al parecer, estaban allí porque la maestra a cargo los dejó adentro para actuar en respuesta del bullying que sufría la niña. Pero en lugar de atender o castigar el matoneo, en este contexto el niño habría violentado las partes íntimas de su compañera. Aunque todo esto ocurrió la semana del 18 de marzo, hasta el día de hoy la niña tuvo su primera atención psicosocial por parte de expertos, como parte de la ruta de atención a víctimas.
La exposición del caso terminó en que las protestas se intensificaran a las afueras del colegio el 1 de abril. Algunos concejales criticaron la intervención de la Unidad de Mantenimiento y el Orden -UNDMO-, por esparcir a las personas el día de la manifestación. “Es lamentable que la respuesta a la indignación sea la represión frente a un caso tan grave”, indicó Heidy Sánchez (Pacto Histórico). Sobre este asunto, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la intervención de una tanqueta se dio cuando la rectora necesitaba salir por un percance de salud y “encapuchados que habían estado agrediendo al colegio no la dejaban”.
¿Quién responde?
De acuerdo con Silvana Bacares, abogada feminista especialista en DD. HH. y DIH explica que el menor involucrado es inimputable a pesar de que pudo incurrir en un delito. En primera instancia entrarán a responder tanto la maestra señalada de dejar a los niños solos en el salón, como los padres del menor.
“El colegio es el que tenía en custodia a los niños cuando ocurrieron las agresiones, por ende la Fiscalía debe investigar a la profesora a cargo. De otro lado, empieza es un proceso de verificación de derechos del menor (presunto agresor), con el ICBF, y los papas pueden responder penalmente por guarda y custodia del menor, al igual que la profesora. Debe haber también un enfoque de género presente en este proceso, como lo ordena la Corte Constitucional, con el fin de que se evidencie que la víctima fue una niña, que el tipo de agresión vulneró su identidad como mujer”, señaló la abogada.
Mario Manuel León, investigador en temas de derechos humanos de la Universidad Ecci, amplía el contexto indicando que según la OMS (Organización Mundial de la Salud), los casos de abuso sexual infantil deben abordarse desde una perspectiva multidisciplinaria que involucre aspectos médicos, legales, y sociales, evitando la revictimización. “Al victimario también se le debe prestar acompañamiento psicosocial, no solo culpabilizar. En estos casos en los que un menor abusa de otro, se suele evidenciar que también son víctimas de algún abuso, su actuar es una forma de extrapolar eso que sucede en sus entornos familiares. El hecho de que ambos sean menores y haya sucedido en un entorno que debe ser seguro, prende las alarmas”, señaló el investigador.
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Tatiana, la madre de la niña, manifestó que la actuación “retardada” de la institución y, en particular, de las directivas del colegio, son en parte una muestra de que, “estamos normalizando estas violencias. Como ya hay tantos casos, no les prestan la atención que realmente requieren. Es importante denunciar y que haya acciones contundentes. Nosotros y otros padres de familia queremos acciones contra la directora, quien ha disminuido estos hechos, sabiendo que hay más denuncias, entendemos que llegan a la decena, aparte de lo que pasó con mi hija”, indicó a El Espectador.
Luego de los desmanes en el colegio, surgieron dos anuncios: uno de parte de la Secretaría de Educación, y otro de la Fiscalía. El ente distrital señaló que había actuado bajo las líneas de la ruta de atención, ante lo cual la madre insiste en que, “es mentira”, pero reconoce que este 2 de abril el colegio abrió un espacio para escuchar las denuncias que dicen, ha ignorado el colegio.
“Tras superar algunos inconvenientes en la metodología del diálogo, y para permitir que se atendieran las situaciones que la comunidad educativa expresó en el plantón, durante la jornada se abrieron dos espacios de diálogo: Uno específico de escucha a la madre de la niña recientemente atendida por el ICBF, para hablar solo de lo relacionado con el caso de su hija, y otro más amplio con otras familias y miembros de la comunidad educativa para abordar otras situaciones que les preocupan”, comunicó la Secretaría de Educación.
La Fiscalía anunció que abrió una investigación. “Se activó de oficio la Ruta de Acción Integral para investigar la posible ocurrencia de los hechos en tiempo, modo y lugar, para lo cual se designó a un equipo especializado de la Unidad de Delitos Sexuales. Asimismo, se adelanta una indagación para establecer la posible responsabilidad de alguno de los adultos que estaban en posición de garantes de los menores en ese momento”.
¿Qué ha hecho el Distrito?
Este martes el Distrito abrió la Mesa de Diálogo y espera restaurar las clases mientras avanzan las investigaciones. Se sostuvo una reunión con representantes de las familias del colegio, el equipo directivo de la Secretaría de Educación, y representes de la Personería de Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, la Secretaría de Gobierno, la Policía de Infancia y Adolescencia, y la Defensoría del Pueblo
La Secretaría de Educación se comprometió a tres cosas: “(1) Realizar el martes 2 de abril una jornada especial de atención interinstitucional para la recepción de denuncias y seguimiento a casos, teniendo en cuenta que otras familias de la comunidad educativa señalan hechos victimizantes anteriormente ocurridos. (2) Formular un plan de acción para el necesario mejoramiento de la convivencia escolar en un colegio de alrededor de 6.000 estudiantes, en la que padres y madres de familia asumirán un rol de corresponsabilidad relevante. (3) Seguimiento semanal a situaciones institucionales y administrativas para evitar las retaliaciones y hacer seguimiento al plan de acción pactado para el colegio”, informó la cartera.
También se acordó que el martes 2 de abril se realizará un PMU a las 5:00 p.m. con las entidades garantes y se estableció que a las 6:00 p.m. realizaran una mesa de diálogo de cierre para que la I.E.D retorne a la normalidad académica a partir del miércoles 3 de abril.
¿Por qué siguen presentándose casos?
Todos los expertos y allegados de víctimas concuerdan en que los retos son sociales. “Los instrumentos jurídicos están y se aplican, pero esto hace que se disminuyan los casos. Hay que reevaluar socialmente lo que sucede en los hogares y colegios”, señala Bacares.
El informe Violencias basadas en género y sexuales en instituciones educativas de Bogotá, detalló que entre 2014 y 2023 se reportaron en los colegios de Bogotá 97.374 casos de violencia en general. De estos, 1.746 fueron presuntos casos de violencias basadas en género. El tipo de violencia que más se repitió fue la psicológica (43,41 %), seguida de la sexual (27,26 %), y la física (26,29 %). En los últimos cuatro años los casos vienen en aumento. De hecho, por falta de datos en el pasado, se destaca que más de la mitad de estos reportes se realizaron entre 2022 y 2023.
En total, 96 casos se reportaron en 2021; 421, en 2022, y 463, en 2023. Aunque el abrupto aumento en 2022 lo explican como el resultado del fortalecimiento del sistema de denuncias del Distrito, la situación preocupa, pues deja ver la magnitud del fenómeno oculto en las instituciones.
En cuanto al agresor, en seis de cada 10 denuncias se señala a los compañeros de clase como responsables en este tipo de conductas. Al discriminar por tipos de violencia, estos son responsables del 64,76 % de los casos de violencias psicológicas; 60,08 %, de violencia sexual, y 51,2 % de violencia física. En cuentas generales, los hombres, en este caso menores de edad, siguen siendo causantes de la mayoría de las agresiones sexuales.
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Por Juan Camilo Parra
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