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Caminar por las calles de Bogotá es, por decir lo menos, extenuante. El ruido de las megaobras de movilidad, los pitos de conductores desesperados, la polución que deja una densa capa de humo o el olor de la basura regada convierten un día cotidiano en un cóctel de estrés y cansancio.
A este tipo de contaminación se suma la visual que, aunque puede pasar desapercibida, igual impacta la salud. Pese a que existen normas para regularla, en época electoral la situación se agudiza y algunos partidos políticos tienden a hacer caso omiso. Esta es la radiografía del problema.
Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar este 8 de marzo, y de ellos el 15 % vive en Bogotá (más de 6 millones). Este es un dato relevante cuando de propaganda política se trata. De ahí que la capital se haya vuelto un caótico collage de rostros, eslóganes y logotipos de candidatos que aspiran a representar a Bogotá, pero también de candidatos al Senado, que vienen a “pescar” votos.
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Si bien para los miles de candidatos pegar afiches es solo publicidad, para el ciudadano es una invasión, que termina por alterar la estética de la ciudad, como lo afirma Nancy Rodríguez: “Tapan toda una pared y se ve mal. Esos afiches los terminan rayando, porque a otro no le gusta. También lo hacen en postes de luz. Deberían repartir volantes”, dice. Por su parte, la universitaria Ana Sofía Chitiva plantea una pregunta acertada: “La cantidad de pósters es exagerada. La campaña se puede hacer de manera diferente, como reunirse con la gente en vez de usar fachada. Porque, ¿luego quién los quita? ¡Nadie!”.
En la décima con calle 22, un grupo de turistas mexicanos aparece. Uno de ellos también ve con ojos de suciedad no uno, sino más de 5 afiches de un candidato pegados uno tras otro en una pared. “Lo político no debería ocupar tanto espacio. En Ciudad de México también es usual y es molesto”, dice Erik Elian.
Los partidos más infractores
Visitar el corredor nororiental de la ciudad no fue casualidad. En entrevista con El Espectador, la directora de la Defensoría del Espacio Público, Lucía Bastidas, detalló que las tres localidades del centro (La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe), además de Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Bosa y Kennedy, son las ocho zonas donde más empapelamiento político irregular han identificado.
“Aquí nadie tiene vía libre para afectar el mobiliario público, sobre todo puentes vehiculares, peatonales y postes. Eso es contaminación visual y está normado en el Código de Policía y Convivencia, donde dicta que no puede hacerse de esa manera”, explicó Bastidas.
En lo corrido de este año, gracias a denuncias ciudadanas y recorridos del equipo de la entidad, han identificado hasta ahora diez partidos que habrían infringido la norma. En este top diez, lo lidera el Pacto Histórico con propaganda de cinco candidatos; Alianza Verde, 4 candidatos; Centro Democrático, 2 candidatos; Partido Liberal, 2 candidatos; Ciudadanos Renovemos, 2 candidatos; Nuevo Liberalismo, 1; Partido Conservador, 1; Todos Ganamos, 1; Movimiento Libres, 1; y Fuerza Ciudadana.
Según Bastidas, si bien no tienen facultades sancionativas, sí cuentan con competencia a nivel pedagógico. “Publicamos en la red social X trinos invitándolos a limpiar, aunque por supuesto lo hacemos nosotros, lo cual al final representa un costo para la ciudad”.
En consecuencia, quienes adelantan el proceso sancionatorio son las inspecciones de Policía, de la mano de la Secretaría de Ambiente, entidad que recibe la información del DADEP con evidencia fotográfica, fílmica y georreferenciada.
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De acuerdo con datos entregados a este diario, al momento, la Secretaría de Ambiente no ha impuesto ninguna sanción, pero sí ha iniciado 21 investigaciones contra nueve partidos políticos por presunto incumplimiento de la norma ambiental.
El partido Colombia Renaciente lidera estas indagaciones (con cinco durante 2025), seguido de Alianza Verde (con cuatro: tres en 2025 y una en 2026). Por su parte, los partidos Cambio Radical y Polo Democrático cuentan con tres investigaciones cada uno, todas correspondientes a 2025.
Aunque las cifras no están discriminadas por colectividad, la Secretaría de Gobierno también informó a El Espectador que, entre 2025 y el 13 de febrero de 2026, se han impuesto 24 comparendos en total (23 en 2025 y uno en 2026) por infringir el numeral 12 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana: “Fijar en espacio público propaganda, avisos o pasacalles, pancartas, pendones, vallas o banderolas, sin el debido permiso o incumpliendo las condiciones establecidas en la normatividad vigente”.
Al término de esta edición, de los partidos consultados sobre esta práctica, solo respondió Alianza Verde. Explica que cuando se identifican escenarios fuera de la norma, “notificamos de inmediato al candidato mediante comunicación formal y realizamos pedagogía”. A su vez, el partido Colombia Renaciente entregó una circular interna donde fijan los lineamientos a candidatos y equipos de campaña para la difusión de propaganda electoral.
El costo del caos
La contaminación visual tiene que ver con todo aquello que cambia de manera negativa o perturba el espacio público. Pero más allá de una afectación estética, el impacto es a nivel de salud. Un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina, 2007) dice que la contaminación visual puede afectar la calidad de vida, dependiendo de la vulnerabilidad de cada persona, pues la “sobreestimulación produce estrés por sobrecarga informativa y fatiga cognoscitiva”.
Otros autores, como Rozadas (2006), van más allá y señalan como consecuencia dolores de cabeza, distracción, estrés, trastornos en la atención, disminución en la eficiencia laboral, mal humor, agresividad, entre otros síntomas.
De ahí que para Eduardo Chica, profesor titular de la Escuela de Arquitectura y Hábitat de Utadeo, si bien la normativa es clara, es necesario expedir una política integral que incluya “delimitaciones específicas y responsabilidad directa de quien exhibe la publicidad, retirándola a tiempo” con el fin de “prever una convivencia sana entre quienes generan las acciones, los consumidores y el buen uso de los espacios públicos, que al final son de todos”.
¿Quién quita la publicidad?
En Bogotá, la Resolución 1372 de 2025 —expedida para estas elecciones— autoriza la instalación de un aviso por fachada en cada sede de campaña, así como en paraderos o publicidad en vehículos automotores, excepto en aquellos de servicio público, oficiales o de emergencia. La vigencia es de solo tres meses antes de la elección y hasta el día de la votación.
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En cuanto a las prohibiciones, no se permiten avisos elaborados con pintura o instalados en entidades públicas; en lugares que interfieran con la señalización vial, o en propiedades privadas sin el consentimiento del dueño. Tampoco se permite propaganda en puentes peatonales o vehiculares, sobre luminarias de parques y demás zonas de espacio público e inmobiliario urbano.
Para el caso de los pendones, se requiere un registro previo ante la Alcaldía Local y una certificación técnica de la Secretaría de Ambiente.
De acuerdo con la Resolución, los elementos publicitarios deben ser retirados dentro de los 10 días calendario siguientes a la finalización de las contiendas electorales por los partidos o movimientos de los candidatos.
Bogotá ya carga con la asfixia de sus obras y trancones. Aunque una de las banderas de los próximos aspirantes al legislativo o presidencia sea el bienestar de los ciudadanos, su carta de presentación no debería terminar invadiendo puentes, postes o fachadas. La efectividad de las entidades distritales también se medirá con la vigilancia que hagan al retiro de la publicidad. Una problemática que, en aras de la salud y el espacio común, debería mejorar los controles y las sanciones, para que no se repita cada cuatro años.
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Por María Angélica García Puerto
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