Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Inteligencia Artificial (IA), puede describirse, de manera abreviada, como las diferentes formas en que científicos e ingenieros han logrado que los computadores hagan cosas que se consideraban reservadas para los humanos, tal como escribir ensayos o traducir textos complejos. Son herramientas que están experimentando una explosión. En el campo de la IA generativa, programas como ChatGPT o Gemini cuentan sistemas y algoritmos que pueden “aprender y resolver problemas” de la misma forma en la que lo haría una persona. Incluso, ya está venciendo a personas en varios deportes, entre ellos el tenis de mesa.
El asombro y preocupación que están generando estas tecnologías no son ajenas al gobierno colombiano que, en este momento, ajusta los últimos detalles de una política pública para abordar la IA en los próximos seis años (2024-2030).
Al revisar las 85 páginas que componen este documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), hay una pregunta latente que el Gobierno, para algunos expertos y organizaciones a medias, intenta resolver: cómo utilizar tecnología para el desarrollo social y económico del país, sin que esta incremente las desigualdades sociales y que, en últimas, no se vuelva en contra de los colombianos. O, como lo resume el Gobierno, cómo “aprovechar sus beneficios y abordar sus riesgos”.
Un Conpes, como explica Juan David Gutiérrez, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes e investigador de la IA en la región, » es una política pública en la que se priorizan acciones para lograr ciertos objetivos. En el caso de la IA, que ya está teniendo impactos positivos y negativos, el Estado está viendo como puede ser un catalizador y un promotor de un ambiente que sea propicio para su desarrollo, pero también para impedir, en cierto grado, los daños que puede causar a los ciudadanos y las empresas”.
A grandes rasgos, el gobierno propone mejorar la toma de decisiones —a través de nuevas instancias y comités—, optimizar las plataformas tecnológicas para el uso de estas herramientas, aumentar la calidad de datos y su representatividad, desarrollar el talento humano en el país y, frente a los daños causados por la IA, mejores las instancias de monitoreo.
“Lo que se busca es generar las capacidades para la investigación, desarrollo, adopción y aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de IA con el fin de impulsar la transformación social y económica de Colombia”, se lee en el documento.
Algunas de las propuestas son la creación de un comité de expertos que fungirá como órgano para asesorar al Gobierno nacional, el desarrollo del plan nacional de Datacenter y ecosistema computacional de IA y Big Data, el fomento de mecanismos para brindar financiación a través de subvenciones, préstamos blandos y mecanismos innovadores para proyectos de investigación en IA, entre otros.
En Colombia, en años y administraciones anteriores, se han desarrollado otras políticas públicas para abordar el tema de la IA en Colombia. Un ejemplo de esto es el Conpes 3975 del 2019, denominado con la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, así cómo el marco ético de IA desarrollado para entidades públicas por el gobierno Duque. Y a principios de 2024, como contamos en este diario, se lanzó la hoja de ruta que guiará el desarrollo y regulación de la Inteligencia Artificial por parte del Ministerio de Ciencias.
“Aun así, a pesar de tener una buena regulación y desarrollo de políticas públicas, en Colombia los gobiernos siempre se han quedado cortos en su implementación, así cómo en la rendición de cuentas de estas acciones que, hasta el momento, no se han hecho”, argumenta Gutiérrez, que indica que unas de las críticas desde la sociedad civil es la falta de indicadores de gestión en programas del gobierno como Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID).
Lo cierto es que el nuevo Conpes concluye que las estrategias que se tienen hasta ahora han sido “insuficientes” en términos de promover la investigación y el desarrollo de estas herramientas, además de la implementación y transparencia en el sector público, entre otros ámbitos. Todo ocurre, ante un panorama, al menos preocupante, como la presente brecha digital que dificulta el acceso a internet (indispensable para acceder a estas herramientas).
Otra preocupación es su impacto en el mercado laboral, con el potencial desplazamiento de la mano de obra y la posible inestabilidad para trabajadores por la adopción de sistemas de Inteligencia Artificial. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “en países emergentes y de bajos ingresos como Colombia, se encontró que aproximadamente el 40 % de los puestos de trabajo están expuestos a la automatización”.
Por ese motivo es que, según el Gobierno Nacional, existe la necesidad de una nueva apuesta que busca que el país no se quede atrás en la implementación y desarrollo de estas tecnologías. “Se trata de estudiar y aprehender a fondo la tecnología de vanguardia del mundo de hoy: la inteligencia artificial. Que no es más que el intelecto general de la humanidad puesta en las máquinas para producir. El problema no está en hacer las máquinas, sino en ser parte del intelecto general de la humanidad. Haremos ambas cosas”, resumió hace poco el presidente Gustavo Petro, en un discurso reciente.
Pero, la gran pregunta sigue siendo cómo.
Colombia, ¿potencia en la IA?
Uno de los puntos que más llama la atención de la apuesta del Gobierno es la intención de mejorar la implementación y desarrollo de estas tecnologías, en un sector cada vez más competitivo. Solo en el entrenamiento de una de las herramientas más populares, GPT-4 de OpenAI, se estima que se invirtió 78 millones de dólares para entrenarlo, mientras que el Gemini Ultra de Google costó 191 millones de dólares.
En contraste, de acuerdo con el Índice Latinoamericano de IA (ILIA) de la CELAC y la Organización de Estados Americanos (OEA), en el país, si bien Colombia tiene una fuerte reglamentación en torno a estas tecnologías, no ha avanzado en crear un ambiente propicio para la investigación y desarrollo (I+D). ¿Cómo espera el país competir?
“Los principales desafíos tienen que ver con la necesidad de fortalecer la inversión en I+D, la formación profesional especializada, especialmente doctores en IA y sus áreas afines , cuya proporción es baja en relación con el tamaño de la población, al compararla con los otros países de América Latina. También son bajos los niveles relativos de la contribución de colombianos a las plataformas de código abierto, que son comunidades internacionales de personas que colaboran y comparten de manera abierta en beneficio de un avance”, indica Germán Peña, investigador del Centro de Investigación y Formación en Inteligencia Artificial (CinfonIA) y uno de los desarrolladores del ILIA.
Para enfrentar esto, el gobierno propone ofrecer una serie de estímulos fiscales para las empresas que desarrollen estas herramientas, mejorar la defensa de la propiedad intelectual, incentivar el uso de IA en investigaciones científicas y financiar proyectos a través de convocatorias.
“Si bien es muy difícil competir con empresas de otros países, sobre todo de Estados Unidos o como China, existe mercado local y latinoamericano, en el que el sector privado colombiano puede ofrecer productos entendiendo las necesidades propias. En ese aspecto es interesante a lo que se pueda aspirar”, explica Gutiérrez, de la Universidad de Los Andes.
Otro de los aspectos a los que le apuesta el Gobierno Nacional es incrementar y mejorar el uso en el sector público de estas tecnologías. Para esto se creará un comité de expertos en esta materia (cuya convocatoria ya fue realizada por el Ministerio de Ciencias), y, además, se creará una guía para su implementación ética y responsable.
Para la ONG Escuela de Privacidad, hay otro punto clave: un nivel mínimo de cumplimiento normativo en materia de protección de datos y seguridad digital. “En la elaboración del presente borrador de política pública, no se ha considerado adecuadamente el bajo nivel de cumplimiento normativo que han tenido históricamente las entidades públicas. Por eso es necesario que se establezca un mínimo de cumplimiento de requisitos de protección de datos para garantizar estos derechos”, expresó la organización.
De hecho, en el uso de esta tecnología, el sector público colombiano sobresale en el contexto regional. “En lo que hemos podido encontrar es que, para 2023, Colombia contaba con más de 300 herramientas en el sector público, cuando en otros países como Chile solo tiene 100. En el país estas están concentradas en los sectores de Ambiente, Justicia y Educación”, explica Gutiérrez, de la U. de Los Andes, que ha investigado para la CELAC esta situación.
Entre las otras apuestas del Gobierno Nacional, priorizar conexiones a internet en zonas apartadas, fortalecer la infraestructura de datos y su calidad, así como realizar programas de UpSkilling en el sector productivo y mejorar la protección de la propiedad intelectual en el país. El objetivo es que cada vez más las herramientas de IA se conviertan en un activo del sector privado y público.
Por su parte, para las Fundaciones Karisma y Corona, uno de los “temas ausentes en el documento es el impacto de la IA sobre la democracia. Es relevante incluir en el documento un diagnóstico sobre IA y democracia, junto con acciones específicas que permitan generar acciones en el corto, mediano y largo plazo frente a este tema”.
Evitar que aumente la brecha
Uno de los principales temores que ha generado el desarrollo de las herramientas de IA es que esta aumente las desigualdades sociales ya existentes. Como explicaba hace unas semanas, Óscar Sánchez Jaramillo, entonces viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, a pesar de las bondades que ofrece la tecnología, aún no se sabe el impacto que tendrá en los métodos de enseñanza o en las brechas educativas.
“Hay que educarnos para pensar en cómo lidiamos con las máquinas, en términos educativos, pues sabemos que la única forma es aceptarlo y evitar que sean un factor que incremente la brecha digital”, explica Sánchez. “Tenemos que evitar, por ejemplo, que en el futuro los niños ricos tengan maestros con todas las herramientas tecnológicas, mientras que los pobres solo tengan robots para su enseñanza”.
Para Camilo Rocha, decano de la facultad de Ingeniería y Ciencia de la Universidad Javeriana, el acceso a estas herramientas ya está generando desigualdades en el ámbito educativo y en las representaciones que utilizan estos modelos.
“Está demostrado que estos motores tienen sesgos que pueden priorizar a cierto tipo de poblaciones. Un estudio encontró hace poco que una herramienta de IA que estudiaba casos para otorgar libertades condicionales a personas encarceladas en Estados Unidos, discriminaba a las personas negras, dándoles una menor oportunidad. Por eso, la política pública debe pensar en evitar esas asimetrías”, indica Rocha.
Para enfrentar esto, la Fundación Karisma, asegura que es necesario mejorar la participación ciudadana en las normativas, pues a la fecha estas no han sido consideradas en el país. Para esto, el Gobierno tiene pensado mejorar programas como ‘Computadores para aprender’ para mejorar las habilidades de los estudiantes en colegios públicos, así como mejorar la representatividad de la población en los datos que serán insumos de estas tecnologías.
“Además del tema de la brecha, se tiene que crear una cultura digital que convierte en expertos quienes usen la IA de manera crítica y no aquellos que saben utilizarla sin ningún componente agregado. Ese tema no está muy explícito en el Conpes, pero puede ser una manera de evitar esas brechas en el uso de esta tecnología”, precisa Rocha, de la Universidad Javeriana, que agrega que la política pública no aborda el dilema ambiental que implica el uso de estas tecnologías.
👩🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬
Por Fernán Fortich
Conoce más